¿Irá a la cárcel?

Cuando se supo la noticia de que la Procuraduría lo había destituido, el exministro Andrés Felipe Arias apareció en varios noticieros expresando su dolor. "¡Imagínese, son 16 años! Eso son cuatro periodos presidenciales. Esto casi que quiere decir que me acabaron la carrera política".

Esa frase revela dos características de su personalidad. La primera es que siempre está haciendo cuentas -ya, por ejemplo, hizo escenarios matemáticos de lo que puede pasar con su caso ante la justicia-. Y la segunda es su ambición política: cuando estaba en el colegio Columbus School de Medellín, apostó con una profesora que llegaría a ser presidente de la República.

Tal vez, en ese entonces, no estaba del todo equivocado. Andrés Felipe Arias llegó a convertirse en el niño precoz de la política en Colombia. Apenas hace dos años, cuando tenía 35, las encuestas ya decían que podía llegar a ser presidente. Y lo tenía todo para serlo: un padrino político como Álvaro Uribe, el personaje más influyente de la primera década de este siglo en el país. Un palmarés académico calificado por los más estrictos como brillante. Un partido como el Conservador, que era mayoritario en ese momento y que lo único que necesitaba para llegar al poder era una figura carismática como él. Y eso sin mencionar sus tremendas habilidades como manzanillo.

Pero todo cambió de la noche a la mañana. En una sola semana, el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó de su puesto y lo inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos; y la fiscal Viviane Morales le imputó dos delitos -celebración indebida de contratos y peculado en favor de terceros- y pidió que lo detuvieran porque "es un peligro para la sociedad ".

¿Cómo puede suceder que una joven promesa que se perfilaba como presidente de Colombia pueda terminar ahora en la cárcel? La respuesta es una sola: Agro Ingreso Seguro. Cuando el propio Arias creó el programa, en diciembre de 2006, era inminente la firma de varios tratados de libre comercio, en particular con Estados Unidos. La idea de AIS era, a punta de subsidios, darle músculo al campo colombiano para que pudiera competir en el feroz escenario que se veía venir.

En total se habló de dos billones de pesos a lo largo de cuatro años. Pero el escándalo -que destapó la revista Cambio- se concentró en uno de los componentes del programa: el que les regalaba plata a los grandes terratenientes para construir distritos de riego en sus fincas.

En un país como Colombia, que tiene el récord de inequidad en todo el continente y donde el abandono del campo es un caldo de cultivo del conflicto, el hecho de que el Estado subsidie a los más ricos puede verse como moralmente repudiable. Y por eso se desató una ardua polémica pública, alimentada por quienes, además, veían en Arias el plan B de la perpetuación de Uribe en el poder.

Sin embargo, esa política evidentemente de derecha fue aprobada por ley en el Congreso, en 2007, y de esa manera el ministro obtuvo una especie de patente de corso para otorgar los controvertidos subsidios.

El problema legal comenzó cuando familias muy ricas del Magdalena, como los Dávila y los Vives Lacouture, se dieron cuenta de que era tan buen negocio que decidieron fragmentar sus predios para acceder a más subsidios. Este truco permitió hacerles el quite a los topes permitidos, y así lograron recibir en rama cerca de 10.000 millones de pesos del Estado. Dinero que, hace unos meses y para tratar de aliviar sus deudas con la justicia, tuvieron que devolver. La fiscal Viviane Morales habla de un total de 26.400 millones involucrados en el delito de peculado, pues incluye otros casos similares a los de los Dávila y los Vives.

El dilema es el siguiente: una cosa es un ministro que otorga legalmente subsidios, así sean muy criticables, lo cual no es delito. Y otra cosa distinta es que ese ministro entregue los subsidios a quienes no tiene que dárselos y estos, a su vez, terminen financiando su campaña política, que es lo que trata de demostrar la Fiscalía que pasó en el caso de Andrés Felipe Arias.

