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| 12/18/2013 12:00:00 AM

La fuerza del ombligo

Por cuatro décadas los indígenas del Cauca han sido víctimas de hostigamientos y asesinatos. ¿Por qué los están matando? José Navia penetra en las montañas del norte de ese departamento para contar la historia de un exterminio que continúa hasta hoy.

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Con las primeras luces de la mañana se siluetean en el horizonte los picos azulosos de la cordillera Central. Al frente, junto a un río de aguas oscuras y briosas, emergen de la neblina, como fantasmas, las fachadas de color claro de La Mina, una de las 34 veredas del resguardo indígena de Jambaló, en las montañas del norte del Cauca.
Alfredo Dagua, el conductor de la chiva en que viajo, hace sonar la corneta del vehículo mientras atraviesa el caserío de bahareque y teja. Las puertas están cerradas. No se ve un alma. Ni siquiera un perro.

Además del conductor, en el vehículo van conmigo el ayudante, un joven mestizo que trepa a menudo a la capota con la agilidad de un simio, y un aprendiz de chofer, un adolescente que toma la cabrilla en algunos trechos.

La chiva le pertenece al Cabildo de Jambaló, máxima autoridad política del resguardo. En el transcurso de la mañana Dagua debe recoger a más de cien paeces de las veredas El Trapiche, La Mina y La Esperanza que han sido delegados para participar en el XIII Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la organización indígena más antigua de Colombia.

Yo me dirijo a la vereda El Trapiche. Allí está ubicado uno de los puestos de control que mantiene la Guardia Indígena en los caminos estratégicos del resguardo de Jambaló, que es, al mismo tiempo, uno de los 42 municipios del departamento del Cauca. Estos retenes son un reflejo del conflicto que azota a los habitantes de las montañas del Cauca. En las últimas semanas la guerrilla y el ejército han combatido con ferocidad en estos riscos. La mayor fuente de tensión, sin embargo, no son los tiroteos. Son las amenazas de muerte que el Sexto Frente de las Farc lanzó este año contra varios líderes del resguardo.

El panfleto traía tres nombres: Armando Embús y Emilse Muñoz Collo, contratistas de la alcaldía, y Eibar Fernández Chocué, coordinador del Plan de Vida del Resguardo. La guerrilla acusó a los dos primeros de corrupción administrativa y al tercero de fomentar actividades en contra de esa organización armada.

De inmediato, el Cabildo declaró la alerta general, ordenó activar puestos de control y emitió un comunicado de prensa que no alcanzó a ser noticia para ningún noticiero en Colombia. El Cabildo también le ordenó a la Guardia Indígena, un organismo que realiza labores humanitarias y de control del territorio, hacer recorridos nocturnos y alertar a los habitantes en caso de detectar a personas extrañas. Los integrantes de la Guardia, unos diez por cada vereda –hombres y mujeres de todas las edades–, andan armados únicamente con bastones de madera y utilizan radios y teléfonos celulares para comunicarse entre sí.

Casi dos meses después, a principios de mayo, la guerrilla amplió las amenazas a todas las autoridades del Cabildo Indígena y a los concejales y funcionarios del municipio. En un pasquín, el Sexto Frente les dio una semana para abandonar el territorio.

La respuesta del Cabildo fue citar a la comunidad a una asamblea general extraordinaria. Esta instancia, cuyas decisiones se llaman mandatos y deben ser acatados por todos los habitantes del resguardo, les prohibió a los amenazados renunciar a sus cargos, y le asignó a cada líder una escolta de diez guardias. La asamblea, además, prohibió las fiestas y el consumo de guarapo y, por temor a una masacre, cerró cantinas y billares. El Cabildo, la Alcaldía y el Concejo siguieron atendiendo al público, aunque con cierta cautela.

“Matarán uno; matarán dos... matarán cien, pero a todos no nos matan”, dice el gobernador del cabildo, Albeiro Quiguanás, un indígena menudo y desconfiado, que hasta hace poco recorría el territorio, incluso de noche, en una moto 175, tipo enduro, con su bastón de mando a la espalda o atenazado sobre el manubrio.

