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| 12/12/2013 12:00:00 AM

Cepeda: ¿la próxima ‘víctima’ del Procurador?

Human Rights Watch se declaró “muy preocupada” por un proceso disciplinario contra el congresista.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, le envió una carta al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en el que le manifiesta su enorme preocupación por el proceso que adelanta el Ministerio Pública en contra de uno de los dirigentes de izquierda del país, el representante a la Cámara del Polo Iván Cepeda.

La Procuraduría inició en días pasados una investigación disciplinaria por haber recogido en varias cárceles del país testimonios de desmovilizados de las Autodefensas relacionados sobre las presuntas relaciones del expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo, y que posteriormente los puso a conocimiento de la Fiscalía.

El proceso disciplinario se inició el pasado mes de agosto, y se originó por la queja que interpuso el equipo de abogados del expresidente de la República por una presunta “abuso de función pública” y “fraude procesal”.

La defensa de Uribe asegura que Cepeda recibió autorización para efectuar visitas a cárceles con el objeto de constatar las condiciones de los derechos humanos en los centros de detención -y no para realizar entrevistas sobre el paramilitarismo- y que deliberadamente proporcionó a las autoridades judiciales información falsa recogida en las entrevistas.

Uribe también ha alegado que Cepeda le habría dado dinero a la familia de uno de los testigos exparamilitares entrevistados. José Miguel Vivanco considera que esta acusación “podría formar parte de la investigación impulsada” por la oficina del procurador.

Según Vivanco, existen tres razones por las cuales resulta infundada la investigación contra Cepeda, pues al recabar información proporcionada por exparamilitares sobre la creación de grupos paramilitares y los presuntos delitos cometidos por estas organizaciones criminales, el congresista “cumplió con una de las principales funciones que le corresponden legalmente como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República”.

Incluso en el caso hipotético de que Cepeda no fuera miembro de la Comisión de Derechos Humanos, sus actos igualmente no habrían implicado “realizar funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan”.

Vivanco le recuerda al procurador que la Asamblea General de la OEA ha subrayado reiteradamente la obligación de los estados miembros de asegurar que el trabajo de los defensores de derechos humanos “sea efectuado en un ambiente político libre, transparente y abierto” y consideró que ese criterio debería aplicarse al congresista del Polo.

“En este sentido, cabe mencionar que el Representante Cepeda no tomó declaración bajo juramento a los exparamilitares en el marco de una diligencia judicial formal sino que, con su consentimiento y la previa autorización de las autoridades penitenciarias, filmó las entrevistas y entregó las grabaciones a las autoridades”, añade.

Y además, considera Vivanco que Cepeda estaba jurídicamente obligado a entregar las declaraciones de los exparamilitares a la Fiscalía. El artículo 67 del Código de Procedimiento Penal dispone que el servidor público que conozca de la comisión de un delito “pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.

“El representante Cepeda habría incumplido su obligación jurídica si no hubiera entregado a la Fiscalía las declaraciones grabadas de los exparamilitares, en las cuales alegan múltiples delitos graves, incluida la conformación de grupos paramilitares y asesinatos. De hecho, al no informar sobre estas declaraciones, podría haber sido legítimamente investigado por la Procuraduría, que conforme al artículo 278 de la Constitución debería desvincular del cargo al funcionario público que actúe con “manifiesta negligencia” en la “denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo”.

En la carta Vivanco le pide al procurador tener en cuenta estas observaciones y que sean interpretadas de forma constructiva. Reitera la “profunda preocupación” por el impacto que la investigación contra Cepeda “podría tener sobre las actividades legítimas e indispensables de denuncia de graves violaciones de derechos humanos en Colombia”.

La carta fue dirigida dos días después de que Ordóñez hubiera destituido a otro dirigente de izquierda, Gustavo Petro, de la Alcaldía de Bogotá, y le impuso una sanción que 15 años que para muchos sectores parece excesiva. Ordóñez durante su administración también destituyó a Piedad Córdoba y la inhabilitó por 18 años por haber excedido sus funciones de mediadora con la guerrilla de las FARC.

Por su parte, Iván Cepeda, agradeció Vivanco el llamado de alerta que le hizo al procurador. “El Procurador me está acusando por haber cumplido con mi deber y lo que dice HRW es que sería un pésimo antecedente que a un defensor de Derechos Humanos que cumple con su labor, se le persiga, se le termine investigando y eventualmente, como ha ocurrido en otros casos, también sancionando e inhabilitando”, manifestó.

Cepeda aprovechó para insistir en que el Congreso debe comenzar a trabajar en el Congreso de La República en una norma que le reste funciones al procurador. “Es un asunto que no admite más dilación. Es claro que el Procurador no tiene competencia para sancionar con destitución a funcionarios elegidos por voto popular y mucho menos para acabar con sus derechos políticos. Esas son potestades de un juez y no del procurador”.

De momento el proceso disciplinario contra Cepeda sigue su curso en la Procuraduría y podría ser uno de las decisiones más esperadas del ministerio público en el 2014, año en que Cepeda aspirará a llegar al Senado de la República.
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