Galán y Palacio de Justicia: se corrige la historia

En las últimas semanas han ocurrido dos hechos trascendentales en la Justicia del país. Y no deja de llamar la atención que ambos se estén dando de manera simultánea. 

Por un lado, en Brasilia, entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, Colombia estuvo en el banquillo de los acusados en el juicio quizá más crítico para el país en las últimas décadas. Los agentes del Estado tuvieron que dar explicaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985. El veredicto se conocerá en cuatro meses y existe una alta probabilidad de que Colombia sea condenada.

Por otro lado, en Bogotá, la Fiscalía llamó a juicio el martes de la semana pasada a dos exoficiales de la Policía, que ocupaban cargos estratégicos para la protección de Luis Carlos Galán la noche de 1989 en que el candidato presidencial fue asesinado (el comandante de Policía de Soacha y el jefe de protección del DAS). La rapidez de este llamado a juicio contrasta con la lentitud con la que se ha movido este caso en otras instancias.

Estos casos tienen en común que en ambos se está corrigiendo la historia que hasta ahora se había escrito sobre ellos. O, mejor, se está abriendo un capítulo muy complejo: el de la responsabilidad de los agentes del Estado en estos dos episodios, que sacudieron en su momento al país.

Y eso es significativo en una Nación como Colombia, en donde la Justicia por décadas se ha hecho muchas veces la de la vista gorda sobre el papel que han desempeñado policías, militares o agentes del DAS en casos de alto impacto.

¿Qué está pasando en cada caso? La investigación de los desaparecidos del Palacio de Justicia, por ejemplo, había pasado prácticamente en blanco durante 20 años. Hasta 2005, cuando la Fiscalía puso el ojo en el coronel Alfonso Plazas Vega y el año pasado el Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de segunda instancia, le ratificó la condena de 30 años y dejó al descubierto nuevos frentes para investigar. 

Por eso, el fiscal Montealegre expidió una resolución para reorientar el expediente y tomó al pie de la letra lo que le pidió el Tribunal: 1) investigar al exdirector de la Policía de la época, general Víctor Delgado Mallarino, por “el posible delito de desaparición forzada”, y 2) investigar la presunta participación del entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez, y de agentes de ese organismo, en los interrogatorios y desaparición de rehenes y guerrilleros.

A pesar de que el fallo del Tribunal de Bogotá se conoció en enero de 2012, esta nueva fase de la investigación apenas se abrió el 18 de octubre pasado, es decir, cuatro semanas antes de que se llevaran a cabo los debates finales del juicio del caso de la toma del Palacio de Justicia en la CIDH.

En Brasilia, Colombia cambió su estrategia de defensa y la vocera del Estado, Adriana Guillén, directora de la Agencia para la Defensa Jurídica, pidió perdón a las víctimas y reconoció la culpa del Estado en dos de las desapariciones (la de Irma Franco y la de Carlos Augusto Rodríguez), la omisión en nueve más (pues el fallo del Tribunal de Bogotá no pudo probar la acción del Estado en estas) y tortura (en los casos de los estudiantes de Derecho Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, detenidos por los militares, maltratados y luego liberados porque el tío de Matson, que era gobernador de Bolívar, intercedió por ellos).

Sin embargo, a pesar del cambio de estrategia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de armar el proceso (la Corte es la que da el fallo), tuvo palabras muy duras sobre el papel cumplido por las autoridades colombianas. El presidente de la Comisión, José Orozco, dijo en la audiencia que el Estado aún no ha dado una “respuesta satisfactoria” a las violaciones ocurridas durante la toma del Palacio. 

Y planteó en su acusación una tesis muy complicada para los agentes del Estado, pues prácticamente los señala de complicidad en la toma. Orozco explicó que a pesar de que el Estado sabía de la posibilidad del asalto de la guerrilla, “la seguridad fue retirada unos días antes”. Y según él, esa decisión buscaba facilitar la toma y así “eliminar miembros y simpatizantes del M-19”.

En otras palabras, la CIDH avala la interpretación más extrema que se ha hecho de lo ocurrido, según la cual la Policía y el DAS habrían diseñado una estrategia para cazar a los guerrilleros dentro del Palacio y este habría sido un factor definitivo en el holocausto. Orozco añadió que “se constató que después de la retoma hubo torturas físicas y psicológicas” y que “los casos de desapariciones y torturas siguen impunes”, pues “aunque algunos militares fueron condenados”, las sentencias “aún no se ejecutan”.

Varios expertos allí presentes le dijeron a SEMANA que la condena contra Colombia se da como un hecho.

En el caso del asesinato de Luis Carlos Galán ocurre algo similar. En los primeros 20 años de uno de los crímenes más impactantes en la historia de Colombia, no se investigó el papel que desempeñó el DAS y en particular el jefe de escoltas asignado a Galán, a pesar de todas las evidencias en su contra. Ni tampoco se investigaron las fallas de la Policía. Las pesquisas se agotaron en los autores intelectuales (Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha) y algunos materiales (paramilitares del Magdalena Medio).

El diseño de la investigación dio un vuelco cuando el fiscal, Eduardo Montealegre, decidió crear la Unidad de Análisis y Contexto, un novedoso equipo de investigadores que se dedica a atar cabos que han quedado sueltos en casos de gran importancia para el país. Entre esos casos están los magnicidios. El primero al que le metieron el diente fue al de Luis Carlos Galán y comenzaron recogiendo todos los expedientes sueltos en distintas fiscalías. “En total eran 75 cuadernos, más todos los anexos. Era, literalmente, un cuarto lleno de papeles”, dice el director de la unidad, Alejandro Ramelli.

Lo más sorprendente es que el grupo de nueve analistas encontró similitudes con los asesinatos de los también candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Básicamente “una alianza criminal de narcos, paras, políticos, representantes de sectores económicos y algunos agentes del Estado –dice un documento de la Fiscalía– que en la década de los ochenta actuaron de manera conjunta para ejecutar variedad de planes criminales”. 

Ese hallazgo los llevó a leer otros expedientes en los cuales encontraron nuevas pistas. Y nueve meses después, la Fiscalía llamó a juicio al capitán Luis Felipe Montilla, quien era comandante de la Policía de Soacha por la época del atentado, y al coronel Manuel González, entonces jefe de protección del DAS. 

El giro interesante es que hasta ahora se había manejado la hipótesis de ineptitud o negligencia de estos dos agentes del Estado encargados de la protección del líder liberal, pero la Fiscalía considera que son piezas de la macabra tenaza con la mafia. 

En el caso del capitán Montilla, la Fiscalía dice tener evidencias para demostrar que la pancarta que debía ser utilizada para proteger a Galán, que estaba a cargo de diez hombres de la Sijín, terminó usada por los sicarios. El coronel González, por su parte, tendrá que responder por recomendar y darle todo tipo de prerrogativas a Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas de Galán, ficha clave en su crimen.

La revisión histórica que está haciendo la Justicia pisa sin duda muchos callos. No obstante, si se maneja de manera adecuada, en el país podrá comenzar a hacer carrera la idea de que, a diferencia de antes, no hay impunidad para los agentes del Estado que se corrompan. La investigación dirá si fueron ineptos o si eran parte de una empresa criminal.