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| 1/20/2014 12:00:00 AM

Arhuacos denuncian abusos de la Fuerza Pública

Los nativos denuncian el atropello del que han sido víctimas por parte de las Fuerzas Militares.

Indígenas de la etnia Arhuaca denunciaron que la presencia del procurador regional de Cesar, en su territorio, no fue con fines relacionados con su investidura. Por lo contrario, representantes de esa comunidad señalaron los atropellos, crímenes y ocupación de que han sido víctimas, según ellos, por parte del Estado y la fuerza pública. 

Este sábado el periodista Daniel Coronell, en su habitual columna de los domingos en SEMANA, denunció el uso indebido de recursos públicos para fines ajenos a los institucionales. Allí deja en evidencia al comandante de la Décima Brigada del Ejército, general Adelmo Fajardo Hernández, quien puso una aeronave al servicio del procurador regional de Cesar, Eduardo Campo Soto, quien hace un tiempo le archivo una investigación por actos de corrupción.

Mientras el general Fajardo asegura que el procurador se encontraba en una misión oficial. Campo Soto admite que por esa fecha  se encontraba en sus días de descanso, por las fiestas decembrinas, con ello justificando la presencia de sus hijos, su yerno y un sobrino durante el viaje y quienes aparecen fotografiados con los niños de la comunidad y el helicóptero Black Hawk en el que se movilizaron. 

Así mismo, el procurador agregó que no ha recibido denuncia alguna, por parte de los indígenas, pero que aún así decidió ir donde la comunidad para ver que estaba pasando. 

Por su parte el periodista Alejandro Arias se puso en contacto con miembros de la comunidad y confirma que la presencia del procurador de la región no fue para atender las denuncias y quejas sobre los abusos del Ejército como lo había manifestado el general inicialmente. 

El Cabildo Gobernador Arhuaco, Rogelio Mejía Izquierdo, confirma que los habitantes jamas han sido atendidos por este organismo gubernamental. La Procuraduría jamas se ha preocupado por los indígenas en relación a los asesinatos selectivos de sus líderes y mucho menos, el Estado ha avanzado en la investigación para esclarecer el atentado del que fue víctima hace algunos meses. 

"No sé nada de esto. Ha subido gente en helicóptero, incluso la primera dama subió a fin de año. Pero que el Procurador haya ido a atender casos indígenas sobre cualquier atentado, oficialmente no conozco nada sobre estas visitas" aseguró el líder indígena. 

Así mismo, el Coordinador del territorio de la Confederación Indígena Tayrona -CIT- manifestó que desconoce la supuesta misión de Campo Soto y al igual que Mejía, informó que la Procuraduría regional no se ha pronunciado frente a las denuncias presentadas por miembros de la comunidad por los abusos del Ejército Nacional. Incluso la investigación por su caso, secuestro e intento de asesinato por parte de miembros uniformados de ésta institución militar no avanzan, tal como se lo relató al periodista.

A estas denuncias se le suma la de Roberto Siosi, miembro de la comunidad Arhuaca Zeyumuke quien relató que sus hijos fueron detenidos por militares uniformados adscritos a la Décima Brigada, sin causa alguna y un día después aparecieron asesinados. 

De acuerdo a columna de opinión de Coronell, el general Fajardo manifestó que “el procurador iba en una misión oficial a ver a los de Nabusímake para atender quejas sobre supuestos abusos del Ejército Nacional por uso de territorios ancestrales” Pero, lo que parece quedar en evidencia con estas denuncias hechas por líderes de la comunidad, es que la Procuraduría Regional del Cesar no ha velado por la defensa y protección de los derechos de los indígenas que han sido víctimas de los abusos del Ejército Nacional y autoridades locales en especial de Pueblo Bello. 

Cabe recordar que a inicios de éste año el Alcalde de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez, recibió una orden de captura por parte de la Fiscal General de la Nación por posibles nexos con grupos paramilitares.  

Tal como lo registró el diario El Pilón, el investigado es acusado por presunta participación en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Landazábal al parecer está vinculado con la muerte de tres campesinos sacados de Las Minas de Hiracal.

Así mismo, este domingo Noticias Uno denunció como los derechos de la comunidad también se han visto violentados por la presencia de las Fuerzas militares debido a la ocupación ilegal en el cerro sagrado Inarwa o Alguacil. (Ver video).
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