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| 6/3/2017 10:15:00 PM

Operación Acordeón, la justicia española pone su lupa en Colombia

Se abrió un nuevo frente de investigación para indagar, con la ayuda de la Fiscalía y la Procuraduría, las operaciones que Inassa, filial de Canal de Isabel II, hizo en Colombia de 2012 para atrás. ¿Qué están buscando?

Las autoridades españolas decidieron abrir un nuevo capítulo dentro de las investigaciones que adelantan contra más de 70 personas, entre ellas reconocidos políticos del Partido Popular (PP), por haberse enriquecido con las operaciones que la empresa Canal de Isabel II tenía en América Latina. A la Operación Lezo, que se concentró en investigar la compra de la firma brasileña Emissão Engenharia e Construção por seis veces su valor, ahora se le abre la Operación Acordeón, que indagará cómo la empresa española se hizo al control de Inassa y a una serie de compañías de servicios públicos en América Latina, cuya base fue la empresa de acueducto barranquillera Triple A.

En esta nueva etapa, la Fiscalía Anticorrupción española indagará por las operaciones que se hicieron en 2002, 2006 y 2012 para aumentar o disminuir el capital así como la distribución de los dividendos entre los socios. También se mirará en especial, la manera cómo Inassa, empresa creada por Aguas de Barcelona para comprar en 1996 una pequeña parte de Triple A, terminó en manos de Canal de Isabel II.

Como se sabe, la empresa de servicios públicos de Barranquilla fue manejada desde 1996 como socio gestor de Inassa, sociedad que fue constituida por Aguas de Barcelona y por Fidugán, en la que están varios reconocidos empresarios de la Arenosa. En marzo de 2000, Aguas de Barcelona les vendió a sus socios colombianos el 20 por ciento de Inassa y salieron de la sociedad.

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Tras su salida, los socios locales fortalecieron a la Triple A con nuevos negocios en otros países. A finales de 2001 Canal de Isabel II compró el 75 por ciento de Inassa, lo que le permitió quedarse con el 60,4 por ciento de la Triple A, a través de la compra de una sociedad holding en Panamá. Como Aguas de Barcelona vendió el 20 por ciento de Inassa, pero se había presentado como operador calificado, el precio de venta ha generado confusión sobre si hubo o no una diferencia justificable entre el precio al que vendió y el precio al que luego vendieron el 75 por ciento los socios colombianos.

En España se piensa que de la Triple A salieron recursos para financiar las campañas electorales. Lo que se investiga es saber si esto es cierto, y, si lo es, en qué fechas pudo haber ocurrido y quiénes serían los responsables. Pero si este hecho es grave, también lo es que muchos millones de dólares terminaron en los bolsillos de varios líderes del PP, especialmente de la Comunidad de Madrid como Ignacio González, familiares, amigos y funcionarios. Las autoridades creen que también funcionarios, políticos y empresarios de este lado del Atlántico se habrían beneficiado.

Eso es lo que diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos le piden a la Justicia que aclare en una ampliación de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 25 de mayo. En diálogo con SEMANA, el diputado Eduardo Gutiérrez dijo que “todos los grupos políticos hemos acordado llevar el caso de Canal de Isabel II a la Comisión de Investigación de la Asamblea, porque de manera reiterada sus directivos se han negado a comparecer ante la Asamblea y lo hacemos porque tenemos informes de sus operaciones ocultas en América Latina. Quiero llamar la atención también porque no solo ha habido un presunto saqueo de dineros públicos de los madrileños. Ha habido saqueo de las arcas públicas de nuestros hermanos de América Latina y sabemos que la Procuraduría General de Colombia está haciendo las gestiones para que la acepten como parte en el proceso de la Operación Lezo”.

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Como parte de la Operación Lezo ya han sido detenidas 12 personas en la península, entre ellos González, quien también fue directivo de Canal de Isabe II, varios familiares, así como su mano derecha en América, Edmundo Rodríguez Sobrino, el principal directivo de Inassa en América Latina que tiene su sede en Barranquilla. El colombiano Diego García Arias está entre las más de 50 personas imputadas por las investigaciones del Caso Lezo. Ahora con la Operación Acordeón otros españoles o compatriotas que pasaron por esa empresa también estarían en la mira.

