Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2010/07/11 00:00

Íngrid dice que conciliación contra el Estado es "simbólica" y se "arrepiente" de haberla interpuesto

La ex candidata presidencial aclaró que no demandará al Estado colombiano. Justificó su petición de conciliación con el argumento de que en su secuestro hubo fallas de la autoridad del Estado.

Íngrid Betancourt expresó su arrepentimiento por la conciliación que interpuso para que el Estado colombiano asumiera responsabilidades por su secuestro. Foto: Archivo - SEMANA

Luego de la indignación general que produjo en la opinión pública nacional la acción interpuesta en contra del Estado colombiano, la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt se mostró “arrepentida” de haber recurrido a esa acción. Aclaró que lo único que buscaba era un acto simbólico para que los hechos que rodearon su secuestro no tengan repetición.

Este domingo 11 de julio, en una entrevista concedida a Darío Arizmendi en Caracol Radio y Caracol Televisión, Íngrid Betancourt aclaró que “no hay ninguna demanda contra el Estado; los culpables del secuestro fueron las Farc; no hay ataque contra el Gobierno que me liberó”, y que el momento que fue liberada en la Operación Jaque “marcó mi pacto de sangre con las Fuerzas Militares, en el que nunca haría alguna cosa en contra de ellas”.

Betancourt, en el diálogo que se extendió por 45 minutos, dijo que la acción de conciliación es una “solicitud de reparación simbólica” porque la “astronómica suma no alcanza a tasar el sufrimiento para las familias que motiva un secuestro”.

La ex candidata presidencial, que estuvo más de seis años secuestrada en poder de las Farc, dijo que lideró la conciliación motivada por la solicitud de algunos de sus compañeros de cautiverio que tenían la inquietud de solicitar una reparación por el secuestro que habían sufrido.

Y que el propósito de la conciliación era sentarse con el Gobierno, “un gobierno que me liberó y que me genera confianza”, para relatar los hechos que rodearon su secuestro “porque se me ha señalado como una persona loca, imprudente, que buscó su secuestro”.

En ese contexto, Betancourt relató que el 23 de febrero de 2002 tenía un compromiso con la comunidad de San Vicente del Caguán de asistir al municipio, y el entonces alcalde del municipio, Néstor León Martínez, le pidió el favor de no cancelar el viaje y la motivó al asegurarle que el Obispo del municipio había viajado y no le había pasado nada.

Íngrid Betancourt dijo que en la víspera el jefe de sus escoltas recibió un fax en el que estaba expuesto el esquema de seguridad para el viaje. Pero que en el aeropuerto de Florencia, un general, de nombre Arcesio Barrero (hoy en retiro), no le permitió un helicóptero para viajar a San Vicente y le dijo que viajara por tierra como lo tenía previsto.

Luego, Betancourt reveló que el jefe de su escolta, adscrito al DAS, “recibió una orden de alto nivel” de no viajar con la entonces candidata presidencial y su comitiva, por lo que tuvo que viajar en un carro del Estado sin la protección de sus guardaespaldas al reflexionar “que no permitiría que le manipularan” su campaña política. Por eso viajó.

En el trayecto de Florencia a San Vicente del Caguán, dijo Betancourt, pasó por un retén del Ejército en el que verificaron su identidad y no le impidieron el paso sino que le trasladaron que no había ninguna novedad.

Ese día, en el que el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana, viajó al Caguán en helicóptero oficial, “el mensaje que se le trasmitió al país era que la antigua zona de distensión había sido recuperada y no que era un lugar al que no se podía llegar”, dijo Betancourt.

Por eso Íngrid aseguró que si hubiese viajado en helicóptero, si no le hubieran retirado sus escoltas, y si en el retén se le hubiera impedido su movilización, probablemente el Estado hubiera hecho todo lo posible para que no se produjera el secuestro.

Betancourt, le confesó a Darío Arizmendi que no recordaba haber firmado un documento en el que consignaba que el viaje lo hacía bajo su propio “responsabilidad y riesgo”, pero que confiaba en la buena fe de que ese documento existiera.

La ex candidata consideró que el deber del Estado era haber imposibilitado el tránsito hacia San Vicente, y no enviar el mensaje de que la zona estaba plenamente recuperada”. Y agregó: “yo no fui irresponsable, la decisión la tomé con la información que tenía. Nunca quise encontrarme con un secuestro de seis años”.

Luego de la entrevista, el ex comisionado de Paz Camilo Gómez, en diálogo con Caracol radio, explicó que el gobierno no podía impedir el derecho a la movilización de un ciudadano por el territorio nacional. “En ninguna zona el Estado debe restringir el derecho de la libertad de movilización, es ilegal y sería un arresto. No está acorde con la Constitución”.

Íngrid Betancourt finalizó su explicación mostrando su arrepentimiento por la forma como se produjo este incidente en el que interpuso una conciliación contra el Estado colombiano en la que reclamaba una indemnización cercana a los 15 mil millones de pesos.

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