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| 2/26/2011 12:00:00 AM

Intolerancia

Cada día más, el colombiano soluciona sus conflictos a bala, a puñal y a pico de botella. ¿Qué nos pasa?

Un hombre coge a balazos una buseta porque obstruye su paso cuando para a dejar un pasajero. Los hijos de un exmilitar y de un expolicía tienen un altercado después de una fiesta, que termina con la muerte a puñaladas de uno de ellos. Un estudiante acuchilla a otro hasta la muerte porque le dio un cigarrillo a su novia. Lo que empieza como una pelea por una toalla termina con un hombre muerto de cuatro tiros en un sauna. Este es apenas un puñado del sinnúmero de episodios que han ocupado los titulares de los medios en Colombia en las últimas semanas, que empiezan a generar la sensación de que la intolerancia y la violencia reactiva o fortuita están creciendo en el país.

No se trata de una sensación. Las cifras son dramáticas. Hace siete años, un 10 por ciento de los homicidios registrados por el Observatorio del Delito de la Dijín de la Policía eran atribuidos a riñas; hoy son casi el 40 por ciento del total. En un lustro, entre 2004 y 2009, la tasa de lesiones por violencia, que compila Medicina Legal, pasó de 200 a más de 300 por 100.000 habitantes. Nueve de cada diez lesiones personales el año pasado fueron por riñas (en 2003, eran seis de cada diez) y los casos de homicidios por "intolerancia social" -una categoría introducida por el Observatorio del Delito de la Dijín hace unos años- vienen subiendo geométricamente desde 2007. Crecen la violencia entre parejas y entre familiares, el maltrato infantil y contra adultos mayores: entre 2004 y 2009, los casos de violencia intrafamiliar saltaron de 60.000, una cifra ya muy elevada, a cerca de 95.000.

A pesar de que, según el general Óscar Naranjo, director de la Policía, el año pasado el país tuvo la tasa de homicidios más baja de las últimas dos décadas, con 15.459 casos, esa medida sigue siendo una de las más altas del continente, con 34 por 100.000 habitantes. Aunque es lugar común decir que esto se debe a la guerra prolongada y sangrienta -cada vez más rural- que ha vivido el país, en términos reales los asesinatos atribuibles directamente al conflicto armado rondan el 5 por ciento del total (832 en 2010). El resto se atribuye al crimen organizado, desbordado en las ciudades y en amplias regiones del país, y, de manera creciente, a un fenómeno que, a riesgo de cierta imprecisión, se puede nombrar con una palabra: intolerancia.

Los ciudadanos de a pie tienden a resolver hasta los más nimios conflictos a bala, a puñal o a punta de pico de botella. Aun sin conflicto o razón aparente, reacciones brutales estallan y terminan con muertos y heridos. Aunque es difícil establecer cuántos homicidios y lesiones severas se cometen por este tipo de reacción instintiva (Medicina Legal tiene información sobre las circunstancias de los primeros solo en dos de cada diez casos), la Policía dice que, en los últimos años, en promedio, 37 por ciento de los asesinatos son producto de venganzas personales, riñas o hechos ocasionales que terminan en violencia.

¿Por qué?

Una pregunta que siempre ha gravitado entre los especialistas es si, además de que los grupos armados y el narcotráfico han tenido por décadas a medio país en jaque, Colombia está inmersa en una cultura de la violencia que permea la vida de toda la sociedad.

Las respuestas no son alentadoras. Si bien el crimen organizado es una realidad en el mundo y crece exponencialmente en América Latina, hay muestras de que en Colombia esa cultura que genera reacciones brutales en la vida diaria es más generalizada. Carlos Mario Perea, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional, comparó el caso de ciudades colombianas con México y Centroamérica, y encontró que mientras en estos países el crimen organizado es responsable hasta de un 92 por ciento de las muertes, en Colombia hay mayor participación de la sociedad en los actos de violencia, y prácticas macabras como las limpiezas sociales han convertido en rutinario cierto tipo de muertes, como las de consumidores de drogas o ladronzuelos. La frase "si lo mataron fue por algo" es un reflejo de cómo la normalidad del homicidio y la atribución de la culpa a la víctima -no al asesino- son peculiaridades de esta sociedad.