Desde la captura de González y de Rodríguez Sobrino, los medios han filtrado interceptaciones telefónicas que revelan el desvío de grandes cantidades de dinero de comisiones o pago de sobornos, han investigado sus patrimonios y se ha demostrado que poseen bienes injustificables y gastos por encima de sus ingresos.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Carlos Yáñez, en diálogo con SEMANA, dijo que a pesar de que el 81 por ciento de Inassa es de Canal de Isabel II y de los contribuyentes de Madrid, las operaciones en América se manejaron como si fueran privadas. Prácticamente nunca fueron auditadas. “Nosotros estamos investigando conductas de directivos de una empresa pública, lo que tendrán que explicar a los madrileños es qué hicieron con los dineros girados a América Latina, en qué los invirtieron y cómo, por qué actuaron como un ‘holding’ privado si es una empresa pública. Que tengan claro que Canal de Isabel II no es una multinacional, tendrán que decirnos a dónde se fue el dinero de los españoles”.

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Luces y sombras

El caso que busca las huellas de lo hecho en América por la empresa pública Canal –bautizado como Operación Lezo– es sumamente complejo y se ha prestado para que sea el terreno en el que se libre una violenta guerra, incluso de desinformación, no solo dentro del PP, sino de todos los partidos políticos. Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría colombiana adelantan investigaciones para ayudarle a la Justicia española a aclarar lo ocurrido y para determinar quiénes en Colombia se habrían beneficiado o permitido esta oscura trama.

Las dudas sobre el desvío de dinero y pago de coimas las empezó a sembrar el mismo Ignacio González, no solo por su actuar en los últimos años, sino por lo que decía. En una de las conversaciones interceptadas por orden de la Audiencia Nacional, ampliamente difundidas por la prensa española, este dice que la compra de Inassa en 2001 por parte de Canal fue un “pelotazo” por la cantidad de dinero que se habría desviado y reconoce que su sucesora en la empresa, Cristina Cifuentes, “no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001”, cuando al frente de la comunidad estaba Alberto Ruiz-Gallardón.

Mientras que en España algunos medios y políticos sostienen que Inassa, que tenía el control de la Triple A, se compró por tres o cuatro veces su valor, quienes hicieron parte de la operación en Colombia piensan distinto. Varios directivos y exdirectivos dijeron a esta revista que la operación fue clara, que la empresa se vendió en un proceso normal, por un valor de mercado y negaron que hubiera habido pagos a políticos del PP.

La discusión tanto en España como en Colombia ha estado centrada en dos aspectos: el valor que Canal de Isabel II pagó por Inassa (USD 73 millones) y por qué una empresa pública de Madrid compró otra en Colombia, pero a través de Panamá. Para desvirtuar la afirmación de que se pagó diez veces el valor de Inassa, como aseguran en España, exdirectivos de la sociedad dijeron a SEMANA que esta fue clara, con todos los procesos y trámites que se usan en este tipo de operaciones y sin ningún pago de sobornos.

Para hacer esa y otras operaciones se contrataron reconocidas firmas. En octubre de 2000 la empresa Rothschild valoró el 75 por ciento de Inassa entre 75 y 96,24 millones de dólares. En 2001 CAP&AFI la estimó en 121,95 millones de dólares. Los españoles pagaron finalmente 73 millones de dólares por Inassa, incluyendo algunas de sus filiales como AAA Servicios, responsable de las operaciones de Metroagua en Santa Marta, Amagua en Samborondón (Ecuador) y AAA Dominicana.

La valoración que se hizo fue ocho veces el valor del ebitda de la empresa, una cifra normal para este tipo de operaciones, dijo uno de los exdirectivos, quien rechazó las acusaciones que se han querido sembrar en torno a esta operación. “Quienes hablan de ‘pelotazo’ pretenden enlodar a empresas, profesionales y administradores públicos para tapar las fechorías que años después (quizá 2008) en adelante pudieran haberse cometido”.

Para el pago de la empresa, Canal II suscribió a través de una filial un préstamo con el BBVA y la Caja Madrid por 51,1 millones de dólares, entidades que avalaron la operación.

Lo cierto es que una comisión de la Fiscalía Anticorrupción de España llegará en los próximos días para tratar de buscar la información que necesitan para desenredar este complejo caso. Lo que deben tener claro algunos funcionarios, exfuncionarios y empresarios colombianos y españoles es que la Operación Acordeón no será para amenizar parrandas.

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