Por la tradición guerrera de los paeces, que conforman más del 98 por ciento del resguardo de Jambaló, se puede deducir que las palabras del gobernador Quiguanás no son fanfarronería. También existe certeza sobre la eficacia de las Farc para cumplir sus amenazas. En el mismo resguardo y en otras zonas del departamento del Cauca hay antecedentes inquietantes sobre estos enfrentamientos.

Por esas razones, los dirigentes del CRIC temen que en Jambaló pueda ocurrir una matanza como la que sucedió en febrero pasado con los awá de la costa pacífica nariñense. Allí, las Farc reconocieron haber asesinado a ocho miembros de esa etnia. Los acusaron de sapos (informantes del ejército), una falta que ese grupo castiga, sin lugar a apelaciones, con la muerte. Para prevenir que ocurra una barbarie similar los paeces de Jambaló mantienen día y noche los puestos de control en las carreteras de ingreso a su territorio, como el de El Trapiche, adonde nos aproximamos esta madrugada.

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5:48 am. Un pájaro negro, al que los paeces llaman dormilona, cruza frente al panorámico de la chiva. El ayudante dice que es de mal agüero. La carretera se hace estrecha y empinada. Al frente, y a lado y lado, se ven montañas. Un manto de neblina envuelve a la chiva a medida que asciende hacia El Trapiche.

Minutos después de pasar frente a una casa de bahareque y zinc, Alfredo Dagua pisa el freno y maniobra lento para esquivar un derrumbe. El vehículo se bambolea. La carretera se empina. Dagua mete primera y acelera. El motor, un International de ocho cilindros, responde con un bramido sordo mientras la chiva asciende con lentitud por una carretera estrecha, sinuosa, cubierta por un cascajo de color gris.

El tajo ha sido abierto en la mitad de la falda de la montaña. Del lado izquierdo del vehículo se ve un barranco poblado de matas de fique; y del derecho, un precipicio de rocas y vegetación rala. Las luces amarillentas de algunas casas brillan a lo lejos, en la semioscuridad de la madrugada.

El conductor dice que estamos a menos de veinte minutos de El Trapiche, una vereda de 514 almas incrustada en la parte alta de estas montañas.

Desde que salimos de Jambaló, un poco antes de las cuatro de la mañana, nos acompaña por los altoparlantes del carro una seguidilla de música de guitarras, flautas, quenas y tambores. Y también la voz de Milciades Ipia, un joven locutor de la emisora Voces de Nuestra Tierra: 107.4 en FM. La emisora, con 250 kilovatios de potencia, emite una programación educativa y cultural en español y en nasa yuwe, el idioma de los ancestros.

Los casi 15 mil paeces del resguardo de Jambaló comienzan el día con el himno nacional cantado en su idioma por los alumnos de La Odisea, una escuela rural de Jambaló. Luego, Milciades Ipia abre el programa:
“Buenos días, saludamos a los guardias que pasaron la noche en Vitoyó, El Trapiche, Loma Gruesa, La Esperanza y otros sitios. Ellos vigilan quién entra y quién sale, qué gente extraña anda por ahí... Les dedicamos esta canción mientras se toman el cafecito”.

Entre los girones de neblina se observan pequeños cultivos de plátano, yuca, café, frijol y maíz, y algunos árboles frutales. En las partes más frías producen papa, ullucos y cebolla. Los paeces siembran apenas lo necesario para suplir sus necesidades básicas, una concepción sobre el uso de la tierra que causa escozor entre los terratenientes y agroindustriales del Cauca.

Al lado derecho, a unos cien metros de la carretera, y por encima de las copas de los árboles, se ven los primeros techos de zinc de El Trapiche. Unas cuantas reses pastan, dispersas, en las laderas de las montañas. El resto del paisaje está compuesto por arbustos, breñales, cañones y desfiladeros que asustarían hasta a las mismas cabras.

El retén de la Guardia Indígena aparece de repente en mitad de la carretera, al salir de una curva. Son las 6:03.