"La violencia urbana no se ha estudiado a fondo en el país", dice Perea. Hay literalmente una batalla de cifras y un sinnúmero de estudios de percepciones de seguridad, pero se desconocen muchos detalles sobre la manera como matan, mueren y se agreden los colombianos. Según el Observatorio del Delito, por ejemplo, en 2009 hubo 55.000 lesiones personales; según Medicina Legal, serían 138.000. Distintas metodologías; diferencias gigantescas. Se sabe por Medicina Legal que un 81 por ciento de los crímenes se cometen con armas de fuego, pero no es posible establecer si se trata de armas amparadas o ilegales, pues en un 73 por ciento de los casos se tiene un cadáver pero no se sabe nada del hecho.

Así, la idea de que una cultura violenta se ha arraigado entre los colombianos es compartida por muchos. El sacerdote jesuita Horacio Arango, que estudia desde hace años la violencia en Antioquia, dice que en Colombia no se logró construir una ética pública fuerte, de respeto al otro, en medio de un proceso de modernización y urbanización acelerado, y que terminaron imponiéndose los valores del narcotráfico, "del dinero y el poder por encima de la vida humana".

La antropóloga María Victoria Uribe atribuye el problema a "un conflicto prolongado con ingredientes como el narcotráfico y el sicariato. Se ha devaluado la vida humana". Casi todos los analistas consultados por SEMANA ven conexiones entre la violencia organizada y especialmente la que se ejerce con complicidad de políticos y miembros del Estado, y la que impera entre los ciudadanos. El mal ejemplo viene desde la cúspide: "Qué se puede esperar del ciudadano común cuando hemos visto un proyecto político triunfante montado sobre el ejercicio sistemático de la muerte", señala Perea refiriéndose a la parapolítica. El mismo análisis cabría para los 'falsos positivos', que es tal vez el más emblemático y brutal ejemplo de desprecio por la vida de parte de una autoridad uniformada. "El que puede instaurar una ética de la vida es el Estado, pero si navega en la corrupción, es muy complicado", dice el sacerdote Arango.

El semiólogo Armando Silva añade a este quiebre social y moral el caos de la vida urbana. "Estamos apiñados, no hay aire, el tráfico es complicado, eso genera rabias. Son agentes estresantes de la acción violenta", dice. Tan estresada vive la gente que hay actos de violencia cotidiana que muestran que cada uno vive a su manera sus "días de furia", como en la película protagonizada por Michael Douglas en la que un veterano de la guerra de Vietnam, ofuscado en un trancón, decide convertirse en asesino sin freno por un día. Silva pone como ejemplo a un motociclista en Barranquilla que se enojó tanto porque un policía le pidió papeles que prefirió quemar la moto a pagar la multa. Más que hogares, decenas de miles de familias en Colombia parecen más bien teatros de guerra, en los que las víctimas son los niños y las mujeres.

El historiador Jorge Orlando Melo cree, en la línea conceptual de la cultura ciudadana, que la explicación reside en una combinación de factores: una sociedad mata (o se agrede) más o menos dependiendo de las condiciones sociales, que determinan qué tan favorable es el entorno para el delito; de las oportunidades de beneficio que perciben los criminales y de la fuerza de las barreras éticas, culturales y legales frente al crimen. "La aceptación de la violación de la ley en casos menores facilita la aceptación de la violación más grave", dice.

En esto coincide con Mauricio García, quien ha investigado la transgresión a las normas y ve una línea común entre dejar caer un papel en la calle y resolver una disputa a bala. "Hay una relación entre la facilidad con la que se violan normas de espacio público y las infracciones más graves. Uno de los problemas de Colombia es que hay mucha impunidad legal, pero sobre todo, mucha impunidad social: cuando uno critica al que incumple la norma, le caen encima. Es tan peligrosa la impunidad social como la penal. Hay una relación entre ambas, entre delitos menores que nadie sanciona y que la gente deja pasar y delitos mayores", sostiene.

Hay que incluir también en el análisis la combinación de altos costos de acceso a la justicia y bajos costos de cometer una agresión. Por un lado, la burocracia, la corrupción y la lentitud en investigaciones y procesos judiciales desaniman al ciudadano, y el temor a retaliaciones inhibe la denuncia; por el otro, la alta probabilidad de salir impune anima al infractor a pegar, matar o cometer un crimen. Desempeña un papel también la ausencia del Estado o su falta de eficacia, especialmente la falta de acceso a la justicia. Muchos conflictos terminan en violencia porque no hay quien medie o sancione a tiempo a las partes enfrentadas. Eso favorece la justicia por mano propia. Según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, un 35 por ciento de los crímenes son por venganza, lo cual apunta a un fracaso de las políticas de convivencia y de la justicia para pequeñas causas.


