Indiciados por fraude al ICBF Atlántico gozarán de detención domiciliaria

Detención preventiva con beneficio de reclusión domiciliaria solicitó esta tarde el fiscal 29 de delitos contra la administración pública, Guido Riveros Mouthon, contra los 10 detenidos por las irregularidades encontradas por la Fiscalía General de la Nación en el ICBF. Los hechos dieron lugar a varias órdenes de captura el pasado lunes en Barranquilla (Atlántico).

A las 10 a. m. de este jueves, el juez 13 penal municipal, Carlos Vásquez Velásquez, dio inicio a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. El primer acto fue preguntarles a los involucrados si aceptaban los cargos. Los 10 implicados, entre quienes está la exdirectora del ICBF seccional Atlántico, Yolanda Ruiz Pinzón, negaron ser culpables.

Los otros nueve implicados son funcionarios encargados devigilancia, control, supervisión, interventores y los contratistas yproveedores.

Todos se declararon inocentes de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público.

El fiscal, al solicitar la detención preventiva en lugar de residencia, hizo un recuento de los hechos, que fueron calificados como dolosos. Afirmó que los contratistas incumplieron las contraprestaciones a las que se comprometieron cuando presentaron su oferta de servicios. Al parecer, esas falsas promesas les permitieron elevar la calificación y ser escogidos.

A la licitación en la que fueron seleccionados estos operadores se presentaron 51 proponentes. La elegida fue la Unión Temporal Unidos por la Niñez, compuesta por la Fundación Una amiga por la niñez y Fundación Esperanza por la Niñez. Según el fiscal, estos establecimientos no reunían los requisitos, pero como propusieron la más alta contraprestación, el 60 % del valor del contrato, resultaron ganadores.

El fiscal Riveros le reprochó a la exdirectora su falta de precaución y previsión, al contratar con esta unión temporal, pues la propuesta que hizo –según dijo- era imposible de cumplir. Lo era porque no tenían la capacidad para brindar la atención a la que se habían comprometido con 1.180 niños de entrre cero y cinco años en estado de vulnerabilidad.

Entre otras cosas, afirmó que era previsible que no cumplieran porque las fundaciones fueron creadas para esa licitación específica.

A la exdirectora del ICBF Atlántico y demás funcionarios implicados el fiscal les cuestionó su falta de diligencia para verificar el cumplimiento del contrato y, lo que es peor, no percatarse de excesos de los contratisas. Uno de ellos,l destinar recursosprovenientes del ICBF a la compra de útiles e implementos escolares no incluidos en la licitación.

A los proveedores y contratistas les hizo una sindicación de calibre mayor: haber inflado los precios. Tampoco sale muy bien librado un policía activo mencionado en la audiencia que, estando al servicio de la institución, creó dos cooperativas para proveer a los contratistas de algunos bienes.

A pesar de que el fiscal dijo que existía suficiente evidencia para solicitar detención intramural, los imputados sólo cumplían dos de las ocho circuntancias frente a las que el artículo 310 del Código Penal juzga conveniente el envío a un reclusorio. La posibilidad de seguir ejecutando los delitos y su gravedad no fueron suficientes para que el representante del ente investigador solicitara ese tipo de restricción tan severo de la libertad.

El juez aceptó como válidos estos argumentos e impuso la medida que, aunque no implique la cárcel para los imputados, sí los obliga a defenderse en calidad de detenidos.