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Una guadua atornillada a un rudimentario sistema que permite subirla y bajarla, apoyada en el otro extremo en una horqueta de madera, atraviesa la vía que viene de Santander de Quilichao. A un lado humean los rescoldos de un fogón, junto a un cambuche techado con plástico negro. Más allá, sobre el barranco y clavada en una vara, a manera de asta, ondea la bandera, verde y roja del CRIC. “Unidad, tierra y cultura”, reza en letras blancas.

Aurelio Ipia, el coordinador del puesto, un paez de ruana y gorra tipo beisbolista, de 47 años, me explica que los guardias se turnan cada 24 horas. Su misión es controlar el ingreso de gente, carros y motos. Cada vehículo, incluso las ambulancias que entran de vez en cuando a sacar o dejar algún enfermo, es detenido. Hasta no conocer el motivo del viaje y revisar documentos los guardias no le permiten seguir su camino.

En cada turno hay cuatro guardias y un representante del cabildo veredal, en este caso, Gloria Ipia, una mujer menuda que permanece de pie junto a la guadua, con el bastón de madera en la mano.

Aurelio Ipia dice que además de controlar el paso, a los guardias les toca pedirles a la guerrilla y al ejército que no acampen ni patrullen cerca de donde hay viviendas.

“Hace unas semanas estuvieron tirándose bombas... mataron dos reses de la comunidad”, cuenta Ipia, que tiene cinco hijos y vive de cultivar frijol, maíz y arracacha.

El otro motivo por el que no quieren gente armada cerca de sus casas es porque dejan olvidados o sembrados explosivos y porque, según dice, “andan con ganas de perjudicar a las muchachas de la vereda”.

El hombre señala hacia las montañas vecinas. “Por allá también hay retenes”, asegura. En algunos de estos puntos de control –me había explicado un funcionario de la alcaldía de Jambaló–, los guardias han frenteado a grupos de guerrilleros que intentan realizar patrullajes y ejercer control en un territorio que los paeces han defendido con fiereza por cientos de años.

En realidad, el principal objetivo de estos retenes y de las caminatas nocturnas de la Guardia Indígena es enviarles un mensaje a los grupos armados sobre quién manda en el resguardo; y advertirles que no están dispuestos a someterse a las amenazas de nadie.

Así, radicales en la defensa de su territorio y temerarios frente a la muerte, han sido los paeces durante toda su vida.

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La tensión entre los pueblos aborígenes y las Farc en el Cauca tiene raíces en los años setenta, con el nacimiento del CRIC. Desde entonces han quedado en el camino más de 200 muertos, incluidos connotados dirigentes como Cristóbal Secue, reconocido por la Unesco como maestro de sabiduría.

Líderes como el ex consejero de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, Feliciano Valencia; el gobernador de Jambaló, Albeiro Quiguanás y Arquímedes Vitonás, este último secuestrado por las Farc cuando era alcalde de Toribío, resumen casi con las mismas palabras, sencillas y contundentes, las causas del enfrentamiento con las Farc: “Ellos quieren mandar en nuestros territorios y nosotros no nos dejamos”.

Un antiguo dirigente del CRIC, que prefiere mantener su nombre en reserva, recuerda que los pocos combatientes con los que contaban las Farc a mediados de los años sesenta caminaban por el nororiente del Cauca como si lo hicieran por tierra de su propiedad. En aquella época los indígenas, analfabetas, dispersos, sin tierras y alcoholizados, se movían como veletas al impulso de intereses liberales y conservadores. A las Farc no les quedó difícil reclutar a algunos jóvenes paeces y organizar a otros en actividades logísticas.

Además de estratégico, para las Farc este territorio tiene antecedentes simbólicos. No muy lejos, en límites con el Huila, está ubicado Riochiquito. En ese caserío se asentó Manuel Marulanda Vélez con sus hombres, luego de que el ejército lo bombardeó y desalojó de Marquetalia, en 1964, cuando las Farc daban sus primeros pasos. Así, no resulta extraño que para la guerrilla estas montañas sean su territorio ancestral y que, desde su óptica, las autoridades del resguardo sean intrusos que intentan disputarles el dominio de un espacio que consideran heredado de los primeros farianos.