Todos a las armas

Pero si Colombia tiene el infortunio de vivir en perpetuos ciclos de violencias que se mezclan y crean un explosivo coctel molotov y que son difíciles de separar en el análisis, hay otros factores que facilitan que cualquier malentendido pequeño termine en un homicidio o una agresión salvaje. Uno, clave, es la proliferación de armas de fuego. Una cosa es que una persona se salga de casillas con otra por algo nimio como un incidente de tránsito; otra, muy diferente, es que tenga un arma en la guantera y, en un arranque de rabia, decida dispararla, como ocurrió recientemente en Bogotá cuando un escolta levantó a tiros una buseta llena de pasajeros que le obstruía el paso.

El debate sobre si prohibir o no las armas de fuego es espinoso. Hay experiencias contradictorias para mostrar si portar armas incide o no en los índices de homicidios. En Estados Unidos se atribuye a la libertad constitucional para comprar armas, incluso de largo alcance, que sus ciudades tengan tan altos índices de violencia. Se calcula que 250 millones de armas son responsables de 30.000 muertes violentas al año, entre ellas, ocho niños cada día. Pero en sociedades igualmente armadas, como la suiza, a pesar de que hay más de dos millones de fusiles de asalto en las casas de los ocho millones de habitantes del país, en promedio hay 300 asesinatos o suicidios con ellas al año. Las armas por sí solas no explican la violencia, sino el tipo de sociedad en que circulan.

En Colombia hay 1,2 millones de armas con salvoconducto, de las cuales por lo menos la mitad están en manos de la fuerza pública y el resto, en las de particulares, y se calcula que circulan 2,5 millones de armas ilegales. Todas ellas producen unas 12.000 muertes al año, de las cuales menos de una décima parte son producto del conflicto armado. Es decir que en este país la violencia por armas de fuego es cien veces más letal que en Estados Unidos. Aún así han fracasado los intentos de regular el porte de armas, con el argumento de que el problema no son las que tienen salvoconducto, sino las ilegales.

Los investigadores Jorge Restrepo y Édgar Villa hicieron un estudio el año pasado para medir el impacto de la prohibición del uso de armas en la temporada navideña de 2009, que se aplicó en 18 departamentos. La conclusión es que se evitó un 15 por ciento de las muertes, y que medidas como esa sí funcionan, pero de manera temporal y unidas a una fuerte iniciativa de cultura ciudadana.

Lecciones no aprendidas

Policía y Fiscalía se han concentrado en trabajar contra el crimen organizado. Sin embargo, está probado que una actuación preventiva de las autoridades sí funciona para disminuir la violencia en una ciudad. El mejor ejemplo es la Bogotá de los años noventa. Cuando el alcalde Antanas Mockus instauró su política de 'vida sagrada' y su célebre 'hora zanahoria', los homicidios bajaron de manera dramática y duradera. De 80 homicidios por 100.000 habitantes en 1993, la capital pasó a 19 en 1998 y se ha mantenido por debajo de esa cifra. Para Melo, esto puede atribuirse a la apuesta por la cultura ciudadana que lideró Mockus, no solo basada en campañas simbólicas y de valores, sino en abrir oportunidades de inclusión social para los sectores más pobres y en instaurar el ejercicio de la legalidad, también, con medidas de Policía y justicia.

Paul Bromberg, quien reemplazó a Mockus en la Alcaldía, dice que un factor muy importante fue el desarme obligado que se hizo. La combinación de pedagogía humana, oportunidades, mano dura y cultura de la legalidad fueron una fórmula cuya alquimia ha dado el mayor resultado en el país y en el continente. Por eso es inexplicable que la administración de Bogotá, como otras y como la propia Policía, haya bajado la guardia en el diseño de políticas de convivencia.

Un factor de fondo que puede ser parte de la explicación -y de la solución- es, paradójicamente, la seguridad democrática. Durante los ocho años anteriores el gobierno nacional se concentró en el combate a los grupos que amenazaban la democracia, como los guerrilleros y paramilitares, pero fracasó en su intento por contener la reproducción del crimen organizado y, más aún, la violencia cotidiana. El acento en el combate a los grupos armados descuidó el flanco de la seguridad ciudadana. Varias de las cifras de violencia en las ciudades vienen subiendo desde comienzos o mediados de la década de 2000 y no se vio una estrategia consistente para enfrentar el fenómeno. Esta tarea se ha dejado a las alcaldías, pero, salvo contadas excepciones, no hay programas fuertes de convivencia.