El ataque y la defensa

En un auditorio colmado de periodistas, asistida por cerca de veinte colaboradores y acompañada de sus hijos, la fiscal Viviane Morales lo dijo sin ambages: "El doctor Andrés Felipe Arias estaba sentado en el trono del reinado de la informalidad. Usó el programa como bandera y plataforma política para su aspiración presidencial". Eso, sin embargo, no es fácil de probar. Para una acusación tan fuerte como la que hizo la fiscal se esperaban pruebas más contundentes. Por ejemplo, el testimonio de alguno de los empresarios beneficiados que contara que el ministro le sugirió fragmentar los predios, o evidencias directas de la participación de Arias en ese tema. ¿Será que no las tienen? ¿O será que la fiscal está guardando las cartas fuertes para la audiencia de juicio?

En todo caso, mientras aparece una prueba reina, la estrategia de la fiscal parece ser presentar con filigrana el contexto y los pormenores de los contratos para tratar de demostrar una sola cosa: que el ministro era quien tomaba las decisiones. En otras palabras, no darle credibilidad a la defensa de Arias en el sentido de que era el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) el que tenía la responsabilidad de determinar a quién y cómo se le daban los subsidios.

Durante cuatro horas, la fiscal se dedicó a presentar sus argumentos ante el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Dijo que los convenios firmados por el Ministerio de Agricultura y el IICA para poner a funcionar el programa Agro Ingreso Seguro estuvieron plagados de vicios. En primer lugar, cuestionó que no se hizo licitación pública para contratar con el IICA, con el argumento de que ese convenio cabe bajo el paraguas de "ciencia y tecnología", y como tal podía contratarse de manera directa. La Fiscalía calificó de "fachada" ese rótulo. En segundo lugar, planteó que no solo Arias participó en discusiones en las que se impartieron directrices sobre la entrega de subsidios, sino que varios subalternos de él tomaban decisiones al respecto. Y en tercer lugar, la Fiscalía señala que no se atendieron las advertencias hechas por la firma Econometría en el sentido de que se estaba presentando fraccionamiento de lotes.

Lo que pretende demostrar la fiscal es que el ministro quería contratar a toda costa con el IICA y no modificar los términos de referencia de tal manera que pudiera manejarlos según sus necesidades. A eso se refería Morales con "el reinado de la informalidad".

Las evidencias que mostró la fiscal en esa primera parte son prácticamente las mismas con las que el procurador Alejandro Ordóñez encontró a Andrés Felipe Arias culpable de cuatro faltas y por las cuales, tres días antes de la audiencia del jueves, destituyó e inhabilitó al exministro por 16 años.

De llegar a ratificarse esa tesis, en principio desvirtuaría lo que Arias ha dicho a los cuatro vientos: "Nunca participé en la ejecución operativa, técnica y de evaluación, selección, adjudicación o interventoría de los proyectos del programa". Pero más allá de la interpretación que da la fiscal, no es claro -hasta ahora- que las evidencias permitan concluir que el ministro estuviera personalmente direccionando los subsidios.

Y el abogado de Arias, el expresidente de la Corte Suprema Jorge Gómez, dio su versión al respecto. Su tesis es que todo el programa AIS fue "satanizado" mediáticamente, cuando solo se dieron abusos de unos pocos particulares que emplearon maniobras fraudulentas para engañar al Estado.

Gómez, en una exposición que duró tres horas, explicó por qué los convenios celebrados con el IICA caben bajo el rótulo de "cooperación científica" y, por ende, se pueden pactar sin licitación. Y puso como ejemplo cómo varios ministros anteriores a Arias y Juan Camilo Restrepo después han firmado un total de convenios comparables. El jurista calificó al IICA como el organismo más competente y eficiente, con una amplia trayectoria reconocida en la región, toda vez que se trata de un organismo dependiente de la OEA. Por ello, sostuvo el abogado, es ilusorio pensar que tan respetada organización pasó a ser "un dúctil e incompetente instrumento de papel al servicio de Andrés Felipe Arias".

En cuanto al estudio de la firma Econometría, citado por la fiscal, la defensa trajo a colación una carta y una declaración de Diego Sandoval, responsable de esa firma, que aclara que en los estudios previos nunca advirtieron, como se ha dicho, sobre el posible fraccionamiento de lotes.

