Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2004/09/05 00:00

Injusticia

La Corte Suprema falló que los funcionarios de la Fiscalía en Norte de Santander, barridos por supuestos vínculos con la guerrilla, son inocentes

El 5 de marzo de 2003 un carro bomba fue detonado en el centro comercial Alejandría, en pleno corazón de Cúcuta. La explosión mató a seis personas, dejó heridas a más de 70 y causó millonarias pérdidas. Cuatro horas después el presidente Álvaro Uribe no sólo rechazó el atentado sino que con tono enérgico acusó públicamente a la Policía y a la Fiscalía de Norte de Santander de "graves actos de ineficiencia" y afirmó que existían "informes de que en algunos estamentos oficiales hay seria presencia del terrorismo. Estamos advertidos y hay que sacarlos de allí. La Policía está adelantando la investigación interna y hará toda la depuración que se requiera en Norte de Santander. El Fiscal General de la Nación también está haciendo lo propio". El Presidente añadió que había informaciones sobre "fiscales que han sido nombrados por presiones del clientelismo y que están al servicio del ELN".

Las declaraciones de Uribe que señalan a la Fiscalía y a la Policía nortesantandereanas de estar infiltradas no tardaron en producir una reacción en cadena. Menos de 24 horas después de su pronunciamiento fueron relevados de sus cargos el coronel Édgar Orlando Vale, jefe de la Policía en ese departamento, y los comandantes regionales de la Sijin y de la Sipol. Por el lado de la Fiscalía también rodaron cabezas y una de las primeras fue la del director regional de Fiscalías, Néstor Pacheco, quien se había posesionado apenas un mes antes del ataque.

El relevo de los funcionarios fue bien recibido en Cúcuta pues dejó en claro que el Presidente no toleraría la ineficacia ni muchos menos la posible complicidad de las autoridades en el terrorismo. Pero las acusaciones directas del primer mandatario iban más allá y desataron un gran revuelo al más alto nivel.

El fiscal general, Luis Camilo Osorio, y el ex director de la Policía general Teodoro Campo afirmaron públicamente que el asunto de las infiltraciones a las que se había referido el presidente Uribe sería objeto de investigaciones. Lo que no pudieron decir abiertamente era que no existían pruebas contundentes que sustentaran el señalamiento que había hecho el jefe del Estado. Pero como el propio Presidente era quien había exigido una depuración, a falta de evidencias sólidas lo que se desató fue una 'cacería de brujas', especialmente en la Fiscalía.

Chivos expiatorios

Aunque pocos días después de la petición pública de Uribe media docena de miembros de la Fiscalía en Norte de Santander fueron retirados de sus cargos, la mayoría técnicos del CTI y funcionarios de rangos medios y bajos, la Fiscalía buscó resultados más contundentes. Por eso el ex director Nacional de Fiscalías, Justo Pastor Rodríguez, comisionó a Andrés Ramírez, uno de los fiscales de Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que adelantara una investigación a fondo en Norte de Santander. Para sus pesquisas Ramírez se apoyó en la ex directora seccional de Fiscalía de Cúcuta, Ana María Flórez Silva. Los resultados de las investigaciones que ellos adelantaron terminaron sindicando a los funcionarios de más alto rango de la Fiscalía de ese departamento.

La fiscal delegada antes los jueces penales del circuito de Cúcuta, Ledy del Carmen Parada Reyes, y el fiscal delegado ante el tribunal superior de esa ciudad, Carlos Arturo Arévalo, fueron acusados por Ramírez por prevaricato por acción, un delito de suma gravedad. También fue acusada por ese mismo delito la coordinadora de los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Cúcuta, Elcida Molina Méndez, la funcionaria de más alto rango en la administración de justicia en esa región del país.

