El superintendente financiero cae por caso InterBolsa

La Procuraduría se adelantó al fallo de la Fiscalía en el descalabro de la firma InterBolsa y sancionó a cuatro funcionarios de la Superintendencia Financiera, dentro de ellos el superintendente Gerardo Hernández.

Del superintendente financiero, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que estaba enterado de lo que pasaba con las acciones de Fabricato que fueron sobrevaloradas y nunca hizo nada. "No fue si no mucho tiempo después que se tomaron las acciones frente a este caso que ya era de conocimiento general", aseguró el procurador.

Por ello, lo destituyó y lo inhabilitó durante 12 años para ejercer cargos públicos. La misma medida se tomó contra Diego Mauricio Herrera Falla, superintendente delegado de riesgos de mercado y Rosita Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercado.

El Ministerio Público determinó que los empleados sabían lo que estaba pasando y no tomaron las medidas preventivas para evitar el descalabro económico de la comisionista.

Además, Ordóñez anunció que otro funcionario será suspendido de su cargo durante 10 meses. 

La Procuraduría encontró “fallas evidentes en la labor de supervisión y vigilancia en las operaciones llevadas a cabo por InterBolsa, lo cual, por competencia, era su obligación”, lo que constituye falta grave a título de dolo.

En la investigación, también estaban en la mira de la Procuraduría el superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional, Juan Pablo Arango Arango; al superintendente delegado adjunto de Valores y otros Agentes, Luis Fernando Cuadrado Zafra y la superintendente delegada para emisores, portafolios de inversión, Sandra Perea Díaz. Sin embargo, Ordóñez no se refirió a ellos. 

La investigación del Ministerio Público estaba integrada por más de 16 pruebas técnicas y documentales, dentro de las cuales se destacan visitas e inspecciones a InterBolsa, a la Bolsa de Valores de Colombia, a la Superintendencia financiera, a la Superintendencia de sociedades y a la DIAN, así como al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de tener a primera mano balances contables y financieros de la liquidada comisionista.