Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2015/11/23 21:00

El contrataque de Cepeda al procurador

El senador del Polo y su abogado, Ramiro Bejarano, denunciaron ante la Fiscalía al procurador por presunto prevaricato. Esta es la demanda.

De izquierda a derecha: Iván Cepeda y Alejandro Ordóñez. Foto: Archivo particular

Iván Cepeda tiene un mal presentimiento. Cada vez está más convencido de que el procurador Alejandro Ordóñez lo va a destituir. Dice que lo hará por razones políticas e ideológicas, y alimentó sus sospechas hace un mes, el pasado 19 de octubre del 2015, cuando el jefe del Ministerio Público lo acusó por  “abuso de función pública” y “fraude procesal”, según el pliego de cargos que formuló en su contra.

Como se recuerda, el proceso contra Cepeda se deriva en varios testimonios de exparamilitares que le contaron de los vínculos de Uribe con el paramilitarismo. Pero, después del debate que el senador del Polo hizo contra el expresidente en el Senado, el año pasado, los exparamilitares dijeron que  Cepeda les había ofrecido beneficios a cambio del testimonio.

Ese pálpito también lo tiene el Polo Democrático. La semana pasada, su presidenta, Clara López, le dirigió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidiéndole protección para Cepeda, y garantizarle su derecho al debido proceso y a ser juzgado por una autoridad competente e independiente.

Y por si fuera poco, desde hace tres años,  Human Rights Watch también tiene ese presentimiento. José Miguel Vivanco, su director para las Américas, le envió en diciembre del 2013 una carta al procurador Ordóñez en la que se declaró “muy preocupado”  por el proceso disciplinario que se adelantaba en contra del congresista del Polo, motivado por una queja presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Cepeda, que ya ha agotado los mecanismos de defensa, ahora ha decidido dar un contragolpe. En compañía de su abogado, Ramiro Bejarano (reconocido columnista y exdirector del DAS en el gobierno de Ernesto Samper), denunció ante la Fiscalía al procurador general Alejandro Ordóñez por el presunto delito de prevaricato.

Semana.com conoció el texto de la denuncia. En ella, Cepeda y su abogado no sólo controvierten las conclusiones del pliego de cargos, sino que exponen las pruebas para evidenciar que la queja de Uribe es infundada.

Una decisión apresurada

La queja fue presentada el 18 de marzo del 2013, y cuatro meses después Ordóñez decidió abrir investigación. Según Cepeda, lo hizo “de manera intempestiva, sin el desarrollo de actividad investigativa, sin haber realizado una indagación preliminar”, con lo cual el procurador demuestra “un claro afán de agilizar los plazos de una investigación disciplinaria que tiene un final preconcebido”. Recordó que el pasado mes de octubre el procurador abrió una investigación preliminar contra el ministro Juan Fernando Cristo, por lo que no entiende que en su caso se hayan saltado esta instancia.

“Es decir, en mi caso me abrió investigación preliminar, privándome de la oportunidad del trámite de la indagación preliminar, pero en otros casos ha procedido de forma diferente, no obstante la similitud con mi situación. Ese trato discriminatorio es muy diciente del proceder delictuoso y doloso del señor Alejandro Ordóñez Maldonado en mi contra”, se lee en la denuncia.

Fallo ideológico


Para Cepeda, las decisiones de Ordóñez en su proceso hacen evidente que en la mismas “han pesado las opiniones políticas y religiosas que él tiene sobre el desarrollo de mis funciones como congresista y como político de la oposición y, en especial de mi papel de defensor de derechos humanos e impulsor de investigaciones contra violadores de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, actividad que, evidentemente, el procurador no comparte y ataca”.

Para Cepeda y su abogado, el procurador Ordóñez está advertido de la falta de imparcialidad que tiene en este caso, y recuerdan que ambos presentaron sendas recusaciones las cuales fueron negadas.   

Íntimo amigo de Uribe

La de Cepeda fue motivada en que el procurador ha desarrollado una agenda política desde su cargo, a favor de posiciones católicas radicales y de derecha, situación que ha generado choques públicos entre los dos. Además, Cepeda señala la “íntima amistad” entre Uribe y el procurador como uno de los elementos para señalar la falta de imparcialidad en el jefe del Ministerio Público.

“Alejandro Ordóñez ha actuado dolosamente durante toda esta investigación disciplinaria y ha aprovechado su condición de autoridad disciplinaria, con conciencia, de forma voluntaria y dirigida a dañar la administración pública, a mí, en mi condición de disciplinado, y favorecer al quejoso señor Álvaro Uribe Vélez”, dice Cepeda en la demanda.

Las pruebas

El senador también asegura que Ordóñez “desconoció flagrantemente” varias de las pruebas aportadas y no las tuvo en cuenta para analizar y valorar otras pruebas que hicieron parte del expediente, y que deliberadamente les restó importancia a varias de ellas, lo que en su criterio “impidió que se pudiera hacer una valoración diferente de la veracidad y objetividad de los testimonios que se presentaron en mi contra”.

Entre estas menciona el caso del testigo Gabriel Muñoz Ramírez, quien afirmó que Cepeda no tenía ningún interés en la información de fosas, siendo que el senador del Polo ha sido uno de los que más han trabajado en ese tema. Otro testigo dijo que se reunió solo con Cepeda, pero el senador presentó un acta del INPEC en que hizo frente a otros tres detenidos.

“Pero el afán de desconocer mis versiones y pruebas es tan evidente, que el procurador Alejandro Ordóñez decide actuar en contra. "Deliberadamente omitió tener en cuenta las decisiones favorables tomadas por él mismo que me beneficiaban y que podrían servir de indicios a favor de mi defensa”, dice el senador en la denuncia.

Cepeda asegura que el procurador “deliberadamente” negó las pruebas que evidenciaban un posible complot en su contra, y que con sólo dos testigos, que fueron controvertidos en el proceso, infiere que sus denuncias a Uribe han sido por enemistad o animadversión, y no por el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, las cuales, dice el congresista, demostró dentro del proceso.

Presunción de inocencia


Por eso asegura que con el pliego de cargos formulado en su contra, el procurador Alejandro Ordóñez “ha violado de manera consciente y con intencionalidad mis derechos fundamentales, especialmente a la presunción de inocencia”.

Cepeda le pide al fiscal general que abra una investigación penal y se vincule al procurador, se ordene un peritaje judicial al expediente disciplinario en su contra, y que lo más pronto posible se le cite para ampliar sus denuncias.  

Mientras Ordóñez adelanta su decisión definitiva sobre Iván Cepeda, que según los temores del congresista y a partir del pliego de cargos, ordenaría su destitución, el procurador podría afrontar un proceso penal. Todo está en manos de la Fiscalía, cuyo titular, Eduardo Montealegre, ha tenido múltiples diferencias con el procurador. En todo caso, este contraataque de Cepeda podría determinar la suerte de su proceso. 

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