En muchas ciudades el énfasis se puso, y se mantiene, en las medidas punitivas y policiales más que en las culturales. Recientemente ha generado un agrio debate la medida tomada por la rectora de un colegio de Bogotá, quien decidió instalar cámaras para vigilar los alrededores de los planteles -para evitar el microtráfico y el matoneo, entre otras prácticas- y monitorear así a los estudiantes (la violencia en los colegios y entre muchachos muy jóvenes, niños en no pocos casos, es todo un capítulo en esta historia). Muchos expertos, como Melo, han cuestionado esta medida, porque convierte al colegio en un panóptico y porque en lugar de promover la educación para la libertad se basa en el control policivo.

La Policía, aunque reconoce la alta incidencia de la intolerancia en el universo de los crímenes que se cometen en Colombia, también explica el aumento de cifras de violencia como un asunto de percepción. Por un lado, dice que la gente ahora denuncia más y, por otro, que al bajar la intensidad del conflicto armado las otras violencias se hacen más visibles y cobran mayor despliegue en los medios de comunicación. Pero la realidad es tozuda y los hechos demuestran que, independientemente de lo que pasa en el imaginario de la gente, muchos colombianos siguen desangrándose en la calle por una mirada, una palabra o un error cualquiera.

Qué hacer

Que la ilegalidad y la violencia hayan calado hasta el tuétano a la sociedad colombiana no significa que el país esté condenado al destino de 'mataos los unos a los otros'. El aumento de la violencia cotidiana tiene una estrecha relación con la falta de políticas públicas complejas y sostenidas para enfrentarla.

Todos los analistas consultados por SEMANA, desde distintas disciplinas, coinciden en que urge una política que apunte a reconstruir el tejido social, la ética pública y los valores humanitarios. Es decir, que ahora que la seguridad ciudadana está en el ojo del huracán no basta con que se multipliquen los recursos de Policía y Fiscalía, ni que se endurezcan las leyes. Aunque suene muy abstracto, el ejemplo de Bogotá de finales de los noventa es un caso paradigmático. Lo que hizo una secuencia de varios alcaldes de la capital fue asumir la inseguridad como un problema de toda la administración y la seguridad como un bien público, con implicaciones para la educación, la salud pública y la movilidad, y no solo como un asunto criminal.

Por otra parte, hay que entender que el urbanismo y el mobiliario también inciden en el comportamiento de la gente. "Nos dimos cuenta de que la mayor intolerancia se producía en zonas muy deterioradas o de nuevo poblamiento donde había mucha precariedad", dice Álvaro Camacho Guisado, investigador social que trabajó en aquella época en la estrategia de convivencia de la ciudad. Estas zonas suelen ser también de baja presencia institucional. "Lo estético incide. Cuando la gente ve orden en lo público, ese orden es una especie de disuasión para conductas que violan las normas", dice Mauricio García, poniendo como ejemplo los cambios en ese campo que introdujo el alcalde Giuliani, de Nueva York, que se acompañaron de una baja notable en la criminalidad.

Otro gran componente es la cultura ciudadana, construida no solo desde campañas pedagógicas, sino desde una funcionalidad de las instituciones que permita reducir los incentivos perversos para cometer delitos y aumentar la sensación de que habrá sanciones a los que rompan lo que Mockus llamó "el tabú de la muerte". Por último, Bogotá se dotó de una sofisticada información sobre los delitos que se cometen, dónde, cuándo, cómo y por qué, y estos datos han sido definitivos para enfrentar el problema.

La reconciliación, en su sentido más amplio, debe ser un tema central de la política. Acompañada de medidas prácticas, como drásticas restricciones al amparo y porte de armas y el fortalecimiento de la justicia, mecanismos ágiles de conciliación en conflictos de pequeña envergadura, que son la mayoría de los que sufren los ciudadanos del común, pueden ser, a la vez, educativos y preventivos. La actitud de la gente frente a la violencia es determinante no solo para evitar que muchos carguen una pistola en el bolsillo y que la usen en el primer arrebato de rabia, sino que puede quitar al menos parte del piso que hoy tienen los grupos de delincuencia organizada o bandas criminales. Como dice García, la solución pasa por combinar la solución moralista, la cual procura enseñar al ciudadano nociones morales de respeto a la vida y a la ley, con la solución represiva, que garantiza un castigo para la infracción y reduce la impunidad.

Si algo está claro es que en lo profundo del inconsciente colectivo de los colombianos, cada crimen por aislado que parezca, tiene nexos profundos con una historia de cinco décadas de degradación, mafias y guerra. El problema está a la vista y las soluciones, sobre el tapete. La cuestión es que las autoridades se decidan a dar el timonazo. Mientras eso no suceda, la ley de la selva seguirá imperando en la vida cotidiana de los colombianos.

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