Viernes, 24 de febrero de 2017

| 2010/07/13 00:00

Íngrid Betancourt desiste de su petición de conciliación

Cinco días después de que se conociera que Betancourt buscaría una millonaria indemnización del Estado por su secuestro, la defensa de la ex candidata presidencial anunció que desiste de dicha pretensión.

Íngrid Betancourt desiste de su petición de conciliación Foto: SEMANA

La Procuraduría informó que este martes “se presentaron a la Procuraduría Novena Judicial Administrativa ante los tribunales de Cundinamarca dos solicitudes suscritas por el doctor Juan Gabriel Devis Morales, quien en su condición de apoderado especial de Íngrid Betancourt Pulecio, Yolanda Pulecio Reyes, Astrid Yolanda Betancourt Pulecio, Mélanie y Lorenzo Delloye Betancourt, manifestó que desiste de las conciliaciones administrativas judiciales que promovió en contra de la Nación, Ministerio de la Defensa Nacional y Ministerio del Interior y de Justicia”.
 
Las solicitudes interpuestas por la ex secuestrada y su familia fueron radicadas el pasado 30 de junio y buscaban negociar con la Nación el pago de 15.431 millones de pesos como reparación por el prolongado cautiverio al que Betancourt fue sometida por parte de las Farc.

De esa plata, 5.831 millones de pesos eran por los daños y perjuicios causados a Íngrid y los 9.600 millones adicionales para su familia. Entre ellos se incluyen daños morales y el precio de los ingresos que la ex secuestrada dejó de recibir durante los 3.320 días de cautiverio en manos de las Farc.

El Procurador Noveno Judicial Administrativo ante el Tribunal de Cundinamarca encontró que la petición del retiro de las solicitudes hechas por el abogado de la familia Betancourt Pulecio se encontraban acordes con la ley.

“En consecuencia, (la Procuraduría) ordenó la devolución de los documentos aportados y de conformidad con lo anterior, dio por terminados los trámites conciliatorios sin que se entienda agotado el requisito de procedibilidad para acudir a la justicia de lo contencioso administrativo, reviviéndose los términos de caducidad de la acción de reparación directa”, dice un comunicado oficial. Es decir, que después de retirados los documentos, la familia de Íngrid no podrá interponer una demanda para pedir su reparación, pues no ha agotado el trámite de una conciliación.
 
Las solicitudes hechas por Ingrid y su familia desataron una polémica desde el viernes pasado, cuando se conocieron sus peticiones. En las redes sociales, páginas de Internet y los medios de comunicación, se presentaron voces de rechazo a sus intenciones.

El pasado domingo, Betancourt le concedió una entrevista al periodista Darío Arizmendi, que fue transmitida por Caracol Televisión y Caracol Radio. En ella, dijo que estaba “arrepentida” de haber recurrido a esa acción. Aclaró que lo único que buscaba era un acto simbólico para que los hechos que rodearon su secuestro no tengan repetición.

También aclaró que “no hay ninguna demanda contra el Estado; los culpables del secuestro fueron las Farc; no hay ataque contra el Gobierno que me liberó”, y que el momento que fue liberada en la Operación Jaque “marcó mi pacto de sangre con las Fuerzas Militares, en el que nunca haría alguna cosa en contra de ellas”.

Íngrid Betancourt dijo que en la víspera de su secuestro, el jefe de sus escoltas recibió un fax en el que estaba expuesto el esquema de seguridad para el viaje que ella tenía programado hacia San Vicente del Caguán el 23 de febrero de 2002. Pero que en el aeropuerto de Florencia, un general, de nombre Arcesio Barrero (hoy en retiro), no le permitió usar un helicóptero para viajar a San Vicente y le dijo que viajara por tierra, como lo tenía previsto.

Después de las declaraciones de Ingrid, varios militares y funcionarios encargados de su seguridad en aquel entonces aseguraron a los medios de comunicación que ella había recibido varias advertencias del peligro que podía correr si viajaba hacia esa zona.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.