Por más de una década fue común que los guerrilleros desayunaran o almorzaran en las casas de algunos indígenas y campesinos. Les decían “los muchachos”. Eran gente hambrienta y mal armada. A partir de los años setenta los subversivos comenzaron a identificarse como miembros del Sexto Frente. Cambiaron las escopetas por fusiles y comenzaron a montar retenes y emboscadas. Años más tarde apareció la columna móvil Jacobo Arenas y, pese a la oposición de los cabildos, vincularon a más miembros de las comunidades en sus tareas de insurgencia.

En este contexto irrumpieron, a principios de los años setenta, los primeros dirigentes indígenas. El proyecto que defendían, ligado a la recuperación de la tierra, de su cultura y de la autonomía en sus territorios, hizo fruncir el ceño a las Farc. Los rebeldes difundían un mensaje de lucha de clases y de toma del poder por medio de las armas. Hablaban de Marx y Lenin. Los indígenas solo creían en Juan Tama, Quintín Lame y otros de sus caciques históricos.

A partir de entonces, las contradicciones entre las Farc y el CRIC se agudizaron. El 3 de febrero de 1981 seis paeces, incluido José María Ulcué, un destacado dirigente, fueron fusilados por un comando de las Farc en el resguardo de Munchique-Los Tigres. Ulcué, en otras épocas simpatizante de la lucha armada, había desviado su discurso hacia la defensa de la causa indígena y, especialmente, del derecho a gobernar sus territorios en forma autónoma, sin presiones de grupos externos, como las Farc.

Los dirigentes aseguran que por esos años las Farc mataron, por la misma razón, a más de 50 personas, sobre todo en el resguardo de San Francisco. Sin embargo, el Sistema de Información Geográfica de los Pueblos Indígenas, Cecoin, no registra los supuestos ajusticiamientos. En cambio, le atribuye a las Farc 225 “homicidios intencionales” de miembros de diferentes etnias del país entre 1980 y el 2004. Paeces, kankuamos, emberas y coreguajes aparecen como los más afectados.

Las estadísticas de Cecoin, que comienzan en 1974, registran 1.869 muertes violentas de nativos entre ese año y el 2004. La mayor parte, atribuidas a paramilitares y, en no pocos casos, al ejército y a la policía. Otra estadística, que incluye datos de Cecoin y de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que cobija a todas las organizaciones regionales del país –excepto a la recién fundada (con el guiño del gobierno) Organización de los Pueblos Indígenas de Colombia, OPIC–, registra 311 “homicidios intencionales” por parte de las Farc, en el mismo periodo.

Las estadísticas varían según la fuente, pero el origen del conflicto está claro. Ya en 2002 el observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos señalaba que “los líderes de estas comunidades se han convertido en objetivo de las acciones de las guerrillas y miembros de las autodefensas al afrontar una posición radical de defensa de sus territorios y costumbres”.

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En San Francisco, el asesinato de Ramón Júlicue y de su hijo, Benito, el 8 de octubre de 1982, le dio un extraño giro al conflicto entre las Farc y los indígenas: el Quintín Lame, un comando armado de paeces que venía actuando en silencio desde ocho años atrás, decidió enfrentar a las Farc. El Quintín Lame había sido creado para responder a los ataques de los “pájaros”, los mercenarios contratados por los terratenientes, que veían sus propiedades en peligro ante las invasiones de tierra promovidas por el CRIC.

Alfonso Peña, un ex comandante, dice que ese grupo capturó y fusiló a alias “Samuel”, “Juanito” y a otros dos o tres milicianos de las Farc acusados de participar en la muerte de los Júlicue y de otros habitantes de San Francisco.

Casi tres años después, el 11 de agosto de 1985, las Farc asesinaron en una carretera de La Laguna a la profesora indígena Rosa Elena Toconás, la autora de la letra del himno del pueblo paez. La acusaron de apoyar al grupo Ricardo Franco, una columna de unos 200 hombres fundada por un desertor de las Farc, José Fedor Rey, alias “Javier Delgado”.

No fueron hechos aislados. Por esa época las Farc ya habían atacado a comunidades en otras regiones del país. En el resguardo de Chajeradó, en el municipio de Murindó (límites de Chocó y Antioquia), por ejemplo, mataron en 1984 a los cinco miembros de un cabildo recién elegido. Los acusaron de colaborar con el gobierno.