Aunque se suponía que las investigaciones de Ramírez debían estar encaminadas a demostrar los supuestos vínculos de fiscales de Cúcuta con grupos al margen de la ley, la realidad es que ninguna de las acusaciones que él formuló estuvo relacionada con ese tipo de conducta. Como no había forma de vincular a los fiscales con esos delitos, procedió entonces a acusarlos de prevaricato con argumentos poco claros. En el caso de la fiscal Molina, según Ramírez Moncayo, la funcionaria actuó en contra de la ley en un caso que estuvo a su cargo en el que dejó en libertad a varias personas que supuestamente estaban vinculadas a una red de tráfico de personas.

"... existen razones probatorias suficientes para entender, con probabilidad de verdad, que la doctora Elcida Molina Méndez al proferir resolución de segunda instancia incurrió en el delito de prevaricato por acción, toda vez que revocó las medidas de aseguramiento impuestas en la primera instancia, cuando de manera fehaciente se encontraban reunidos todos los requisitos probatorios necesarios para sustentar la tipicidad del comportamiento imputado a los sindicados.". Con estos argumentos, entre otros, el 3 de septiembre del año pasado Ramírez ordenó la suspensión del cargo y el arresto de la fiscal Molina.

El caso causó una gran conmoción en los medios judiciales de todo el país. No sólo era una de las funcionarias más importantes de la Fiscalía en Norte de Santander sino que hasta ese momento su hoja de vida no tenía tacha. Su vasta experiencia y ejemplar actuación en casos de derechos humanos, narcotráfico y corrupción, entre otros, le habían labrado una excelente reputación en la administración de justicia. Sus 22 años de servicio habían quedado enlodados por la decisión de Ramírez. Durante varios meses la fiscal permaneció recluida y su vida familiar, profesional y económica sufrieron un devastador golpe.

Pero el caso no paró ahí. Llegó a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 25 de agosto emitió un fallo que le dio un viraje total a las acusaciones en contra de Molina y, de paso, dejó en evidencia lo que verdaderamente pasó en la Fiscalía de Norte de Santander.

A lo largo de las 38 páginas del fallo los magistrados respaldan plenamente las actuaciones de la fiscal Molina y rechazan los argumentos que utilizó Ramírez para sindicarla de un delito que nunca cometió. Afirman que Molina siempre actuó conforme a la ley y dejan en evidencia que fue Ramírez, y no la fiscal, quien desconoció la ley. El fallo es claro al decir que la investigación que realizó la Fiscalía en Cúcuta estuvo motivada sobre las presiones que produjeron las declaraciones del Presidente y no sobre bases jurídicas reales. Pero los magistrados van más allá. Criticaron fuertemente el hecho de que los investigadores hayan sido funcionarios que luego terminaron involucrados en delitos o salieron de la Fiscalía gravemente cuestionados.

En efecto, Ana María Flórez, la directora seccional de Fiscalía en Cúcuta, quien huyó del país, es buscada por la justicia por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas por favorecer a grupos paramilitares. Justo Pastor Rodríguez, que era el director nacional de Fiscalías, se vio obligado a renunciar cuando no pudo explicar por qué una persona vinculada a un proceso penal le regaló un reloj Rolex, que posteriormente le robaron de su camioneta junto con 3.000 dólares y 17 millones de pesos. Andrés Ramírez, quien en diciembre pasado fue nombrado vicefiscal general, también salió de la Fiscalía por la puerta de atrás cuando se descubrió que una empresa de él y su familia tenía millonarios contratos con las Fuerzas Militares. Los tres acusadores terminaron acusados.

Molina, quien recobró su libertad hace dos semanas, afirma que no quiere regresar de nuevo a la Fiscalía. "El fallo de la Corte es un respaldo a la justicia en Cúcuta y sienta un precedente importante después de que el Presidente nos puso a todos en la picota pública, dijo a Molina a SEMANA. Yo pensaba que la justicia actuaba correctamente porque la juzgaba de acuerdo con mis actuaciones, pero desafortunadamente a raíz de lo que nos pasó me di cuenta de que no siempre es así".

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