"Interceptar comunicaciones y abusar de la función pública no son delitos políticos"

“No apropiarse de los recursos públicos, pero permitir que otros lo hagan es un delito”. Con estas palabras la fiscal general, Viviane Morales, defendió la acusación que hizo la entidad al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro. En una entrevista con La FM, Morales reiteró los argumentos por los cuales el exministro fue llevado a juicio. Esto en respuesta a las declaraciones de Arias, quien dijo en una entrevista en La W que él era “víctima de una de las más crueles persecuciones que ha vivido”.
 
La fiscal también se refirió a las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho que a su exsecretario general Bernardo Moreno, quien está detenido por su presunta relación en las interceptaciones ilegales del DAS, es un detenido político. Dijo que interceptar comunicaciones no era un delito de esa naturaleza.
 
Esto fue lo que la fiscal respondió a la emisora La FM:
 
La FM: Se ha conocido una declaración del exministro Arias que dice que la Fiscalía está equivocada, que él no utilizó AIS para hacer campaña. ¿Tiene una inquietud?
 
Viviane Morales: Ni más falta haría que yo saliera a debatir en un medio de comunicación lo que estamos adelantando en juicio. Le aseguro que la Fiscalía no ha actuado con ligereza ni con ninguna motivación subjetiva. Nosotros llevamos 3.000 elementos probatorios que se empezarán a debatir en la audiencia preparatoria que emperezará el 13 o el 14 de diciembre. De manera que él tendrá allí toda la oportunidad de decir lo que ha dicho, y la Fiscalía, de controvertirlo con los elementos probatorios que tiene.
 
La FM: En síntesis, ¿cuáles son esos elementos de la Fiscalía?
 
V.M.: Hay tres convenios que se celebran entre el Ministerio de Agricultura y el IICA, que son para desarrollar una parte del programa Agro Ingreso Seguro. Significan más de 200.000 millones de pesos, por los cuáles el IICA obtiene un pago de 17.000 millones de pesos. La Fiscalía considera, con elementos probatorios sólidos, que no se podía contratar con el IICA alegando que eran de ciencia y tecnología porque eran convenios de administración de recursos, y por lo tanto, no se podía contratar de manera directa, sino por medio de licitación pública. En el Código Penal se consagra que cuando se violan los principios esenciales de contratación, y aquí habría una violación evidente, al hacerse una contratación directa y sin una selección objetiva, sin buscar que otros proponentes llegaran al proceso, hay una violación, hay un tipo penal: celebrar un contrato sin el cumplimiento de los requerimientos legales. De esta manera, se llega a despilfarrar o malgastar recursos por 40.000 millones de pesos y por eso se endilga el delito de peculado.
 
La FM: Arias ha argumentado que no ha robado…
 
V.M.: Aquí ha habido una mala interpretación. Los artículos que protegen a la administración pública no protegen sólo los recursos, sino también principios de transparencia, selección objetiva, economía y planeación. Entonces no se puede minimizar lo que significa la administración pública. No apropiarse de recursos para sí mismo, pero permitir que otros lo hagan indebidamente, es un delito.
 
La FM: El expresidente Álvaro Uribe se ha pronunciado sobre las decisiones de la Fiscalía. Ha dicho en el caso del exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno que es un preso político. ¿Es un preso político?
 
V.M.: Aquí ha habido actuaciones absolutamente públicas. Ahora los procesos están siendo transmitidos por televisión, lo que antes no se podía, y los procesos pueden ser observados por los colombianos, en vivo y en directo. Ahí, la Fiscalía simplemente presentó argumentos jurídicos y elementos probatorios que soportaban las peticiones que hizo. Los que tienen que evaluar eso son los colombianos. Aquí no ha habido nada oscuro, nada oculto. Aquí ha habido violaciones al Código Penal. Creemos que se han violado disposiciones y en eso hemos basado nuestras acusaciones.

