Infierno Modelo

En los cuatro años que llevo en La Modelo he visto más sangre y más muertos que en todo el tiempo que viví en la ilegalidad”. Lo dice un recluso que sabe que en este centro penitenciario impera la ley del más fuerte. Los jefes de las bandas extorsionan a los más débiles, a los recién ingresados y a los que están allí por un error de la justicia, los cuales se ven obligados a pagar sumas de hasta un millón de pesos para tener derecho a un colchón, a un plato de comida y para poder dormir sin el temor a ser atacados durante la noche. Y si aspiran a que la correspondencia les sea entregada, si pretenden comunicarse con su familia o si desean instalar un televisor en la celda deben pagar mucho más. Pero de los cuatro años que lleva tras las rejas este hombre, que todavía no ha sido juzgado, nunca vio tanta sangre como el jueves 27 de abril, cuando 25 internos de la Cárcel Nacional Modelo fueron acribillados en el patio cuatro, en un ajuste de cuentas. La Policía Nacional, que llevaba 15 años sin ingresar al penal capitalino, decidió tomárselo por la fuerza en la madrugada del sábado siguiente. El resultado del operativo parecía contundente: se incautó un arsenal de grandes proporciones, que incluía cuatro kilos de explosivo de alto poder y siete cargas de dinamita listas para detonar. No obstante los buenos hallazgos, el alivio de las autoridades no duró mucho tiempo. Cuatro días después un centenar de guardias del Inpec ingresó a un solo patio del penal y en una requisa de un par de horas fueron decomisadas, entre otras armas, una ametralladora mini Ingram y una pistola capaz de burlar los rayos X. La conclusión salta a la vista: todavía queda en La Modelo armamento suficiente para repetir crímenes progresivos como el que ocurrió en la noche del 27 de abril. Por eso la Policía ha anunciado que repetirá el operativo en todas las cárceles del país, y el Inpec ha asegurado que las requisas patio por patio serán permanentes. Porque se necesita recorrer muchas veces los pasillos y las celdas de cada pabellón para dar en el blanco. Los internos han construido caletas en los techos, en los cielos rasos, en las paredes, en los pisos, en los baños, en las zonas de desagüe… se encontraron baldosas nuevas y tarros de pintura que servirían para maquillar nuevas caletas. Se detectaron socavones en los que aparecían pistolas y granadas forradas en bolsas plásticas y ocultas entre la tierra húmeda. Incluso los perros mejor entrenados de los escuadrones antiexplosivos pasaron de largo frente a algunos de los laberintos en los que los presos esconden parte de su arsenal. El horror Pero si el hallazgo del armamento resultó sorprendente, no fue menos impactante conocer al detalle las condiciones infrahumanas en las que viven los reclusos. Muchos duermen en tablones que improvisan sobre los inodoros, algunos reciben los alimentos directamente en sus manos, hay quienes han reportado el secuestro y la violación de sus compañeras el día de visita, y otros deben convertirse en esclavos o juguetes sexuales de los caciques del patio para sobrevivir. Si bien las cárceles se han convertido en verdaderas universidades del crimen, también es cierto que constituyen un infierno difícil de soportar para muchos internos. Para los que tienen las reglas en su contra y no se dan el lujo de tomar whisky, hablar por celular, jugar billar, alzar pesas, tocar guitarra y gozar de varios electrodomésticos en sus celdas. La masacre del patio cuatro y los operativos de los días siguientes volvieron a poner en tela de juicio la debilidad del sistema carcelario en Colombia. El primer pecado capital es el hacinamiento. Según datos del Inpec, los centros de reclusión en el país tienen capacidad para albergar 34.062 presos y en realidad están ocupados por 46.930 internos, lo cual arroja un sobrecupo del 38 por ciento. La Modelo, por ejemplo, tiene en la actualidad 5.000 reclusos y fue diseñada pensando en una cifra inferior a la mitad. Con excepción de los pabellones de máxima