Tras su exposición, que se llevó a cabo el viernes, un día después de la de la fiscal, en la audiencia quedó la sensación de que el mano a mano entre la fiscal general y el expresidente de la Corte Suprema iba por lo menos en tablas.

¿La prueba reina?

Según la Fiscalía, los criterios de adjudicación de los susbsidios de AIS no eran lo único grave. Igualmente grave era el hecho de que buena parte de los beneficiarios de ese programa fueron posteriormente aportantes a la campaña presidencial de Arias. Esto sucedió, y sin duda alguna huele mal. Sin embargo, según la defensa de Arias, para que se configure como delito es necesario probar que el entonces ministro manipuló la entrega de los subsidios para que les llegaran ilegalmente a los que luego fueron aportantes a su campaña. En otras palabras, que los beneficiarios de un programa del Estado decidan por cuenta propia que la persona que lo puso en práctica debe ser el próximo presidente no significa automáticamente que la adjudicación haya sido ilegal o que estuvo condicionada a la financiación de la campaña. ¿Cuántas veces ministros que dieron subsidios de vivienda luego recibieron aportes del gremio de la construcción porque se sentían identificados con sus políticas de vivienda?

Pero si bien puede haber algunos argumentos a favor de las tesis de los abogados de Arias, también hay algunas evidencias concretas en su contra. Dos están siendo analizadas por la justicia. La fiscal presentó la primera. Según ella, varios beneficiarios de subsidios lograron que sus proyectos, inicialmente rechazados, luego fueran calificados de viables por un "panel de expertos". Esta habría sido la fórmula para darle el visto bueno a proyectos teóricamente mejorados, aunque en realidad no tenían cambios de fondo. Varios de los titulares de esos proyectos recalificados son los mismos que parcelaron los terrenos.

Y la segunda evidencia no fue presentada, porque la fiscal la guarda como una de las cartas fuertes para jugar cuando se dé la audiencia del juicio. Se trata de un testimonio, el de Julián Alfredo Gómez, hijo de un magistrado de la Corte Suprema, quien trabajó tres años en el polémico programa. Gómez contó que en 2008 se declararon elegibles 162 proyectos, pero como la plata no alcanzaba para todos, en vez de organizarlos de mayor a menor y dejar por fuera 18 proyectos, lo que hizo el comité, en cabeza del viceministro Juan Camilo Salazar, para financiar el saldo fue trasladar recursos del presupuesto del año 2009 al del 2008. Lo curioso es que la mayoría de los 18 que se habrían quedado por fuera corresponden, otra vez, a los de varias de las familias que hoy tienen líos con la justicia porque hicieron trampa en la formulación de sus proyectos.

El caso más notorio es el de la familia Vives Lacouture, del Magdalena, que de carambola logró diez subsidios de los 18 salvados con el traslado de la plata. Hoy, nueve integrantes de esta familia, que fueron beneficiarios del AIS, están acusados por la Fiscalía de haber recibido por esta vía 4.532 millones de forma irregular.

El abogado de Arias admitió que hay nombres de aportantes a su campaña que también aparecen en la lista de beneficiarios de AIS. Pero explicó que ese dinero fue devuelto, que no eran cifras altas para la campaña y leyó una declaración juramentada de Alfonso Dávila Abondano, uno de los beneficiarios-aportantes, quien afirma enfáticamente que apoyó la campaña libremente y que nunca Arias le solicitó algún tipo de colaboración para su aspiración política.

La fiscal no le atribuyó mucha importancia a esa declaración y presentó otras tres supuestas evidencias en contra de Arias -la cartilla, el spot publicitario y la puerta giratoria (ver recuadro)-, que si bien fueron ampliamente recogidas por los medios, pueden no tener la misma contundencia en términos jurídicos.

Lo que queda claro de todo lo anterior es que varios de los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro estafaron al Estado colombiano a través de falsedades, trucos y manipulaciones. Lo que está por determinarse es quiénes en el Ministerio de Agricultura fueron víctimas de este engaño y quiénes fueron cómplices. La fiscal considera claramente que Arias está más en la segunda categoría que en la primera. Pero ella es solamente la acusadora; la justicia tomará la decisión final sobre qué papel desempeñó el exministro en la entrega de esos subsidios.