La situación se hizo tan insostenible que en 1987 los indígenas buscaron un diálogo directo con la cúpula de las Farc. Quince dirigentes del Cauca, Antioquia, Chocó y Tolima caminaron durante tres días por las montañas del centro del país para reunirse con el Estado Mayor de las Farc. La cita tuvo lugar en Casa Verde, un campamento ubicado en una zona rural del municipio de Uribe (Meta), desde donde ese grupo mantenía contactos con el gobierno colombiano en busca de un plan de paz.

Marcos Avirama, uno de los asistentes a esa reunión, cuenta que la delegación, encabezada por el indígena coconuco Anatolio Quirá, discutió con la cúpula fariana durante tres días, de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, sobre los derechos ancestrales de sus comunidades a gobernar y ejercer autoridad en sus resguardos.

“Les dijimos que rechazábamos toda forma de violencia y de intervención dentro de nuestros territorios”, dice Avirama, ex diputado en el Cauca y ex presidente de la Alianza Social Indígena, ASI.

Al final, los representantes de las comunidades aborígenes y las Farc suscribieron dos documentos, fechados el 30 de enero de 1987 y en los que aparecen las firmas de Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Raúl Reyes y Alfonso Cano.

En uno de ellos, la guerrilla admite que los conflictos se presentan por “el desconocimiento que existe de las costumbres y formas de vida social y cultural de las comunidades indígenas”. Así mismo, los máximos comandantes de las Farc hacen un llamado a sus frentes para que “recojan el espíritu y la letra del sexto punto del Programa Agrario de los Guerrilleros”. La exhortación se refiere a un documento firmado el 20 de julio de 1964, durante el nacimiento de las Farc, en Riochiquito (Cauca). El sexto punto en cuestión señala: “Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que les han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo... Al mismo tiempo, se estabilizará la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de organización”.

El acuerdo con las Farc fue ratificado dos años después, el 21 de febrero de 1989, durante otra cita en Uribe. Durante esos años, dice Avirama, las Farc cumplieron con el pacto. La cúpula relevó a los jefes de los frentes donde existían conflictos y, salvo por los ataques a los puestos de policía de los pueblos, no se supo de más muertos por cuenta de la guerrilla.

Pero unos seis años más tarde, hacia 1995, las amenazas regresaron a los resguardos. Esta vez a Jambaló.

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La primera sensación que se tiene al llegar a este poblado, perdido entre desfiladeros y montañas, a unos cien kilómetros de Popayán, es la de estar entrando en una zona de guerra. Al doblar la primera calle aparecen las trincheras y zanjas de arrastre que rodean el cuartel de policía. Algunos uniformados caminan por la calle armados de fusiles Galil.

Por lo general, el pueblo permanece en silencio, solo y con las puertas cerradas. La mayor parte de sus habitantes se van a trabajar de madrugada a los minifundios que rodean el caserío. Un viento frío que baja por la garganta de la cordillera barre la única calle pavimentada, que atraviesa el pueblo. Unos metros más allá de donde termina el pavimento aparecen más trincheras y zanjas de arrastre. Por esa carretera se sigue hacia Toribío, otro municipio donde los policías viven al acecho de los francotiradores que las Farc apostan en los montes vecinos. Toribío ha soportado 13 tomas y más de 200 hostigamientos desde 1994.

Desde aquí se puede entender con bastante claridad por qué las Farc, como casi todas las organizaciones guerrilleras que han existido en Colombia, hicieron de estas montañas una eficaz trinchera. Desde este territorio, un fragmento del Macizo Colombiano, la guerrilla se puede descolgar en pocas horas desde los picos de niebla perpetua hasta más de 150 municipios de Nariño, Huila, Tolima, Valle y Cauca, incluida su capital, Popayán. También se abastecen y descansan.

De la misma forma, pueden descender a los ríos Cauca y Caquetá o internarse en las selvas del Putumayo. Sobre el lomo de la cordillera Central también existen trochas y vericuetos que van de la frontera con Ecuador hasta el Valle y la zona cafetera.