seguridad, el de los enfermos mentales y el de la tercera edad, en cada patio conviven entre 800 y 1.200 presos. Y como los internos han establecido túneles y pasadizos secretos, es común que varios patios estén comunicados entre sí, con los graves problemas de seguridad que implica este hecho y con la imposibilidad de lograr que las cárceles puedan ofrecer algún tipo de resocialización a los delincuentes. Con respecto al hacinamiento, la Defensoría del Pueblo se pregunta qué pasaría si se hicieran efectivas las 160.000 órdenes de captura que existen en la actualidad. No es casual que en un documento público de esta entidad, generado poco antes de la masacre de La Modelo, se hubiera asegurado que “parecería que se estuviera esperando la ocurrencia de algo nefasto para reaccionar”. Pero el sobrecupo es sólo uno de los pecados graves del sistema. También está la falta de control por parte de los organismos de seguridad, aunque es evidente que el mayor logro del operativo de la semana pasada fue, en palabras del general Argemiro Serna, “el de acabar con el mito de que la fuerza pública no podía ingresar a los penales”. Y no fue necesario realizar un solo disparo. Pero se necesita un control permanente, que no se logra con el escaso número de guardianes que vigilan las cárceles. Hay pabellones de La Modelo que a ciertas horas no tienen más control que el que pueden ofrecer dos uniformados con bolillo. Guardianes sin suficiente preparación, muchos de ellos reclutados apenas cumplen los 18 años y que con frecuencia deben cumplir turnos de más de 24 horas. En las cárceles también se peca permanentemente contra los derechos humanos de los reclusos. Un funcionario consultado por SEMANA aceptó que a veces sólo se alcanza a cubrir el 30 por ciento de las necesidades alimenticias de los internos. Por su parte, el teniente Reinaldo Fierro Rico, director de La Modelo, aseguró que de las 80 remisiones que llegan en promedio cada día para trasladar a los retenidos a los despachos judiciales, sólo es posible atender la mitad, por la ausencia de vehículos para tal fin. Y esta cárcel, en la que hay 5.000 reclusos, no cuenta con una ambulancia para atender la menor emergencia. No menos grave es el hecho de que en los penales conviven en un mismo patio sindicados y condenados, que los paramilitares están a pocos metros de los subversivos y que, en todo caso, la infraestructura carcelaria de la que se dispone hoy es la misma de hace varias décadas, y los centros de reclusión fueron diseñados pensando en otro tipo de delitos. Es evidente que la crisis carcelaria tocó fondo, y que la responsabilidad va mucho más allá de las garitas de los guardianes o incluso del despacho del directivo de turno. De hecho, en los últimos cinco años han rodado las cabezas de nueve directores del Inpec, y nada se ha solucionado. El viceministro de Justicia, Mauricio González, asegura que Colombia lleva cinco décadas sin invertir en cárceles, pero dice que en lo que queda del gobierno Pastrana se hará más que en el último medio siglo. “En poco tiempo empieza a funcionar la cárcel de Valledupar, que es la primera con un diseño realmente moderno, y que nos servirá de piloto para nuevos proyectos. Ya se contrató la cárcel de Acacías, que entrará en funcionamiento en diciembre, y antes de terminar junio quedará contratada la de San Isidro, en Popayán, que deberá comenzar a operar en marzo del próximo año. Cada uno de estos tres centros está pensado para 1.600 internos, en pabellones de no más de 200 reclusos cada uno, que permitan una distribución eficiente. Además, en el segundo semestre del año quedarán contratadas dos cárceles de alta seguridad, cada una para 400 internos, que se ubicarán en el Valle de Aburrá y en la Sabana de Bogotá. Allí irá la élite de la población criminal del país”. Mientras estas promesas empiezan a hacerse realidad, habrá que rogar para que episodios como el del pasado 27 de abril, que dejó un saldo de 25 internos muertos en la Cárcel La Modelo de Bogotá, no se repitan.