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Iván Moreno. | Foto: Archivo Semana.

JUSTICIA

Iván Moreno, a juicio en la Corte Suprema de Justicia

El hermano del suspendido alcalde Samuel Moreno deberá responder ante el alto tribunal por su presunta participación en los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

8 de noviembre de 2011

En octubre del 2010, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el exsenador Iván Moreno. El 29 de abril de este año, seis meses después, ordenó su detención.

Y este martes se conoció que irá a juicio por el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el 'carrusel de la contratación'.

Moreno tendrá que responder por los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La Corte llama a juicio a Moreno luego de encontrar pruebas que lo vincularían con hechos de presión ejercidos por él para la adjudicación de contratos de obras como la fase III de Transmilenio, la malla vial, y de valorización.
 
Así mismo, hay indicios para suponer que el senador habría favorecido a su esposa en la asignación de unas bombas de gasolina en la vía Bogotá-Girardot, cuya construcción estaba a cargo de un consorcio del que hacían parte los Nule. 

El exsenador se encuentra preso desde el pasado 28 de abril, cuando fue capturado por miembros del CTI en su residencia, en el barrio La Soledad de Bogotá.

El alto tribunal le negó el beneficio de detención domiciliaria, por lo tanto, Moreno Rojas ha estado preso en el pabellón de la ‘parapolítica’ en La Picota desde entonces.

La Corte sustentó la medida de aseguramiento en que considera que Moreno habría incurrido en el delito de concusión, al supuestamente haber pedido coimas a cambio de su influencia para la asignación de contratos del Distrito.

La investigación que se adelanta contra Moreno es el resultado de una denuncia instaurada en su contra el 25 de mayo del 2010 por la Red Nacional, Regional y Distrital de Veedores Ciudadanos y Control social.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 22 años y tres meses de prisión.