Ordóñez, con una vela en la Corte Suprema y otra en el Consejo de Estado

La reelección de Alejandro Ordóñez tuvo un ingrediente que finalmente le costó el puesto. Se trata de las decenas de nombramientos que el entonces procurador hizo a familiares de congresistas y magistrados que terminaron jugando un papel clave en las votaciones que le permitieron quedarse cuatro años más y que hoy vuelven a estar en la mira de la justicia. 

En el 2016, a escasos cuatro meses de terminar su periodo, la reelección de Ordóñez fue anulada en el Consejo de Estado. El tribunal encontró que esa práctica constituía una violación al artículo 126 de la Constitución en donde se prohíbe el “yo te elijo, tú me eliges”. La teoría parecía obvia pero había sido utilizada por segunda vez en ese alto tribunal. Meses atrás con esa misma interpretación, la misma corte había anulado también la elección de los magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar en el Consejo Superior de la Judicatura.  

Uno de los argumentos que utilizó el Consejo de Estado en su caso tiene que ver con los nombramientos que este habría hecho a parientes de magistrados de la Corte Suprema: Ruth Marina Díaz y Javier Zapata. Y ahora, cuando esa entidad se encuentra en una purga interna sin antecedentes por cuenta del escándalo de Ricaurte y Leonidas Bustos, la lupa volvió a ponerse sobre el caso Ordóñez.

Le recomendamos: "Hoy lo revolucionario es lo conservador": Ordóñez

El mismo ex procurador fue quien reveló la semana pasada que la Corte Suprema adelanta una investigación en su contra que podría frustrar sus aspiraciones políticas.Ordóñez siempre ha sostenido que existen razones políticas para estos procesos por cuenta del rechazo que él sostiene al proceso de paz. “Es el precio que se debe pagar por decir No a la impunidad, por enfrentarse al régimen”, cuestionó.  

SEMANA tuvo acceso al auto a través del cual el 11 de octubre el magistrado Rigoberto Echeverri, como presidente de la Corte Suprema, abrió investigación contra el exprocurador. Según el documento, una vez se agotó el estudio de los impedimentos de los magistrados, el 26 de noviembre del 2015 se inició una indagación preliminar.  

Ordóñez fue ternado por el Consejo de Estado para su primer periodo y para su reelección por la Corte Suprema de Justicia. Como él es el jefe de la procuraduria, la entidad de llevar a cabo los procesos disciplinarios en el país, una investigación de esa naturaleza contra él tiene que ser llevada por la Corte Suprema en un proceso de única instancia. Sin embargo, las normas contemplan que si el procurador fue postulado por esa corporación, el competente para conocer será la sala plena del Consejo de Estado y la conducción de ese proceso estará a cargo del presidente de la respectiva corporación.

Esta doble condición derivó en que el magistrado Echeverri compulsara copias al Consejo de Estado para que investigue lo relacionado con el segundo periodo de la administración de Ordóñez. Este solo aparte de la decisión anticipa un arduo debate al interior del Consejo de Estado, que de entrada tendrá que resolver si existen razones para que los magistrados que componen la corporación se aparten de esta nueva discusión sobre la que ya algunos se pronunciaron. Una mayoría de 14 dieron su voto por la nulidad de la reelección de Ordóñez.    

Puede leer: Ordóñez dice que volvería a quemar libros y lo considera “un acto pedagógico” 

El mismo presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, quien tendría que llevar la instrucción del proceso en lo que resta del año, ya votó la demanda de nulidad que interpuso el constitucionalista Rodrigo Uprimny. Ahora tendrán que estudiar la queja disciplinaria que varios ciudadanos preocupados, encabezados por Rodrigo Uprimny, interpusieron ante la corte.  

Las pruebas

Según reposa en el auto de apertura, la corte cuenta con las gacetas del Congreso que registraron la elección y la reelección de Ordóñez como Procurador General, incluyendo los impedimentos manifestados por los parlamentarios. En el documento también se cita la certificación que expide la Procuraduría en donde da información sobre 34 personas referidas por el demandante, informa si en realidad trabajaron en la entidad, relacionan los cargos desempeñados, la naturaleza de los mismos y el lapso en el cual ejercieron. Igualmente se hace una relación de requisitos exigidos para su desempeño, las normas que así lo disponen y el funcionario ante el cual tomaron posesión.  

Igualmente, se incorporó el acta de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 29 de agosto del 2012 en la que consta la postulación que hizo esta corporación de Ordóñez como ternado para que fuera considerada su reelección por el Senado de la República; la información incluye los impedimentos manifestados por algunos magistrados.  

