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| 8/16/2008 12:00:00 AM

‘Jab’ a la mandíbula

El envión contra la Corte Suprema es visto por algunos magistrados como una campaña de desprestigio en la que el presidente Uribe ya les cogió ventaja.

La semana pasada se podría anotar en los libros como una de las más difíciles en la historia de la Corte Suprema de Justicia. A los magistrados les cayó encima, casi día por día, un aguacero de cuestionamientos tal, que el Palacio de Justicia se estremeció como pocas veces.

Pero esta vez, a diferencia de otras, quedaron sembradas dos preguntas de hondo calado para Colombia: ¿Se trata de una estrategia orquestada en su contra, o de una simple coincidencia? ¿La situación puede llegar a ser tan insostenible, que "las interferencias" a la justicia, que planteó la propia Corte Suprema, se puedan convertir en tema de la Corte Penal Internacional (CPI)?

El país ha sido testigo de cómo ha subido la temperatura en los últimos meses entre dos de los tres grandes poderes del Estado. La Corte llegó a sentirse tan arrinconada, que emitió un comunicado el jueves con artillería igualmente pesada. Denunció que estaba recibiendo "agresiones" por parte de "altos dignatarios del Estado", advirtió su preocupación porque de "manera orquestada" se deslizan comentarios malintencionados para desprestigiar a los magistrados y anunció que pondrá en conocimiento de organismos internacionales "las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado".

Una pocas horas antes, la sala penal de la misma Corte había expedido otro comunicado. Y como algo inusual para este tipo de mensajes, le puso título: "La verdad bajo la niebla", que si bien no se explica en el texto, daría a entender que están develando lo que hay detrás de las cortinas de humo que se pueden haber tendido sobre el alto tribunal.

Los magistrados de la Corte, según le dijo uno de ellos a SEMANA, están convencidos de que el gobierno ya les cogió ventaja en lo que, para ellos, es una campaña de desprestigio. Y uno más aseguró que "la para-política está en crisis", por todo lo que está ocurriendo.

Y es que la lluvia de dardos que le cayó a la Corte en esta semana no fue poca.

Desde el domingo comenzó la andanada. Artículos en El Espectador y El Tiempo cuestionaban al investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. La ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez decía que el magistrado manipulaba indagaciones contra los congresistas. Y una campesina lo acusaba de sonsacarle información a punta de aguardiente. Versión que luego fue desmentida por ella misma en la radio.

Al día siguiente, Nancy Patricia reveló una grabación que clandestinamente ella había hecho a un investigador del CTI que ratificaba sus denuncias. Ese mismo día, el presidente€Alvaro Uribe no sólo la respaldó, sino que siguió salpicando a la Corte. "Algún senador me ha expresado que ha sentido que le han querido pedir plata de sectores de la justicia", dijo sin concretar detalles. Y sacó del bolsillo nombres que hasta ese momento nadie había mencionado, pero que suelen darle puntos en los sondeos cuando casa pelea con ellos: "Es importante que la justicia investigue qué manipulación de testigos han hecho, por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro".

Y el vía crucis no terminó ahí. El miércoles, Uribe se reunió tres horas con su bancada. Y al final, sobre la propia alfombra roja de la Casa de Nariño, el presidente del Congreso, Hernán Andrade, dijo a los medios que el mandatario había hablado de la necesidad de erradicar el "roscograma" de la rama judicial. Que si bien para muchos sonó como un chiste flojo, pues en esa materia en Colombia nadie puede tirar la primera piedra, de todas maneras puesto en la voz de Uribe seguía horadando a los operadores de justicia.

A esta altura de la pelea, la imagen pública de la Corte ya parecía estar a punto de caer tendida en el ring. Reaccionó, hizo público su respaldo al magistrado auxiliar Iván Velásquez y, el jueves, sacó sus dos comunicados.

Para analizar lo ocurrido, lo primero que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia no es un órgano intocable. Que si hay clientelismo en la justicia, lo mejor es erradicarlo, como dice el Presidente. Y si un magistrado incurre en actos reprochables, también hay que cuestionarlo. Así como también existe un legítimo derecho a disentir de las decisiones de las Altas Cortes.

Pero lo que no queda nada bien es que tanto la ex presidenta del Congreso como el propio Presidente de la República acudan a prácticas bastante cuestionables para manifestar su diferencias con las investigaciones sobre la para-política. ¿Por qué el Presidente lanza acusaciones tan graves, como la de que sectores de la justicia le están pidiendo plata a un senador, sin tener ninguna prueba? ¿Qué presentación tiene que la ex presidenta del Senado acuda a una grabación clandestina, en la cual, además, se nota cierto tono tendencioso en sus preguntas y una confianza poco usual entre un investigador con su investigado?

