El indígena que refleja el hacinamiento de las URI

Las infrahumanas y preocupantes condiciones de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la capital de la República las sufren centenares de detenidos que, aparte de la gravedad de los delitos que hayan cometido, los aleja cada vez más de una sociedad que les condena por anticipado y que quiere oír más de castigo que de resocialización.

Dentro de las instalaciones de la URI en La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, pueden verse las precarias condiciones de salubridad y amontonamiento de personas recluidas. Es una edificación diseñada para la detención provisional de los capturados, pero no dan abasto, así como los congestionados establecimientos carcelarios del país.

Entre este tumulto semihumano resalta Fabio Rodríguez Yahuma, un joven indígena de 24 años preso desde el pasado 11 de noviembre y quien pertenece a la comunidad indígena de Je’eruriwa en la Pedrera, Amazonas. De allí se fueron por desplazamiento hacia el Meta.

El hombre, que prestó servicio militar en la Policía Nacional como auxiliar bachiller en 2013, fue señalado por las autoridades de asesinar junto con su hermano a otro sujeto rotulado de paramilitar en el patio de su residencia en la urbanización la Madrid en Villavicencio. El asunto es investigado por la Fiscalía y su familia insiste que es inocente pero, mientras un juez determina si es o no culpable, vive un infierno en carne propia.

Desde un principio, según el padre de Fabio, Eduardo Rodríguez, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria el mismo día en que se legalizó su captura. Sin embargo, esto no fue posible porque no ha habido disponibilidad de guardias del Inpec -hoy en cese de actividades- para llevarlo hasta su casa.

El padre denunció que ha encontrado a su hijo sin almorzar a las 4:00 p. m. y este le ha contado que duerme en un cuarto pequeño con más de diez personas y que no les dan tiempo ni elementos para bañarse.

El del indígena es, además, un caso especial por cuenta de su condición de protegido por el Estatuto penitenciario y carcelario y la misma Constitución política. Ambas normatividades resguardan a los integrantes de estas etnias para que se les respete su cultura, que puede verse afectada al estar recluidos en una cárcel corriente.

“Nosotros somos indígenas y tenemos una condición especial de reclusión”, reclamó el padre del joven.

Ante la irregularidad, el padre denunció varios hechos que hablarían de discriminación. Señaló que en una oportunidad le llevaron a Fabio un plato tradicional indígena, Tucupi, y que las autoridades no se lo dejaron comer bajo el argumento de que se trataba de Yajé, una bebida estimulante ancestral.

“Eso es una falta de respeto con la cultura indígena”, denunció el padre.

Ya la Defensoría del Pueblo conoce del asunto e investiga la situación de este hombre, que soportó también en el 2013 el drama del desplazamiento, y ahora está hacinado en una cárcel sin que, legalmente, deba estarlo.