La FM.: ¿Es decir, exfuncionaros del gobierno de Uribe no son presos políticos?
 
V.M.: Los delitos políticos son asonada o rebelión. Pero interceptar comunicaciones, abusar de la función pública, esos no son delitos políticos. No pueden ser comparables. El país ha conocido este proceso… vamos al juicio a ver si ellos demuestran su inocencia o si la Fiscalía demuestra la culpabilidad que les ha endilgado.
 
La FM: ¿Esto le hace bien a la administración de justicia?
 
V.M.: Lo que le hace bien a la administración de justicia es que haya sido público, como ha sido, que se lleve un juicio ante la Corte suprema respetando todas las garantías y el fuero. Obviamente, esta es una democracia donde todo el mundo tiene derecho a hablar y opinar. Lo triste es que sean personas que ocuparon cargos tan altos en el Estado, las que descrean de la justicia cuando ellos mismos juraron respetarla en su momento.
 
La FM: ¿Está tranquila con la decisión de la Comisión Primera de hundir el proyecto para penalizar el aborto?
 
V.M.: Esa es una discusión muy profunda que entraña un profundo sentido ético. No son propias para un debate de un segundo o dos. Lo que me parece muy sabio es que vaya a referendo, porque creo que temas como ese merecen una discusión muy amplia. En Italia lo decidió el pueblo, que el pueblo se entere y decida con sus convicciones éticas.
 
La FM: Uno se preocupa cuando ve las cifras de abortos ilegales…
 
V.M.: Claro que es preocupante. Los tres casos en los que la Corte Constitucional permitió el aborto, los despenalizados, no son el gran número. En esa discusión no están incluidas las mujeres que abortan por otras circunstancias y que son realmente el número de abortos que se cometen en el país.

La FM: Sobre el caso de los primos Nule (detenidos por su presunta participación en el carrusel de la contratación) se conoció que se podría llegar a un proceso de oportunidad con la Fiscalía. ¿Cómo va este proceso?

V.M: Va lento, porque estos son temas bastante delicados e investigaciones muy grandes. La Fiscalía no ha decidido el principio de oportunidad para los Nule. Es cierto que desde la Fiscalía anterior, cuando se vincularon al proceso, hablaron la posibilidad de acudir a un principio de oportunidad. Pero esta decisión no se ha tomado. Se ha hablado de principio de oportunidad o preacuerdos. Pero lo que es claro es que hay unos requisitos, unas exigencias para otorgar esos beneficios, los cuales la fiscalía considera que no se han dado.

La FM: Hay mucha preocupación porque se ha hablado de un fecha de imputación de cargos para los contratistas Emilio Tapias, Julio Gomez y al abogado Álvaro Dávila. ¿Qué ha pasado?

V.M.: Se ha manejado la posibilidad de un preacuerdo con los contratistas. Se han estado escuchando en largas larguísimas horas. Seguramente va a haber un preacuerdo con los contratistas por la colaboración que han prestado.

Esto ha significado abrir un nuevo capítulo en la investigación. Se va a vincular a políticos y más personas del sector privado.

La FM: ¿Y está conforme con la decisión de que el caso del grafitero (Diego Felipe Becerra) pase a la justicia penal militar?

V.M.: La fiscal no puede estar contenta o descontenta. La decisión se tiene que tomar en derecho. La investigación que adelantó la Fiscalía puede ser muy importante para cualquier decisión. Pero lo que pasa es que aquí hay una figura del fuero militar, que es cuando un miembro de la fuerza pública comete un delito en relación o en un acto de servicio debe ser juzgado por la justicia militar. Obviamente hay excepciones cuando se cometen delitos que se pueden catalogar como de lesa humanidad o gravísimas violaciones a los derechos humanos. Este es un caso típico en relación con la ejecución del servicio y debe ir a la justicia penal militar. De lo contrario, se generaría una nulidad por falta de competencia.