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| 8/11/2017 10:33:00 AM

Gabinete Santos, a declarar en la Corte por escándalo de Odebrecht

El alto tribunal dice que con la ayuda de funcionarios y congresistas, Odebrecht habría presionado la adjudicación de Ocaña - Gamarra y la agilización de trámites. Dice que Conpes y Confis se pactaron a cambio de grandes sumas de dinero.

En el auto que ordena la captura de Bernardo Elías Vidal, la Corte Suprema de Justicia revela cuáles son las razones por las cuales el alto tribunal dio paso a la etapa de instrucción en contra del parlamentario por cinco delitos: lavado de activos, concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos. 

La decisión de la Corte se basa en evidencias recolectadas durante semanas; las más importantes fueron las declaraciones rendidas por el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, y que fueron ratificadas por el empresario Federico Gaviria, calificado por el alto tribunal como un lobbista y también intermediario de la firma constructora, que recientemente fue capturado en el marco del escándalo. 

Para la Corte, es claro que con la evidencia recolectada la multinacional cooptó varios niveles de la administración pública, contratistas y particulares que debidamente articulados se concertaron para manejar y utilizar la contratación estatal, especialmente aquella relacionada con grandes obras de infraestructura nacional. Esto propició un escenario de corrupción política y administrativa de grandes proporciones en un claro detrimento del patrimonio del Estado.

Este acuerdo ilícito se generó a propósito de la licitación de la obra Ruta del Sol II, la cual fue adjudicada al consorcio encabezado por la multinacional Odebrecht y la posterior adición a través del otrosí Ocaña-Gamarra. 

El alto tribunal también asegura que en el proceso contractual participaron funcionarios públicos y congresistas, quienes, al parecer, previo acuerdo con los directivos de Odebrecht, habrían presionado la adjudicación de adición, la agilización de trámites respectivos y la inclusión de cláusulas favorables al contratista atinentes a tarifas de peajes, la autorización de nuevas casetas y el anticipo de las vigencias futuras, entre otras condiciones. Para ello, se pactó que fuesen contempladas varias cláusulas en los documentos Conpes y Confis, requeridos para el cierre financiero del contrato. Todo ello, a cambio de grandes sumas de dinero.

Estas premisas de la Corte pondrían en aprietos a varios funcionarios del gobierno, que precisamente fueron citados a declarar en entrevistas. La lista de altos funcionarios la encabeza el presidente Juan Manuel Santos, quien responderá un cuestionario por escrito. 

También fueron citados el ex vipresidente Germán Vargas Lleras, quien suscribió el Conpes del 2 de octubre del 2014; Simón Gaviria, como exdirector de Planeación Nacional; Juan Fernando Cristo, exministro del Interior; Juan Carlos Pinzón Bueno, exministro de Defensa; Tomás González, exministro de Minas; Gina Parody, exministra de Educación; Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda; Natalia Abello, exministra de Transporte; Yesid Reyes, exministro de Justicia; Luis Eduardo Garzón, exministro de Trabajo; Cecilia Álvaraez, exministra de Comercio; Gabriel Vallejo, exministro de Medio Ambiente y Diego Molano exministro de TIC.

También fue citado a versión al actual Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; la canciller María Ángela Holguín; el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, la ministra de cultura, Mariana Garcés; y el ministro de salud, Alejandro Gaviria.

Para llegar a esta decisión, la corte tuvo en cuenta los testimonios recogidos en Brasil con varios ejecutivos de la firma Odebrecht, entre ellos Eleuberto Antonio Martorelli y Luiz Antonio Bueno, expresidentes de la firma; así como la declaración de Yesid Arocha Alarcón, representante jurídico de la firma. También se tomaron las declaraciones del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, Juan Sebastián Correa, Enrique Ghisays. Y se tuvieron en cuenta los interrogatorios practicados al ex viceministro Gabriel García Morales y a José Roberto Prieto Uribe. 

Sin embargo, la pieza clave, reconoce el alto tribunal es la declaración y los soportes de celular aportados voluntariamente por el exsenador Otto Nicolás Bula, lobbista político contratado por la multinacional brasileña, quien, según Martorelli y Bueno, cumplió un importante papel en el manejo de congresistas de las comisiones terceras, cuarta, y sexta del congreso para lograr su objetivo.

Según la declaración de Bula, que fue ratificada por Federico Gaviria, el monto acordado por comisiones o coimas fue del 4% por ciento del valor del contrato de otrosí, el cual ascendió a 1,6 billones de pesos. "2 % para Bernardo Elías, y su grupo de personas; 1% para otro senador y su grupo. 0,5% para Otto Bula y el restante 05% para Federico Gaviria, monto que se pagaría una vez alcanzado el objetivo, es decir, una vez se firmara el contrato adicional y se obtuviera el cierre financiero, lo cual efectivamente sucedió".

La Corte señala que los pagos se hicieron a través de una serie de transacciones trianguladas desde cuentas off shore, a cuentas de terceros que los destinatarios suministraron tanto en el exterior como en el país. Otras cantidades se obtuvieron mediante la suscripción de contratos simulados entre la concesionaria Ruta del Sol y subcontratistas, que finalmente fueron entregadas en efectivo a sus beneficiarios.

La Corte insiste en la práctica del testimonio de Daniel Tenjo, gerente del Proyecto de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI y de Miguel Ángel Bettin Jaraba, representante legal de la firma interventora del consorcio Proyección Vial Puerto Salgar, quienes a pesar de la citación no se han presentado.

La diligencia de indagatoria que rindió Bernardo Elías en la Corte Suprema de Justicia fue suspendida hasta el próximo lunes en razón a que la defensa pidió conocer las nuevas evidencias que la Fiscalía envió este jueves a la Corte. 

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