¿Intromisión o necesidad?

Jorge Humberto Botero, el ministro de Comercio Exterior, tiene la costumbre de guardar absoluto silencio frente a temas que le inquietan. Y nada le ha despertado tanto mutismo como la radicación en el Congreso de un proyecto de ley que pretende establecerle parámetros al equipo del gobierno que iniciará en mayo la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El autor de la iniciativa, el senador Rodrigo Rivera, explica que el proyecto, que él llamó "ley espejo", se basa en los mismos principios que fija el Congreso de Estados Unidos mediante la Autorización de Promoción Comercial (TPA por sus siglas en inglés), más conocida como "fast track", mediante la cual le da al Presidente facultades especiales para suscribir más ágilmente este tipo de acuerdos.

Tan sólo tres artículos de la iniciativa de Rivera, como consta en un informe elaborado por su propio despacho, son de su cosecha. Además hay otro artículo que retoma el tema agrario, texto ya aprobado en la Reforma Tributaria que pasó en diciembre de 2003, y uno más estipulado en el Plan de Desarrollo 'Hacia un Estado Comunitario'.

El senador Luis Guillermo Vélez reconoce que la iniciativa es una copia a la colombiana del TPA, aunque recalca que el articulado "tiene buena fe y buena voluntad y quiere llamar la atención del gobierno sobre la importancia de abrir el debate del tema". El senador Rivera afirma que la radicación del proyecto obedeció a la falta de interés que tuvo el Presidente para debatir este tema con el Congreso. El propósito del proyecto es llevar al gobierno a suscribir un acuerdo político frente al tema TLC, en la medida en que el mismo Rivera reconoce que el Congreso es "fundamentalmente agrario", lo que le aseguraría el apoyo de los diferentes grupos liberales y conservadores al articulado.

"Yo siento que va a haber una mayoría abrumadora en el Congreso, y el silencio del Ministro es indicativo de que el gobierno no se atreverá a enfrentarse al proyecto", sostuvo el congresista a finales de la semana pasada. Pero a estas alturas del partido, el ministro Botero ya ha decantado el asunto y en entrevista con SEMANA advierte que "el proyecto es inadecuado porque invade las competencias del Presidente en el manejo de las relaciones internacionales y restringe de manera inadecuada las potestades del gobierno en relación con la negociación".

El trámite del proyecto requiere cuatro debates para convertirse en ley. Pero las dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa son grandes. El investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina sostiene que se estaría violando el mandato constitucional según el cual los proyectos vinculados con relaciones internacionales deben ser de iniciativa gubernamental y no parlamentaria. "Me parece que el Congreso se está metiendo a dirigir las relaciones internacionales, dice Reina, y además está promoviendo un proyecto de ley en un área, la de política comercial, donde el único que puede promover este tipo de iniciativas es el Presidente".

En el ámbito parlamentario la iniciativa tiene cierto encanto porque les brindaría facultades excepcionales en el campo del comercio y las relaciones exteriores, una tentación que muchos no resistirían. Y el ministro Botero señala que este es en el fondo el riesgo del proyecto porque crearía antecedentes sobre la competencia del Presidente y los futuros gobiernos en temas como, por ejemplo, la delimitación de áreas submarinas.

En río revuelto

El episodio ha servido incluso para sacar a flote las diferencias profundas que se manejan en el gobierno respecto del TLC. Algunos congresistas están convencidos de que hay un distanciamiento entre los jefes de la cartera de Comercio, Botero, y de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, que no es novedosa a pesar de los pronunciamientos sobre la unidad en torno a la negociación. A tal punto, que Rivera los bautizó los "halcones" de Comercio y las "palomas" de Agricultura.

El senador Luis Guillermo Vélez recalcó la inconveniencia de la discrepancia de posiciones entre los jefes de estas carteras por el desgaste que del debate interno que llevaría al país a negociar el tema agropecuario desde una posición débil. El presidente de Analdex, Javier Díaz, sostuvo que a pesar de la estrecha relación existente entre el Ministro de Comercio y Ministro de Agricultura, las posiciones son diferentes. "Pero parte del proceso es llegar a temas consensuados, ese ejercicio interno hay que hacerlo antes de sentarnos a la mesa porque con Estados Unidos hay que llegar con una posición unificada", dijo.

El tiempo se agota y en menos de tres semanas se realizará el primer encuentro para definir las reglas del juego que seguirán las ocho rondas entre los negociadores colombianos y los estadounidenses. Y aunque el ministro Botero asegura que no hay divergencias -citando como antecedente el acuerdo total en Can-Mercosur-, sí reconoce que están trabajando para armonizar las posiciones de las dos carteras.

De todos modos, en términos generales el gobierno ha manifestado de manera abierta su disposición a suscribir un acuerdo político con el Congreso para fijar unos principios básicos de interés nacional en la negociación. La tarea se centra, por el momento, en conseguir el respaldo político para la negociación porque es a todas luces el aspecto que más crudo se encuentra.

Hay otro punto clave que el gobierno también debe considerar desde ahora y es la intervención de un interlocutor político que negocie con el Departamento de Estado norteamericano cláusulas especiales para Colombia, en consideración del conflicto armado que sufre el país, el cual no se puede comparar con la situación política de países como Chile o los centroamericanos.

Lo sustancial, la otra agenda

Más allá del debate sobre la conveniencia o no de la 'ley espejo', el tema de fondo que toma fuerza se relaciona con la agenda paralela que el país debe iniciar de inmediato para aprovechar las ventajas de acceso a mercados que podría brindar un eventual TLC con Estados Unidos, y sobre todo programas de mitigación de riesgo para sectores sensibles del agro y la industria.

Alejandro Gaviria, ex subdirector de Planeación Nacional, sostiene que no se trata de una sola agenda sino de un gran proyecto para establecer las estrategias en materia agrícola e industrial. "Pero la más grande es la agenda del área social porque el gobierno, si quiere vender el TLC, debe manejar una agenda social muy fuerte, con un norte claro", dice.

Lo grave, según Díaz, es que ni siquiera el presidente Uribe tiene definido el tema de la agenda paralela. Y el ministro Botero sostiene que esa hoja de ruta está definida por el Plan de Desarrollo; no obstante, las políticas generales trazadas allí no contemplaban un escenario de negociación con Estados Unidos.

En el proceso, sin embargo, hay margen suficiente para que Colombia obtenga cooperación en dinero y en asistencia técnica para sus sectores sensibles. Existe el antecedente de Costa Rica, que logró la creación de un fondo con recursos del gobierno estadounidense para atender sus segmentos más lesionados con el TLC.

La cercanía del inicio de las negociaciones llevó al Ministro a romper su silencio y ahora Botero reconoce que incluso un capítulo de ayudas económicas está contemplado en la negociación, a pesar de que, de manera personal, él ha expresado que no le gustan los subsidios de ninguna especie.

Ante la iniciativa parlamentaria que surge ahora en el Congreso de que es necesario darle una ley marco al TLC, y la convicción de muchos de que se requiere negociar una agenda paralela política y social que tenga en cuenta las condiciones sociales y de inseguridad del país, es importante que el gobierno le pierda el miedo a que el tema sea discutido ampliamente por el país, en especial en el foro político natural que es el Congreso. Claro está que en el entretanto debe velar para que esto no signifique que se le enreden más cuerdas para sentarse en la mesa con Estados Unidos, en una negociación que de por sí es bastante difícil.