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| 11/12/2016 10:00:00 PM

Los contratistas sufren el trancón de Invías

La entidad se está quedando sin recursos para pagarles por las restricciones fiscales. La Cámara de la Infraestructura pide al gobierno agilizar giros por 800.000 millones de pesos para que los proyectos no se paren.

El ambicioso programa de infraestructura que adelanta el gobierno nacional, en cabeza del vicepresidente Germán Vargas Lleras, podría verse afectado por el fuerte apretón fiscal en todas las entidades públicas, en especial el Invías.

El lento flujo de recursos está haciendo que la ejecución de grandes proyectos, claves para la conexión del país y el transporte de carga, empiecen a avanzar a un ritmo menor por la demora en los pagos del gobierno a los contratistas. Entre ellos, podrían estarse afectando la doble calzada Buga-Buenaventura, el nuevo puente Pumarejo, la vía Medellín-Quibdó y el túnel de La Línea, obras que están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

La causa de los problemas es que esta entidad se quedó sin recursos y adeuda a los contratistas 510.000 millones de pesos, que corresponden a cuentas de cobro radicadas hasta la fecha. La denuncia la hizo Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien en una carta enviada el viernes al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le sugirió asignar al Invías las partidas necesarias para agilizar las obras.

La falta de recursos afecta también varias carreteras que conectan al país. Entre ellas están San Francisco-Mocoa, Inzá-La Plata, Quibdó-La Virginia, Salamina-Fundación, Florencia-Puerto Rico, entre otras.

Según Caicedo las necesidades de caja de la entidad ascienden a más de 800.000 millones de pesos, que representan cerca del 60 por ciento del presupuesto de la entidad para este año. “Si bien es cierto que el país se encuentra atravesando por una situación fiscal muy complicada (...), no debe perderse de vista que las inversiones por 1,4 billones de pesos que tiene presupuestadas el Invías para 2016 son fundamentales para mantener a flote a la economía colombiana”, indicó el dirigente gremial.

Por la falta de recursos el retraso en los pagos supera los 90 días, lo que pone en aprietos a los contratistas y afecta la ejecución de los proyectos si se tiene en cuenta que el capital de trabajo de estas empresas depende exclusivamente de los giros que realiza el Invías por avance de obra.

La preocupación de los contratistas y de la CCI no es menor. Como se sabe, este gobierno contrató numerosas obras sin el pago de anticipos para evitar los errores que se habían cometido en el pasado. A cambio, los constructores que se han ganado las licitaciones deben financiarlas con recursos propios y cobrarlas, a medida que avanzan, con los peajes o con el cobro directo al Invías o a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Si bien las miradas se centran en el Invías, la ANI también estaría empezando a tener problemas para el pago de las obras que tiene bajo su control. Se supo que una factura presentada por la concesionaria de la vía Bogotá-Villavicencio no se ha podido pagar porque Hacienda no le ha girado los recursos a la entidad. Sin embargo, esta afirmó que hasta el momento no hay problemas y que los pagos se vencen el fin de año.

Hay que recordar que la infraestructura es uno de los sectores clave para lograr un mayor crecimiento económico del país, en momentos en que hay claros síntomas de desaceleración –el PIB crece al 2 por ciento– y que para el año entrante se esperan las mayores ejecuciones. Muchas obras se pagarán con vigencias futuras y si no se cumplen los cronogramas se puede generar un efecto dominó que termine por afectarlas.

Carlos García, director del Invías, dijo que el gobierno está haciendo un esfuerzo para solucionar las dificultades que se han presentado con los pagos, y señaló que el Ministerio de Hacienda le giró a la entidad 100.000 millones de pesos, que fueron repartidos entre todos los contratistas de las obras que ejecutaron en julio y fueron cobradas en agosto. “Queremos enviar un mensaje de tranquilidad, pues sabemos la importancia que estas obras tienen para la economía y crecimiento del país, y no vamos a permitir que se paralicen o se disminuya la velocidad”, dijo García, quien señaló que esta semana recibirán otros 100.000 millones que les girará Hacienda.

En igual sentido se pronunció el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien aseguró que el gobierno abonará 300.000 millones de pesos antes de terminar el año y que ningún proyecto se parará por falta de pago, al tiempo que indicó que este es un problema de caja, y no presupuestal, debido a las restricciones fiscales.

El mayor abono lo recibió el contratista del puente Pumarejo en Barranquilla, con 13.500 millones de pesos. En esta obra los trabajos nocturnos se habían suspendido y reducido la intensidad de los diurnos. Este es un proyecto que comprende inversiones por cerca de 650.000 millones de pesos y que debe estar listo en agosto de 2018.

En cuanto al túnel de La Línea, los problemas no están relacionados con la advertencia que ha hecho la Cámara de la Infraestructura. Este proyecto tiene un retraso de ocho meses debido a fallas geológicas y sobrecostos, entre otros. El valor inicial de esta obra, que lleva en ejecución cinco años, era de 629.000 millones de pesos, pero terminará costando más de 1 billón.

El tema se ha vuelto un gran dolor de cabeza para el gobierno. En enero de 2015 declaró la caducidad del contrato, pero después de negociaciones con el contratista Carlos Collins decidió darle una nueva oportunidad con el compromiso de que entregara el proyecto en noviembre de este año. El contratista pidió un nuevo plazo y al paso que va no se sabe a ciencia cierta cuándo entregará la totalidad de las obras. Sin embargo, el ministro de Transporte afirmó que el plazo previsto para la entrega es en 2018, y no será modificado. Lo que no puede pasar es que Collins justifique las demoras de sus incumplimientos por los problemas de caja del Invías.

Es indispensable que esta entidad reciba los recursos requeridos para impulsar este sector, y sacar adelante muchas de las carreteras que requieren las regiones colombianas que hacen parte del programa Vías para la Paz. Este plan incluye inversiones por cerca de 4 billones de pesos para vías terciarias en todas las regiones colombianas, con énfasis en las que se han visto azotadas por la violencia. El gigantesco plan de obras que se adelante en todo el país es vital si se quiere salir del rezago en el que está Colombia.

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