Una vez revisada esta información, la corte deberá determinar si Ordóñez no cumplió con sus deberes, desconoció prohibiciones e incurrió en faltas antes descritas se hace necesario decretar la apertura de investigación. “Tendrá por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es o no constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su ocurrencia, los perjuicios causados a la administración pública con la falta y la responsabilidad disciplinaria del investigado”, dice el documento.  

De tal manera que cita para escuchar los testimonios de las siguientes personas: Rafael Eugenio Quintero Milanés, Juliana Valencia Andrade, Ana Josefa Velasco, Carmen Helena Gómez Segura, Olga Lucía Cadavid Castro, Olga Lucía García González, Martha Cristina Pineda Céspedes, Campo Elías Daza Oñate, Emiro de Jesús Vivero, Jesús Muñoz Vega, Nelso Uriel Flórez, Freddy Martínez Martínez, Carmen Celina Ibáñez, Mercedes Lucía Navarro, Patrona Amparo Villanueva Olivieri, Margarita Sarmiento Barragán, Jesús Antonio Sanabria, Ramiro Nicolás Nassiff García, Julio Álvarez, Raúl Blanco Hernández, Luis Gonzalo Olarte Cely, Carlos Augusto Wilches, María Claudia González, Alberto Hoyos López, Augusto Arango, Javier Hernández Botero, Lorena Ivette Mendoza Marmolejo, Jaime Alberto Ochoa, César Augusto Murcia Suárez, Andrés Felipe Vanegas, Cristina Vargas Rojas, Dina Margarita Zabaleta Molina, María del Mar Martínez Chocue y Luis Eduardo Astaiza Ordóñez. A la Registraduría Nacional, la corte solicita copia de los registros civiles de Rafael Eugenio Quintero Milanés, Jorge Luis Quintero Milanés, Juliana Valencia Andrade, Hernán Andrade Rincón, Ana Josefa Velasco, José Leonidas Bustos Martínez, Carmen Helena Gómez Segura, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Olga Lucía Cadavid Castro, Olga Lucía García González y María Elizabeth García González.

En video: Análisis de la Gran encuesta presidencial

El alto tribunal también pide un informe detallado a la Procuraduría sobre las condiciones en que fueron elegidos Marta Cristina Pineda Céspedes y Jesús Muñoz Vega. La primera es la esposa del ex magistrado Leonidas Bustos. En el requerimento solicitan informar las fechas en que ejercieron sus cargos, si reunían exigencias para tomar posesión, cómo fue su proceso de selección, y los decretos y resoluciones de nombramiento.

El Consejo de Estado, por su parte, deberá informar también cómo se discutió y aprobó la terna de Ordóñez a Procurador General y cuáles fueron los impedimentos que se tramitaron en ese proceso.  

Cuando el Consejo de Estado discutió la nulidad de su elección tardó más de tres años en dar su veredicto final; el trámite estuvo marcado por discusiones de impedimentos, recusaciones, recursos de nulidad, aplazamientos. Hasta que finalmente, en plena discusión de la paz, se tomó la decisión de sacarlo de su cargo. 

El proceso contra Ordóñez se deriva posiblemente del hecho que la esposa de Leonidas Bustos, uno de los mayores implicados en el entramado de corrupción del momento, era procuradora de él en la época en que este era magistrado de la Corte Suprema. Sin embargo, es poco probable que derive en algo contra el ex procurador. Por un lado, porque la investigación disciplinaria podría apartarlo del cargo, algo que ya pasó con el proceso del Consejo de Estado, y posiblemente inhabilitarlo para hacer política. Pero es poco probable que esa decisión pueda darse antes de la campaña presidencial para la que Ordóñez ya está jugado. Por otra parte, si la Corte Suprema no puede investigarlo y el Consejo de Estado ya se pronunció sobre su caso, es posible que el expediente no avance rápido. 

El procurador general tiene fuero y para las investigaciones penales es necesario que lo acuse el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Ese escenario todavía no se ha dado. Esa es la razón por la cual la investigación solo puede ser disciplinaria y no penal, lo que significa que no existe ninguna posibilidad al momento que se traduzca en sanciones como cárcel. 

Sin embargo, en donde sí puede haber una nueva línea de investigación es en los congresistas. La Corte citó a más de una decena de personas para determinar si efectivamente Ordóñez les entregó puestos a cambios de ese voto. Si eso se llega a confirmar con algún parlamentario, ese alto tribunal sí podría investigarlos penalmente.  En ese escenario podrían investigar por ejemplo si Juliana Valencia Andrade fue familiar y cuota del senador Hernán Andrade Rincón en la entidad y si son familia. Como se recordara, Andrade fue uno de los clientes de Gustavo Moreno. En ese escenario, la investigación que comienza podría abrir otro capítulo del escándalo que ha conmocionado a la rama judicial.