Hubo deficiencias en desmovilización de ‘paras’: ONU

El Comité de la ONU contra la Tortura dijo que Colombia incurrió en "deficiencias" en el proceso de desmovilización de paramilitares y que le preocupa que la extradición de comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a Estados Unidos esté afectando las investigaciones en el marco del proceso de Justicia y Paz.

Aunque reconoce que la desmovilización contribuyó en parte a que se conozca la verdad de muchos hechos, también "habría dejado impunes numerosos crímenes cometidos por miembros de los grupos paramilitares, negando así a las víctimas el derecho a una reparación plena".

En sus observaciones finales tras haber examinado el informe periódico de Colombia sobre la manera como implementa la Convención contra la Tortura, el Comité recordó a este país que la extradición de miembros de las AUC no debe obstaculizar las investigaciones sobre abusos cometidos por los grupos paramilitares.

Así mismo, se refirió a los crímenes perpetrados contra civiles por parte de grupos armados surgidos de la desmovilización, entre ellos desapariciones forzadas, asesinatos, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas y desplazamiento forzado.

También se les responsabiliza, agregó, de asesinatos y secuestros registrados en los últimos años en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

La violencia sexual fue otro de los temas que más llamaron la atención de los expertos del Comité, por los altos niveles que se registran y un elevado número de víctimas entre mujeres y niñas desplazadas.

En este ámbito, "los graves obstáculos" que las víctimas enfrentan para acceder a la justicia constituyen un problema adicional, en particular cuando se trata de indígenas o afrocolombianas, indicó el Comité en sus observaciones.

Sobre la violencia de género, el órgano de Naciones Unidas criticó el "escaso número de condenas" por este delito en comparación con el número de denuncias presentadas.

Según datos oficiales, frente a 266.552 denuncias recibidas entre el 2010 y el 2013, sólo se habrían dictado 10.671 sentencias condenatorias.

El Comité indicó que cuenta con información según la cual se siguen realizando operativos militares para retener de manera indiscriminada a hombres en edad militar y encontrar a los que no han cumplido con el servicio militar obligatorio.

En esos operativos ocurren agresiones contra las personas detenidas, según reportes recibidos por el grupo de renombrados expertos en derechos humanos.

El Comité invitó a Colombia a que le remita dentro de un año la información sobre el seguimiento a sus recomendaciones.