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| 1/27/2017 4:33:00 PM

Condenados por descalabro de Fondo Premium quieren pagar condena en sus casas

El próximo 31 de marzo Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo conocerán cuál será la pena que deben pagar por el descalabro del Fondo Premium. Ante un juez, pidieron perdón a las víctimas.

Después de cuatro años del escándalo financiero más sonado de los últimos años se esperaba que este viernes se impartiera justicia contra las dos cabezas más grandes del Fondo Premium, asociado a la caída de la Comisionista InterBolsa: Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.

En cinco horas de audiencia las partes del proceso tuvieron la oportunidad de decirle al juez 48 de conocimiento cuál debía ser la suerte de los implicados. Las víctimas pidieron la máxima condena, pero los abogados de Ortiz y Jaramillo pidieron el beneficio de la casa por cárcel argumentando que ya habían entregado bienes para reparar a las víctimas. No obstante, la decisión solo se conocerá hasta el próximo 31 de marzo.

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En el marco del proceso penal que se adelanta en contra de los empresarios desde hace varios años, ellos aceptaron su responsabilidad en los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especie en el Registro Nacional de Valores.

Según la Fiscalía, los dos personajes fueron claves en el manejo irregular de dinero del Fondo Premium. Utilizaron varias sociedades constituidas en islas del Caribe como Bahamas, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, así como en Panamá, Estados Unidos y Colombia. Se comprobó que los dineros de los depositantes del Fondo Premium, que pensaban que sus recursos estaban siendo invertidos en el mercado de valores en el extranjero, terminaron en varias de estas empresas.

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Uno de los mayores beneficiados de estas actividades fue Víctor Maldonado, socio mayoritario de Interbolsa, que a través de vehículos de inversión como Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados, recibió millonarios préstamos para apalancar varias de sus empresas. Maldonado salió libre hace un par de semanas por vencimiento de términos.     

Por estos hechos, tanto Ortiz como Jaramillo se encuentran detenidos en la cárcel La Picota desde febrero de 2015. Rodrigo Jaramillo, papá de Tomás y fundador fue condenado a siete años de prisión pero actualmente paga casa por cárcel.

Durante la audiencia, los empresarios tuvieron la oportunidad de hablar ante el juez. Inició Tomás Jaramillo, quien aseguró que desde que estalló el escándalo ha colaborado con la justicia y que teniendo en cuenta que se trata de un caso financiero, para él, lo fundamental es la reparación a las víctimas.

Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA

“Esta fue la única semana donde la Superintendencia informó que tienen los activos parcialmente valorados y confirman mi tesis que siempre tuvieron con ellos activos de sobra para pagar las reclamaciones aceptadas. Hoy en día puedo decir que el 70 % de las víctimas están pagadas y hay activos de sobra para pagar al 30 % restante”, dijo.

“Yo estoy aportando 18.000 millones de este problema, pero lo más importante es que a todas las personas se les va a pagar la totalidad de su dinero”, agregó.

Tomás Jaramillo, hijo de Rodrigo Jaramillo, presidente y fundador de Interbolsa, era considerado como el poder detrás del trono mientras que su padre era una especie de Rey Midas del mundo financiero pues manejaba con éxito la mayor firma del mercado de valores del país.

A su turno, Juan Carlos Ortiz manifestó que todos sus bienes fueron intervenidos y que ha hecho aportes voluntarios “muy grandes” para reparar a las víctimas. “Mi aporte fue de 29.000 mil millones de pesos. Quiero pedir excusas a todos los inversionistas del Fondo Premium”, dijo.

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Él es un hombre proveniente de una familia de clase media. Estudió economía en la Universidad Javeriana, en donde manejaba pequeños negocios. Antes del escándalo, los colombianos lo conocían más por ser el esposo de la presentadora Viena Ruiz (con quien se casó en 2010 y de quien hoy está divorciado) y por las glamurosas fiestas que se realizan en el hogar que ambos conformaban.

Ortiz no llegó a Interbolsa como una estrella del mundo financiero. Todo lo contrario. La comisionista lo rescató después de un episodio que le costó su expulsión de la Bolsa de Valores de Bogotá. Poco tiempo después entró a trabajar en Interbolsa en donde le decían “el patrón” por su increíble habilidad de multiplicar el dinero.

Ambos empresarios conformaron una de las llaves más conocidas del mundo bursátil. No solo estaban siempre juntos en el trabajo, sino en la vida privada. Gracias a las relaciones públicas que tenían escalaron rápidamente en los escenarios de poder en el país.

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LLegó la debacle

Pero todo se vino al piso hace cinco años cuando Interbolsa fue intervenida por la Superintendencia Financiera. A partir de ese momento comenzaron a revelarse detalles de esta historia bursátil que se convirtió en una trama financiera difícil de entender por las compañías implicadas, los vehículos de inversión que se crearon, donde los mismos socios tienen participaciones en varias sociedades en Colombia y en el exterior, a lo que se sumó un andamiaje jurídico kafkiano.

Su quiebra se convirtió en uno de los escándalos bursátiles y financieros más grandes del país, y que llevó a pérdidas cercanas al billón de pesos por parte de miles de inversionistas.

Interbolsa era una holding con millonarias inversiones en Colombia y en el exterior, que llegó a tener en su momento una participación del 25 % en el mercado de acciones y fue el principal operador en el mercado de deuda pública y privada en el país.

Su historia comenzó en 1991, en Medellín, de la mano mano de Rodrigo Jaramillo, quien tiene casa por cárcel. Pero comenzó el despegue gracias a los negocios de Jaramillo y a que se asoció con jugadores arriesgados del mercado de valores como Juan Carlos Ortiz.

Estas malas amistades, la ambición para conseguir nuevos negocios y expandirse se convirtieron a la postre en los responsables, entre otros factores, en el descalabro bursátil. Este se produjo en noviembre de 2012 cuando la Superintendencia Financiera ordenó su toma de posesión e intervención ante los incumplimientos de obligaciones financieras, que es considerado una falta gravísima.

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