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| 12/9/2010 12:00:00 AM

Informe: alerta máxima por falta de transparencia en contratación pública

Transparencia por Colombia evaluó la gestión administrativa de 158 entidades estatales. Encontró bajo nivel de meritocracia y muchas licitaciones sin publicar. Superfinanciera, la más transparente. Senado, con los peores resultados.

Algunas entidades del Estado no generan buenas noticias en el Día Mundial de la Lucha Anticorrupción que se conmemora hoy. El análisis de riesgo de corrupción que presenta Transparencia por Colombia concluye que apenas en el 0,5 (813) por ciento de los contratos suscritos por 158 entidades estatales evaluadas (151.310) se usó la licitación pública.

El indicador es “muy bajo, alarmante y preocupante” para este organismo que hace una alerta máxima sobre la falta de transparencia en la contratación pública en Colombia, situación que aumenta el riesgo de que los recursos públicos se queden en bolsillos de los corruptos.

El equipo de Transparencia por Colombia evaluó la gestión administrativa de 158 entidades del Estado entre 2008 y 2009, incluidas 21 de naturaleza especial. Ministerios, superintendencias, departamentos administrativos, entidades autónomas, organismos de control, Congreso, entre otras, fueron algunas cuyos procesos de contratación, selección de personal, sanción y rendición de cuentas fueron analizados con lupa.

De la lista de los peores evaluados, el Senado de la República no sólo tiene la más baja calificación, sino también el peor de los puntajes en la historia de estos informes que se publican desde el año 2002.

Documentos de acceso público que permitan conocer, por ejemplo, qué tipo de contratos se realizaron, cuántas licitaciones se convocaron, quiénes se postularon y cuántos se eligieron no fueron facilitados por el Senado.

En el otro extremo, y en el primer lugar, está la Superintendencia Financiera de Colombia que tuvo una calificación de 95,2 puntos sobre 100. Le siguen el Banco de la República, el Ministerio de Educación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Auditoría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Superintendencia de Sociedades.

Estas nueve entidades registraron por primera vez en la historia de la medición puntajes superiores a 90, la buena noticia en el informe que se presentó este jueves.

Sin embargo, para Marcela Restrepo, coordinadora de los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas, “estamos más rajados que nunca”. Lamenta, por ejemplo, que entidades importantes para el desarrollo del país cayeran en la medición con respecto a los años anteriores, en especial cuatro ministerios: Comunicaciones, Agricultura, Transporte y Ambiente.

También bajaron en la medición el DAS, la Fiscalía General de la Nación, el Inpec, Colciencias, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Comisión Nacional de Televisión, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el ICA.

Restrepo calificó de “vergonzosos” los índices obtenidos por las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, (por debajo de los 70 puntos), en especial las de la Costa Caribe, justo en donde se concentra la mayor cantidad de damnificados por las inundaciones causadas por el fuerte invierno.

En cuanto a las 21 entidades especiales, la única que tiene un bajo riesgo de corrupción es Ecopetrol. Le siguen, aunque en el nivel moderado, Bancoldex, Financiera de Desarrollo Territorial, Fondo Nacional de Garantías, Fondo Nacional del Ahorro, Industria Militar y Caja de Previsión Social de Comunicaciones.

Contratación en “alerta máxima”

De los 151.310 contratos suscritos por las entidades, sólo 813 (0,5 por ciento) usaron licitación pública. Según la organización, “aunque no todas las contrataciones se deben realizar por esta vía, llama la atención la baja utilización de esta modalidad”.

Además, la mitad de esos 151.310 contratos (75.794) se adjudicaron de manera directa. Ese 50 por ciento, explica la coordinadora de los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas, “es muy alto” cuando el ideal es que sea “menos del 20 por ciento”.

Se encontró que en las entidades de nivel municipal se dejó de publicar el 70 por ciento de las licitaciones públicas; en las de carácter departamental, el 50 por ciento; y en las nacionales, el 15 por ciento. “Estamos hablando de que es mucho el dinero que se contrata bajo cuerda y no se sabe qué está pasando con él”, afirmó Restrepo.

En el caso de los contratos de obra pública (2.270), se determinó que  el 60 por ciento de ellos no tuvieron interventoría (sólo se reportaron 928 de estos contratos).

Ejército de contratistas

En 66 entidades del Estado, más del 50 por ciento de sus empleados trabajan por prestación de servicios. En el caso de las entidades de naturaleza especial, cuatro de las 21 evaluadas tienen entre el 75 y el 100 por ciento de su personal con contratos bajo esta misma modalidad.

Lo grave de este punto, agrega Restrepo, es que un contratista que tenga una función clave en la gestión de la entidad no es capacitado ni evaluado y por lo tanto tiene un mínimo de responsabilidad fiscal y disciplinaria, como sí ocurre con los empleados oficiales.

“La gestión del Estado está quedando en manos de contratistas que no tienen control alguno. Si toman malas decisiones, nada pasa con ellos”, advirtió.

Además, 43 entidades (37 por ciento) no recurrieron a la meritocracia para seleccionar a los funcionarios de libre nombramiento y remoción.
 
Transparencia por Colombia resalta algunos avances, por ejemplo, que hay más entidades que usan su página web para publicar sus procesos y mantener informada a la ciudadanía, sin embargo, la calidad de esa información no es la ideal.

En el tema de prevención de la corrupción, dice Restrepo, del “dicho al hecho hay mucho trecho” y se ha “cacareado demasiado, pero no se ha puesto el huevo”. 
 
 
Entidades con mejor y peor índice de transparencia

 

  

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