Este nudo montañoso resulta, además, una fortaleza natural para la guerrilla. La neblina, los desfiladeros y los cañones rocosos y laberínticos resultan trampas formidables hasta para los helicópteros.

Hacia el occidente, la carretera Panamericana corre serpenteante a los pies de la cordillera. Basta cruzarla para sumergirse en las selvas y montañas que empatan con el océano Pacífico.

Esta franja, de la Panamericana a la costa, permaneció copada hasta hace unos cuatro años por los paramilitares del Bloque Calima, los mismos que mataron a más cien indígenas y campesinos en la zona del Naya, en el 2001.

En las montañas del norte del Cauca existen, además, cultivos ilícitos y, por supuesto, impuesto de gramaje por parte de las Farc. Ese es otro motivo de discordia entre las autoridades del resguardo y los armados, y entre miembros de la misma comunidad, porque algunos cabildos, como el de Jambaló, han erradicado cultivos y laboratorios.

De modo que, además de ser parte del territorio donde comenzó su actividad guerrillera el padre de las Farc, con la toma de Inzá, en 1964, las montañas donde habitan los 130 mil paeces que hay en el Cauca resultan estratégicas para los fines militares de esa organización.

7

Aunque los roces entre las Farc y los cabildos tuvieron momentos críticos entre los años setenta y el 2000, la disputa atraviesa ahora por la etapa más dura de toda su historia. Los dirigentes atribuyen esta situación, en parte, a la llegada de “Caliche”, el comandante del Sexto Frente, y a muchos combatientes que desconocen las leyes y tradiciones que rigen en estos territorios. Según indígenas de Tacueyó, las Farc reforzaron el Sexto Frente con guerrilleros veteranos, gente muy curtida que venía del Putumayo y del Caquetá y con la cual “no se puede hablar, pues solo saben echar bala”.

“Karina”, la temida ex cabecilla del Frente 47, recuerda que cuando ella ingresó a las Farc, en Urabá, sus comandantes, Efraín Guzmán y Wilson Palacios, les pedían prudencia cuando actuaran en los resguardos indígenas. “Nos explicaban que en esos lugares hay una autoridad y que para meternos teníamos que hablar con el cabildo y si el cabildo no lo permitía, tocaba alejarse. Pero había comandantes que así la comunidad no quisiera y el cabildo les negara la entrada, decían que las Farc también eran autoridad y se quedaban... eso depende de cada comandante. En términos generales, uno no se preocupaba por saber qué comunidad era. Los mandos sí, pero los guerrilleros no. Ni siquiera los mandos medios nos preocupábamos”, dice “Karina”.

Ese desconocimiento por parte de las Farc y la intención de imponer sus normas por encima de las autoridades del resguardo fue, precisamente, lo que motivó el más reciente enfrentamiento en el Cauca.

“La guerrilla acusó de corrupción a dos contratistas de la alcaldía y los condenó a muerte. Les explicamos a las Farc que aquí la justicia la impartimos los indios. Y pa’ nosotros no existe pena de muerte: al que roba le aplicamos cepo y juete, como medidas correctivas”, dice Albeiro Quiguanás, el menudo gobernador del resguardo.

En Jambaló, dos hechos hicieron más tensa la situación con la guerrilla. El 26 de noviembre del 2008 las Farc secuestraron a siete funcionarios de la alcaldía, entre ellos los dos amenazados, y trataron de llevarlos a lo profundo de las montañas. La Guardia Indígena fue más rápida. Unos tres mil paeces bloquearon las salidas, montaron un cerco, y, finalmente, liberaron a los secuestrados y capturaron a tres guerrilleros.

Como los detenidos también resultaron ser paeces, una asamblea general indígena, cuyas decisiones están amparadas por la Constitución de 1991, condenó a cada uno de ellos a 15 años de prisión. Los reos fueron entregados al Inpec y pagan sus condenas en cárceles del Estado.

En marzo pasado otro hecho acabó de enfurecer a la guerrilla. Una asamblea general, reunida en la vereda La Esperanza, decidió localizar y erradicar los laboratorios de producción de pasta de coca que funcionaban dentro del resguardo amparados por algunos miembros de la comunidad.

