Martes, 2 de septiembre de 2014

INTERES CUANTO VALES

| 1986/12/15 00:00

INTERES CUANTO VALES

Ponencia sobre reforma urbana admira a más de uno, pero asusta a más de dos.


A pesar de estar considerada en la Constitución, la palabra "expropiación" ha sido vista siempre como una espada de Damocles por los grandes latifundistas y se ha convertido en el caballito de batalla de todos cuantos han querido hablar de reforma agraria. Asustó a los aludidos cuando Galán la soltó en televisión en el momento en que se desarrollaba el debate electoral frente a Gómez Hurtado. Asustó cuando el presidente Barco la pronunció en su discurso de posesión y asustó cuando el ministro de gobierno la dijo frente a los parlamentarios en su primera intervención en el Congreso.

La semana pasada volvió a aparecer el "coco" de la expropiación, pero esta vez no se había quedado en el campo. En la ponencia sobre el proyecto de reforma urbana presentado por Aurelio Iragorri y por Ernesto Samper, ponente de última hora, la expropiación quedó convertida en el plato del día. Hasta el punto de que hay quienes afirman que este no es un proyecto de reforma urbana sino una propuesta para reglamentar la expropiación, que es apenas uno de los muchos elementos que debe contemplar una auténtica reforma urbana. Inclusive el propio título de la propuesta reza: "Proyecto por el cual se dictan normas sobre compra, venta y expropiación de bienes".

El proyecto de los ponentes acoge el que había presentado hace unas semanas el gobierno, pero le hace algunas adiciones que no solamente han asustado aún más a quienes se sienten potencialmente vulnerados, sino que ha escandalizado a algunos sectores políticos. Por un lado, le introduce al proyecto original algunos aspectos confusos, como el de establecer la operancia de las acciones contencioso administrativas, en las que los expropiados cuentan con los recursos de apelación e incluso con la posibilidad de demandar a la entidad expropiante, condición que permite prolongar el proceso casi indefinidamente; además, propone la disminución de la cuota inicial de un 30% a 20% de los pagos a los expropiados, y la prolongación por un año más--de 5 a 6--el término que originalmente proponía el gobierno para el cubrimiento del pago total de la deuda a los expropiados (lo cual le saldría más costoso al Estado). Pero la esencia del proyecto descansa básicamente en tres puntos que son los que se han considerado como espinosos.

·El proyecto contempla la imposición de multas sucesivas hasta por cinco millones de pesos para quienes hagan uso indebido de la tierra: aquellos que construyan o urbanicen sin licencia o contravengan en alguna medida las normas establecidas por la licencia. A los urbanizadores piratas se les expropiaría prescindiendo de la indemnización, y quienes hayan sido sus compradores están en todo el derecho de exigir la completa restitución de los dineros entregados al urbanizador pirata. Por otro lado, cuando se presenten casos como este, los títulos de propiedad del inmueble quedarían ipso facto en manos de los "pirateados" .

·Un punto que ha causado menos preocupaciones es el de los bancos de tierras. Esta propuesta que parece ser el aporte al proyecto del ex socialista Humberto Molina, en la actualidad del grupo de Samper, considera la constitución de algunos organismos que se encarguen de la compra y enajenación--voluntaria o forzosa--de terrenos. Además, las propiedades municipales serán entregadas a los bancos de tierra y estos estarán destinados a ser el sostén de los planes de desarrollo municipal.

Un malicioso representante del Partido Liberal le comentó a SEMANA sobre este punto: "Con los bancos de tierras y la legalización de las invasiones, se ha constituido el coto de caza de los invasores".

·Otro de los puntos que tienen espina es el de la extinción del dominio sobre inmuebles urbanos. De acuerdo con este, se darían tres años para que los inmuebles urbanizables sean objeto de construcción, o de lo contrario prescribe su dominio. En los terrenos en donde hubo invasiones y se han consolidado asentamientos habitacionales, se autoriza al ICT para que se encargue de la legalización de estos títulos.

De los tres, el punto que más ha asustado en la ponencia de los senadores Iragorri y Samper es el de la legalización de títulos para las viviendas de "interés social". Esta clasificación estaba en el proyecto inicial del gobierno, aunque no muy definida. Y se sustenta en el artículo 30 de la Constitución que habla de la "función social de la propiedad". Sin embargo, la forma como fue planteada en el nuevo proyecto es la que ha hecho que se le tenga miedo.

En primer lugar, se habla de que los bienes urbanísticos de interés social son aquellos que tienen un precio inferior a 200 salarios mínimos (algo así como tres millones y medio de pesos) que en realidad no atiende la demanda de los sectores más bajos de la población, ya que ese precio es el de una vivienda de tipo medio.

Por otro lado, suprime una serie de requisitos legales para la vivienda de interés social. No se exigen licencia de construcción, ni paz y salvo de ninguna especie, ni reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, para quienes se dediquen a construir viviendas de este tipo. Esto, aunque aparentemente va dirigido a favorecer al pequeño constructor evitándole toda clase de trámites engorrosos, puede convertirse en la mejor fuente de urbanizadores piratas, ya que cualquiera puede dedicarse a construir "con interés social" sin cumplir ningún requisito.

Suprime también los requisitos para los préstamos de vivienda o el pago parcial de cesantías, para las personas que quieran adquirir o construir este tipo de vivienda. Aunque parece favorecer a los trabajadores y destechados, lo que fomentaría, en opinión de algunos, es una anarquía en la que al final de cuentas los únicos perjudicados serán los trabajadores, quienes pedirán sus cesantías pero no estarán obligados a invertirlas en vivienda, con lo que se generaría una desviación de la prioridad de las prestaciones acumuladas para tal efecto.

La desviación del ahorro y la cesantía es uno de los temores que ha suscitado esta ponencia. Para muchos, lo único que dejará, será una anarquía en la construcción y una falsa ilusión para los destechados.

Otros acusan a la ponencia de ser una "jugada populista típica de Samper". Y hay quienes incluso afirman que lo que se estaba buscando era favorecer a la esfera de influencia política del senador en Bogotá. Sin embargo, hay sectores en los que se ha llegado a considerar como una renovación urbana con ribetes socialistas.

En resumen, el proyecto es el resultado de una especie de consenso entre las diferentes propuestas presentadas, que incluye la del Nuevo Liberalismo y la de la UP. Pero ha despertado fuertes críticas de algunos sectores del Partido Conservador, que sostienen que la ponencia está escrita en "palabras de un discurso de Los Laches".

Conservadores consultados por SEMANA afirmaron que Ernesto Samper "usurpó" la ponencia del proyecto de reforma urbana, asignada en un principio al senador Aurelio Iragorrri, para legalizar la "informalización de la economía, en lugar de formalizar los sectores informales".

Ciertas o exageradas, estas críticas podrían ser muy poco útiles a la hora de la verdad. Porque las reformas presentadas por el gobierno pueden pasar con el sólo apoyo del Partido Liberal, y al parecer, el presidente Barco se ha dedicado últimamente a "darle duro al azadón", de manera que quede abonado de aquí a diciembre el camino para que el liberalismo se comporte como un auténtico partido de gobierno. Es decir, para que lo respalde.--

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