Las víctimas del caso InterBolsa, desconcertadas

El proceso penal que se adelanta por el descalabro de InterBolsa y el Fondo Premium, en lugar de resolverse, da vueltas inesperadas para las víctimas. Para este martes, está prevista la audiencia en la que se pedirá principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, fundadores y verdaderos responsables de lo que pasó en Premium, donde más de 1.000 inversionistas perdieron su dinero.

A este beneficio se oponen las víctimas y sus abogados. El exvicefiscal Francisco José Sintura, apoderado de InterBolsa en liquidación, dice que en este caso se está desnaturalizando la figura del principio de oportunidad para favorecer a las cabezas. Es decir, acá sucede lo contrario de lo que supone este beneficio que tiene como finalidad que los mandos medios delatan a los capos o cabezas.

El desconcierto de los afectados que esperan algún día recuperar el dinero que invirtieron (en conjunto unos 320.000 millones de pesos) es total. Hace unas semanas, la fiscal del caso retiró la solicitud del principio de oportunidad en favor de Juan Carlos Ortiz, argumentando que estaba a la espera de información adicional de parte del fiscal general sobre los beneficios concedidos y la pertinencia de la aplicación de esta figura. Algunos llegaron a suponer que igual sucedería con la solicitud para el beneficio de Tomás Jaramillo. Por ello, víctimas y abogados celebraron la noticia, pues pensaron que les habían dado la razón. Sin embargo, la Fiscalía los sorprendió nuevamente, pues ratificó que el ente acusador acordó el beneficio con Ortiz y Jaramillo y que lo presentará ante un juez esta semana.

Según la fiscal del caso, Alexandra Ladino, la razón de ser de este beneficio es la dificultad que ha tenido su equipo investigador para obtener información del exterior, con la cual ella pueda acreditar el delito de la captación masiva, hecho que supuestamente ocurrió a través del Fondo Premium. La captación es uno de los cinco cargos que les imputaron a estas dos personas y el más grave en términos de castigo, pues conlleva entre 10 y 20 años de cárcel.

La funcionaria le dijo a SEMANA que con las pruebas recogidas en el país no es suficiente, y que Ortiz y Jaramillo están dispuestos a entregar documentación, informes y contabilidad, relacionados con todos los fondos del exterior que se entrecruzaban en esta maraña llamada Premium. Según Ladino, con esto se podría conocer toda la estructura que montaron y lo que pasó allí realmente con todos sus responsables.

Frente a este argumento hay una fuerte controversia jurídica. El exvicefiscal Sintura hace unos meses radicó un escrito ante el Despacho de la Fiscalía en el que señala las razones por las cuales el ente acusador no debería otorgar este principio de oportunidad. Sintura dice que para noviembre de 2012 “el delito de captación ya se había consumado y la información sobre los elementos y alcances de la captación ya reposan en poder de la Fiscalía; de hecho, hizo ya uso de esa información para efectos de la imputación y de la acusación. Nada nuevo entonces podrán aportar los potenciales beneficiados, distinto a contar cómo cometieron el delito y cómo se beneficiaron de él, aspectos estos que ya son parte de la acusación. Más bien deberían buscar un preacuerdo y reparar”.

La fiscal manifiesta que el beneficio acordado con Ortiz y Jaramillo no esconde nada oscuro como algunos han insinuado y que, por el contrario, ella lo que pretende es que paguen por lo que hicieron y favorecer a las víctimas. De paso, asegura que no tendrán principio de oportunidad por el delito de no reintegro, cargo extremamente grave pues arranca con una pena de ocho años.

Para los abogados de las víctimas estas explicaciones resultan desconcertantes, pues sostienen, contrario a la tesis de la Fiscalía, que la captación y el no reintegro sí son delitos atados, lo cual supone que al caerse el primero también desaparece el segundo, y así, Juan Carlos y Tomás quedarían exentos de responsabilidad para devolverles el dinero a los inversionistas.

El abogado Sergio Rodríguez Azuero, otro apoderado de víctimas, afirma que si hubiera real voluntad de colaboración de Ortiz y Jaramillo también incluirían en el acuerdo un compromiso serio y creíble de pago –capital e intereses– y no lo que se ha visto hasta ahora: la intención de esperar que con el dinero y los bienes embargados a Víctor Maldonado se repare a los damnificados, en lo que alcance.

Por lo demás, otros agregan que las dos cabezas responsables van a terminar cumpliendo en sus casas la pena que les apliquen por los delitos que aceptaron. Cabe recordar que la Fiscalía les imputó cinco cargos: estafa, concierto para delinquir, manipulación, captación y no reintegro. Juan Carlos y Tomás aceptaron los tres primeros, pero no los dos últimos. A Víctor Maldonado, quien fue un gran beneficiario de los créditos del Fondo Premium, también se le acusó de estos delitos, pero no aceptó ninguno.

Ahora bien, los abogados se preguntan por qué este mismo principio de oportunidad no se les otorgó a otros mandos medios que también tenían información amplia sobre el Fondo Premium en el exterior. La Fiscalía asegura que nadie se presentó a colaborar y que por el contrario todos argumentaron no saber nada de nada.

Los ruidos del caso

En los últimos días, dentro de este caso, ocurrió otro incidente que llamó la atención y desconcertó aún más. Se trata de la investigación que abrió la Fiscalía al liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo. La fiscal le dijo a SEMANA que Tomás Jaramillo interpuso una denuncia por supuestas irregularidades en avalúos de bienes y manejo de la liquidación y que ella tiene el deber legal de iniciar la acción respectiva.

Esto causó malestar en muchos círculos que lo interpretaron como los pájaros disparándoles a las escopetas, es decir, los acusados tratando de enredar a sus verdugos. Otros lo entendieron como una distracción más dentro de este proceso, en beneficio de los verdaderamente responsables.

Al liquidador Revollo le resulta extraña la diligencia de la Fiscalía, cuando toda la información sobre el caso es pública y reposa en la Superintendencia de Sociedades que lo designó. Cabe recordar que Ortiz, Jaramillo y Maldonado han criticado la gestión del liquidador, argumentando que sus bienes valen más de lo que los peritos expertos han dicho.

El asunto es que este descalabro que indignó a la sociedad colombiana, por su connotación de delito de cuello blanco, podría traer más sinsabores para las víctimas. Ahora, muchos de los responsables que están bajo detención preventiva en las cárceles y que no han ido a juicio podrían comenzar a salir por vencimiento de términos, gracias a los efectos de la Ley 1760. Naturalmente, serán los jueces los que decidan en cada caso, pero ya los abogados de los procesados, como Víctor Maldonado, han comenzado a solicitar la libertad para sus clientes.

Otro asunto desconcertante es que se han aplazado tres audiencias en las que la Fiscalía tenía la intención de ampliar las medidas de aseguramiento dictadas. Abogados sostienen que esto ameritaría una protesta del ente acusador que por el momento no se ha visto.

Van a completarse cuatro años desde que cayó InterBolsa y con ella el Fondo Premium, y por ahora la condena más ejemplarizante es la de John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados, filial de Premium. Por los cinco delitos aceptados se le aplicó una condena superior a 20 años, pero pagará efectivamente unos 13 por la circunstancia de la aceptación.

Después de tantos ires y venires en este caso, queda un gran interrogante en el aire. Qué sucederá una vez sea elegido el nuevo fiscal, quien puede revisar este proceso. La respuesta podría conocerse esta misma semana.