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| 8/26/2014 12:00:00 AM

El Estado les salió a deber a los hermanos Moreno

Iván y Samuel Moreno alegan una presunta falta al debido proceso en las sanciones que les impuso la Procuraduría.

Bogotá aún no se repone de los estragos sufridos por el denominado ‘carrusel de la contratación’, que, según la mayoría de los testigos de los procesos penales, fue orquestado por el exalcalde Samuel Moreno y su hermano, el exsenador Iván Moreno. Ellos habrían recibido parte de las comisiones de los más importantes contratos de obra.
 
Los dos exfuncionarios actualmente enfrentan procesos penales: Iván Moreno en la Corte Suprema y Samuel ante varios jueces. Los dos, uno más que otro, han sentido el rigor de las sanciones en la Procuraduría, y muchos ciudadanos pensaron que en algún momento los dos hermanos Moreno se arrepentirían del daño que le causaron a la capital.
 
Pero no fue así y ahora los dos consideran que el Estado terminó debiéndoles. Semana.com logró establecer que la sección segunda del Consejo de Estado le abrió la puerta a una demanda de 800 millones de pesos, por presuntos perjuicios derivados de la sanción impuesta por las irregularidades del ‘carrusel de la contratación’.
 
“Solicitó al Consejo de Estado la anulación del fallo disciplinario, por una vulneración del debido proceso, ya que en el tramite disciplinario nunca existió una segunda instancia a quien acudir para apelar la destitución e inhabilidad por 20 años”, precisa la solicitud.
 
De otro lado, Samuel Moreno también enfiló las baterías contra el Estado. Interpuso una demanda contra la Procuraduría por cerca de 500 millones de pesos bajo el argumento de que “la Procuraduría no ha garantizado la efectividad los derechos; no ha protegido, respetado, ni amparado los derechos procesales y fundamentales del accionante”.
 
Moreno va más allá al señalar que se transgredió “la plenitud de las formalidades, se partió de la presunción de inocencia, se le desconoció el derecho de la práctica de pruebas, así como se le viola el derecho a una doble instancia”.
 
El alto tribunal, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, tomó la decisión de aceptar las millonarias demandas tras señalar que cumplía los requisitos mínimos de ley para ser admitida.
 
Ahora comienza el trámite en el alto tribunal, que deberá definir si la Procuraduría cometió un error o si, por el contrario y basado en las pruebas, desestima las pretensiones de estos dos expolíticos que habrían abusado de las finanzas públicas.
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