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| 12/24/2014 12:00:00 AM

Trato a indígenas en Buenaventura, “una vergüenza para el Estado”

Un juzgado falló a favor de 400 indígenas desplazados para que permanezcan en un coliseo que les sirve como albergue.

A la crisis humanitaria y de seguridad que vive Buenaventura se le suma el desplazamiento forzado de las minorías étnicas y las pocas garantías que tienen tanto para recibir asistencia en la ciudad como para retornar a sus lugares de origen.

Dicha crisis se refleja en el fallo más reciente, en respuesta a las medidas provisionales solicitadas por la Defensoría del Pueblo, gracias a las cuales el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Cali indicó a la Alcaldía de Buenaventura no realizar eventos en un coliseo que sirve de albergue a cerca de 400 indígenas que han sufrido desplazamiento forzado. También le ordenó a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) brindar alimentación y salud a las comunidades del resguardo Puerto Pizarro, conformada por 570 personas que no pudieron salir de la zona de conflicto y están confinadas.

Ante esta decisión, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, considera "una vergüenza para el Estado" que la población desplazada se haya mantenido en condiciones indignas "durante tanto tiempo, sobre todo en la época de fin de año".

A pesar de que estas familias buscaban ayuda humanitaria en el coliseo El Cristal, allí se llevaban a cabo eventos masivos que afectaban sus condiciones.

El acompañamiento humanitario de la Defensoría inició el pasado 27 de septiembre, cuando llegaron las primeras familias desplazadas por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales en el municipio chocoano del Bajo San Juan. Hasta el momento, la entidad contabiliza 119 familias del pueblo wounaan provenientes de los resguardos Unión Balsalito, Aguaclara y Chachajo.

Otálora exigió a las autoridades gubernamentales medidas prontas para adelantar el proceso de retorno hacia sus territorios de los desplazados que permanecen en el coliseo, respetando los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad.

“Resulta inadmisible que tanto los ciudadanos como las autoridades se hayan acostumbrado a vivir impávidos ante situaciones violatorias de los Derechos Humanos tan graves como el desplazamiento forzado, y particularmente cuando se trata de minorías étnicas, que son sujetos de especial protección del Estado”, aseguró el funcionario.
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