Domingo, 23 de noviembre de 2014

| 2013/09/16 00:00

Revive proceso contra 12 congresistas

El Consejo de Estado solicitó los antecedentes de los legisladores relacionados con la fallida reforma a la justicia.

Congresistas esperan decisión del Consejo de Estado.

El capítulo de los ‘micos’ y de las gabelas para los congresistas contenidos en el proyecto de Reforma a la Justicia no está del todo enterrado. Si bien el proyecto se hundió en su momento, ahora el problema les quedó a los 12 congresistas que participaron en la conciliación de la ley,  los cuales están demandados por el abogado Saúl Villar ante el Consejo de Estado por haber, “legislado en causa propia”.

La acción fue radicada contra la investidura de: Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales, y los representantes Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo.

El caso se está convirtiendo en un reto para el Consejo de Estado, debido a que la ponencia de fallo de la magistrada María Claudia Rojas, que proponía absolverlos por una inmunidad constitucional que protege a los congresistas de cualquier tipo de juzgamiento por sus intervenciones, fue derrotada.

La Sala Plena del Consejo de Estado le pidió a la magistrada que prácticamente reconstruya la ponencia por no aportar los elementos suficientes para tomar una decisión de fondo. Además le piden que incluya en la ponencia nuevas pruebas en el proceso que busca sacar a 12 ‘pesos pesados’ del Congreso.

Semana.com tiene en su poder el auto expedido el 11 de septiembre por la magistrada María Claudia Rojas Lasso, en el cual mediante seis puntos se decretan las nuevas pruebas. En ella solicita a la Corte Suprema, Procuraduría, Contraloría y a la Secretaria General del Consejo de Estado que certifique, “si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (junio del 2012), cursaba algún proceso de acción de nulidad electoral, investigación penal, disciplinaria o fiscal contra los conciliadores del proyecto”, señala el auto.

Igualmente se solicita al Congreso de la República que “certifique qué o cuáles congresistas integrantes de las comisiones de conciliación suscribieron el respectivo informe de conciliación, que fue sometido a la aprobación de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes”.

Al termino de dicha práctica de pruebas, el Consejo de Estado tendrá en sus manos el futuro político de varios de los congresistas que están salpicados por los presuntos ‘micos’ que se le adicionaron al fallido proyecto de Reforma a la Justicia.

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