Unos mil civiles, encabezados por la guardia, se lanzaron en busca de las cocinas en las nueve veredas de la parte baja del resguardo, donde se calcula que hay sembradas más de veinte hectáreas de coca.

Durante la búsqueda de los insumos que los narcotraficantes entierran, los rastreadores se toparon con una caleta de las Farc repleta de artefactos explosivos. De allí sacaron, sin protección alguna, como si fuera un juego, 112 granadas hechizas y pipetas cargadas de metralla. Como en las horas siguientes no apareció ningún organismo especializado en desactivación de explosivos, los indígenas echaron las granadas en agua y al otro día las desarmaron con herramientas rústicas.

Tal acto fue considerado como una acción contrainsurgente por las Farc y, según dicen en Jambaló, fue lo que motivó la ampliación de las amenazas.

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Recostado contra su moto tipo enduro se encuentra Eibar Fernández Chocué. Es un indígena alto, obeso, de cara redonda, pelo lacio cortado al rape y bigote incipiente. Tiene 28 años.

Es el coordinador del Proyecto Global o Plan de Vida de los paeces de Jambaló, que es una especie de carta de navegación del resguardo.

El cargo de Fernández Chocué equivale a un ministerio del interior, pero con más funciones. Además de los asuntos políticos del resguardo, él se ocupa de temas como salud y educación. Apenas terminó estudios primarios, pero anda metido en los temas del cabildo desde los 14 años.

Cuando explica los propósitos del Proyecto Global, Fernández Chocué parece un tecnócrata, solo que de bluyín, camiseta y botas: “Uno de nuestros objetivos es crear una alternativa social organizativa, planeada y articulada con la visión política de las cuatro entidades que conforman la estructura organizativa del movimiento indígena en Colombia”, explica.

Fernández Chocué también se ocupa de asuntos tan diversos como conservación de páramos, lagunas y otros sitios sagrados de los paeces, y de las repercusiones que tiene en los resguardos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o la legislación colombiana en asuntos de subsuelo.

A pesar de que su nombre es uno de los que encabeza la lista de amenazados, este hombre y sus compañeros no han huido de su territorio. Sus razones son atávicas. Como casi todos los paeces, Fernández Chocué tiene enterrado su ombligo en estas montañas. Es literal. Cuando nace un niño paez, su madre abre un hueco entre la ceniza de la tulpa y allí entierra la placenta y el ombligo que corta la partera.

“Yo tengo enterrado el mío en la vereda Loma Gruesa”, dice Fernández Chocué.

Cuenta que lo supo a los 17 años, cuando intentó irse con unos amigos a coger café al Valle.

“Mamá... ¿por qué será que yo alisto la maleta pa’ irme y al otro día ya se me quitan las ganas?”, recuerda que le preguntó un día a su madre, Dioselina Chocué.

“Usted no se puede ir, mijo, porque yo le enterré el ombligo para que no se mueva de aquí”, le respondió Dioselina.

A eso le atribuye el hecho de que él, como otros paeces, prefiera morir en su territorio a vivir desterrado.

9

La chiva regresa a Jambaló a las 11 de la mañana. Trae a unos 150 indígenas apiñados hasta en la capota. Aun así, en la parte trasera del vehículo amarran una paila en la que podría freírse un marrano sin descuartizar, dos fondos de aluminio, seis bultos de comida y hallan espacio para acomodar quince panales de huevos. Luego, el vehículo comienza a descender hacia el resguardo de La María, a orillas de la carretera Panamericana, entre Cali y Popayán.

El trayecto demora casi tres horas. Una pancarta recibe a los delegados al congreso del CRIC: “Guardia Indígena por siempre resistencia milenaria”. A la entrada, un joven alto y flaco, con distintivos de la Guardia Indígena, les informa a los ocupantes de la chiva dónde pueden instalar su campamento. El punto asignado a los representantes de Jambaló está ubicado a un kilómetro del sitio donde se llevarán a cabo las deliberaciones.

