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| 1/6/2011 12:00:00 AM

Invierno: Estado de Emergencia Social se prorroga 20 días

La decisión del Gobierno está acompañada por un conjunto de decretos para atender la emergencia humanitaria. Damnificados podrán acceder a empleos de emergencia durante seis meses y se reduce a 100 km. por hora la velocidad en carreteras.

Extender la vigencia del Estado de Emergencia Social, Económica y Ambiental por 20 días es la primera de las decisiones que el Gobierno dio a conocer este jueves, al término del primer consejo de ministros de 2011. Asimismo, se expedirán nuevos decretos en salud, empleo y educación.

Uno de ellos es la creación de empleos de emergencia para los damnificados que, sin pagar salud ni pensión, podrán trabajar durante seis meses en las zonas afectadas por inundaciones o deslizamientos de tierra con el fin de ayudar a la remoción de escombros. El monto de las prestaciones sociales las deberán asumir los empleadores.

También se aumentará del 24,5 por ciento al 25 por ciento los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a la prevención en salud pública, en situaciones relacionadas con la actual emergencia. 

Se reduce a 100 kilómetros el límite de velocidad en carreteras

A su turno, el ministro de Transporte, Germán Cardona, anunció la reducción del límite de velocidad en carretera de 120 a 100 kilómetros por hora, dado que el estado de las vías no son las adecuadas para conducir a esta velocidad.

“Hay más de 250 puntos impactados por problemas de vías y pasos restringidos. Si las carreteras colombianas no son aptas para manejar a 120 kilómetros, mucho menos ahora para transitar en medio de esta emergencia invernal. Esperamos que los colombianos se autorregulen y entiendan que debemos ser cautelosos”, aseguró Cardona.

1.800 colegios afectados

Al término de la reunión, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, informó que creció el número de establecimientos educativos que están afectados en su infraestructura, situación que preocupa cuando quedan pocas semanas para comenzar el ciclo académico en el país.

“Las noticias no son buenas. Tenemos afectadas cerca de 1.800 sedes educativas. 1.400 de ellas tienen infraestructura afectada en diferentes niveles y otras 400, que están en buen estado, en estos momentos son usadas como albergues. Esto impacta la matrícula de mas de 520 mil niños en el país”, dijo Campo.

La Ministra informó que están en el proceso de identificación de las instituciones en donde se establecerá la doble jornada: un grupo de niños estudiará en la mañana y otro en la tarde. A los estudiantes damnificados que deban trasladarse, el Estado les pagará el transporte.
 
La construcción de albergues temporales ya comenzó, anunció la Ministra. Sin embargo, llamó la atención a los gobernadores y alcaldes para que en lo posible trasladen a las familias que viven en los colegios y recurran a los subsidios de arrendamiento.

Mientras tanto, iglesias de todos los credos y salones comunales son adecuados para el inicio de clases programados para finales de enero.

“Medidas contra invierno son insuficientes”: Procuraduría

Las medidas adoptadas, incluidas en los 13 decretos expedidos en el Estado de Emergencia, aún son insuficientes en relación con la protección de los derechos a la salud y la alimentación de los damnificados, según el Ministerio Público.

La avalancha de quejas que varios damnificados del invierno, que aseguran no haber recibido la asistencia humanitaria, motivó a que las Procuraduría iniciara una vigilancia preventiva con el propósito de garantizar la protección de los derechos de la población afectada por la más fuerte ola invernal que ha sufrido el país.

Pero no es la única vigilancia. La Procuraduría ha examinado los 13 decretos expedidos por el Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias de este fenómeno natural y ha advertido que a pesar de los esfuerzos, son insuficientes las medidas adoptadas en relación con la protección del derecho a la salud y a la alimentación de los damnificados.

La Procuradora delegada para la defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, reveló que le pidieron de manera específica al Ministerio de la Protección Social información sobre las medidas adicionales para la protección de estos derechos.

“Haremos un seguimiento general a todas las medidas adoptadas por el Gobierno y desde la Procuraduría Delegada a mi cargo enfatizaremos en los derechos de los niños, las mujeres y las personas en situación de discapacidad. (…) Tenemos una preocupación por los departamentos de la costa norte; en el caso del departamento de Bolívar, la mitad de los damnificados son niños”, explicó Hoyos.
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