Más allá de las intenciones que hayan podido animar las denuncias del uribismo, lo cierto es que el resultado es el desprestigio de la justicia y en particular de la Corte Suprema. La popularidad del presidente Uribe, por encima del 80 por ciento, es un arma muy poderosa a la hora de darles credibilidad a las palabras. Algunos de los congresistas que asistieron a la reunión del miércoles en la Casa de Nariño dijeron que lo que más les llamó la atención fue el propósito evidente del líder de envalentonarlos. "Insistentemente nos dijo eso, ¡no hay tener miedo!", contó un senador a SEMANA ante los temores de algunos por la posibilidad de que perdieran sus investiduras si votaban las reformas a la Justicia y a la Política, votaciones para las cuales podrían estar impedidos.

¿Qué está pasando? Todo indica que en la Casa de Nariño no están muy contentos con la Corte Suprema. Y aunque el Presidente ha presentado en escenarios privados todo un memorial de agravios, al final del día la principal razón parece ser la para-política. Hay que recordar que hasta hace poco esta Corte era prácticamente la niña consentida del Presidente. Pero, a partir del 26 de septiembre del año pasado, cuando llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe, primo del Presidente, empezó la refriega.

El primer round fue el de la demanda penal contra el entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, por una llamada telefónica en la que éste dice que Uribe le preguntó por su primo Mario el mismo día en que fue llamado a indagatoria, y el Presidente asegura que es mentira. La demanda aún está vigente.

El segundo round fue el del caso 'Tasmania'. Menos de dos semanas después del llamado a indagatoria, Uribe le dio un jalón de orejas a la Corte y acusó al investigador Iván Velásquez de tener tratos oscuros con el paramilitar 'Tasmania' para que atestiguara en su contra. La Fiscalía cerró hace menos de dos semanas el caso y dijo que se trató de un "burdo montaje". El propio paramilitar se retractó y dejó un manto de duda sobre la supuesta participación de Mario Uribe y Santiago Uribe, hermano del Presidente, en el caso.

Con el paso de los meses el escándalo de la para-política crecía, hasta llegar a 70 congresistas involucrados, la mayoría de ellos uribistas, incluidos el presidente de La U, Carlos García, y la ya mencionada presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.

Y entre junio y julio se precipitó el tercer round, cuando por el polémico fallo de la Corte sobre la 'yidis-política', Uribe llegó a decir que algunos magistrados "tenían nostalgia del terrorismo agonizante", y desafió a la Corte diciendo que convocaría un referendo para ratificar con el voto popular su elección de 2006.

Las mediaciones no han funcionado. Ni la euforia por el rescate de Íngrid, que provocó una luna de miel artificial. Ni la de monseñor Rubiano, en la que el presidente Uribe y el presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, se arrodillaron a rezar en un aparente gesto de reconciliación. Pero era apenas una foto. Las discrepancias siguieron intactas.

En medio de los golpes a la mandíbula que se han lanzado el gobierno y la Corte, la reforma a la justicia que propone el gobierno se ve como un acto de revanchismo en la cúpula de la justicia. Para ellos, lo que el gobierno busca es dar gabelas a los magistrados, para aliviar los controles que tienen hoy las Cortes sobre el Congreso y facilitar que el uribismo haga más duradera su influencia sobre las Cortes.

Por su parte, el Congreso también esta listo a subirse al ring. Mientras la oposición -el partido liberal y el Polo Democrático- ha apoyado públicamente las investigaciones de la Corte Suprema, el uribismo en el Congreso calienta motores. El presidente del Congreso, Hernán Andrade, citará a los presidentes de las Cortes para un debate sobre las presuntas relaciones de magistrados con el empresario Giorgio Sale, preso por narcotráfico. Precisamente el magistrado Yesid Ramírez, quien aceptó haber recibido un reloj Rolex de parte de este polémico personaje, está fuera del país.

Nadie cuestiona que la justicia colombiana tiene problemas estructurales. Y que en las Altas Cortes hay 'roscogramas'. Es simplemente una expresión más del clientelismo, que si bien sería mejor que no existiera, no es un vicio exclusivo de la rama judici al. En el Legislativo y el Ejecutivo la practican en las mismas proporciones, o peor, como el propio Presidente tuvo que reconocer en su acto de contrición el fin de semana.

Lo que preocupa es la motivación que tienen sectores de la política de mandar a la lona a la cúpula de la justicia justo en el momento en que investiga uno de los flagelos que más daño le han hecho a la democracia: la relación entre política y mafias. El país ya padeció la época del terror de Pablo Escobar y sus intentos de conquistar la política. Así como el capítulo sombrío del Cartel de Cali con sus largos tentáculos en el Congreso y en el gobierno, que tuvo como coletazo el proceso 8.000. Ahora, cuando la mayoría de los colombianos quiere desterrar la para-política, sectores del gobierno y el Congreso están empeñados en ponerle palos en la rueda a la Corte Suprema. Si la justicia no llega hasta el fondo de sus investigaciones y manda un mensaje ejemplarizante para las nuevas generaciones de gobernantes, Colombia estará condenada a repetir su historia de sangre y corrupción.
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