Aquí termina mi viaje en chiva. Me bajo y el vehículo sigue hacia lo profundo del resguardo por una carretera pedregosa por la que hormiguean cientos de paeces, guambianos, coconucos y miembros de otros pueblos aborígenes del Cauca.

Las deliberaciones están a punto de comenzar. La agenda de tres días abarca temas como el calentamiento global, el TLC con Estados Unidos, la educación bilingüe, narcotráfico y el conflicto con las Farc.

La noche anterior, los tewalas encendieron una hoguera e hicieron un ritual con plantas secretas.

Durante dos días, los indígenas debaten los temas en comisiones y elaboran propuestas. En la tercera jornada los asistentes a la plenaria analizan las iniciativas y levantan la mano para aprobar las propuestas. Una de las primeras decisiones de la asamblea es seguir usando el poder de persuasión de la palabra frente a los actores armados.

En las discusiones de la víspera, algunos delegados se mostraron partidarios de incrementar las denuncias internacionales contra el grupo armado; otros, muy preocupados, afirmaron que es necesario hallar una solución urgente pues ya se escuchan voces airadas de indígenas, sobre todo jóvenes, que proponen responder a los ataques de la misma forma. En todo caso, el ánimo de los asistentes al Congreso no es de guerra.

“Los indios insistimos en el uso de los argumentos frente a los actores armados, pero seguiremos exigiendo los derechos sobre nuestros territorios”, dice Feliciano Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.

La asamblea, además, aprueba la búsqueda de un acercamiento con la cúpula de las Farc, con mediación internacional. O, al menos, una teleconferencia con los comandantes.

“Queremos preguntarles por qué nos están matando y queremos exigirles respeto a nuestro territorio y a nuestras autoridades”, dice una de las mujeres que participó en la comisión que analizó el tema.

Durante las discusiones, un directivo de la ACIN revela que entre el 2000 y 2008 las Farc mataron a 80 indígenas en el Cauca. “La mayoría eran líderes a los que acusaron de colaborar con el ejército o con los paramilitares”, dice.

Otro indígena afirma que hasta ahora la única esperanza que tienen los dirigentes amenazados de que las Farc les respetarán sus vidas es una carta suscrita en las “montañas de Colombia” por el Estado Mayor de las Farc. En la misiva, fechada el 14 de abril de 2009 y dirigida “a las autoridades indígenas”, los insurgentes señalan: “Ni lo sucedido en Barbacoas el pasado 6 de febrero, ni nada parecido, puede volver a pasar”. “Lo sucedido en Barbacoas” es nada menos que la tortura y muerte de los indígenas awá, a los que las Farc acusaron de colaborar con el ejército.

En un párrafo más explícito agregan: “Hemos delegado a tres comandantes, con la misión de razonar conjuntamente con ustedes hasta encontrar un escenario de mutuo respeto y comprensión, que cierre las puertas definitivamente a cualquier manifestación de violencia en nuestra relación”.

En la carta, sin embargo, la cúpula de las Farc reafirma que los awá están siendo utilizados como informantes y que, además, el gobierno les está sembrando “la filosofía del enriquecimiento fácil” mediante recompensas a cambio de información.

Gruesos goterones repican sobre el techo de zinc de la enramada donde se realiza el encuentro.

La asamblea le hace un llamado a la Guardia Indígena para que afine los mecanismos de control del territorio y las medidas de protección a los dirigentes amenazados. Como lo han hecho siempre, ratifican que ningún paez abandonará su territorio porque, según dicen, el indio sin la tierra es como si anduviera muerto en vida.

El aguacero dura unos quince minutos. Es apenas una pasada de nube.

La reunión termina hacia la una de la tarde. Por los altoparlantes truena el himno de Colombia cantado en nasa yuwe. Empata con el himno del pueblo paez, que menciona el orgullo de la raza, los líderes asesinados, y hace alusiones heroicas como “no nos vencerán, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán”.

En pocos minutos, después del almuerzo, un enjambre de diez mil indígenas levanta campamentos, recoge ropa, cocinas y cambuches y se apretuja de nuevo en las chivas.

En el centro del cobertizo arde el fuego que encendieron tres días antes los tewalas para alejar a los malos espíritus.
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