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| 2/14/2017 6:07:00 PM

"Claramente, hay enemigos de los acuerdos": Voces de paz

Jairo Estrada, representante del movimiento en el Senado, crítica las objeciones que el fiscal Martínez le ha puesto a la JEP y advierte sobre los riesgos que tendrá el proceso legislativo que comienza.

Un mes después de que el Consejo Nacional Electoral autorizó la creación del movimiento Voces de Paz, el Congreso apenas les dio vía libre a los cinco miembros del movimiento para que ejerzan plenamente sus funciones. Este grupo, creado para representar a las FARC en los debates sobre la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, ya está listo. Sus seis voceros ya comenzaron a estudiar los proyectos que han sido radicados hasta el momento. Sin embargo, legalmente no habían podido intervenir en los debates hasta este martes cuando el Legislativo modificó la ley que reglamenta el funcionamiento del Congreso.

Semana.com habló con el economista y miembro de la Comisión Histórica del Conflicto sobre el trámite de las reformas y leyes que se requieren para la implementación y el aterrizaje del movimiento Voces de Paz en el Legislativo.  

Semana.com.: ¿Qué significado tiene la reforma a la Ley Quinta que se aprobó este martes?

Jairo Estrada: Quedamos habilitados para participar en las mismas condiciones que lo hacen los congresistas del país. Con la aprobación de la ley se tendrán que generar las condiciones -como lo dice el acuerdo de La Habana- para que podamos adelantar nuestro trabajo en el Congreso. Eso quiere decir que aspiramos a que se concrete el tema de la obtención de los espacios de oficina y se garanticen los equipos de trabajo.

Semana.com.: A qué se refiere, ¿a ustedes ya se les vio participando de las sesiones del Congreso? ¿Qué cambia?

J. A.: Lo que pasa es que cuando interveníamos la mesa directiva -Senado o Cámara- tenía que declarar sesión informal. Lo nuevo es que ya haremos parte de las sesiones. No habrá que declarar sesión informal y vamos a poder presentar nuestras proposiciones. Éramos simples invitados y la mesa directiva del Congreso lo había hecho porque primero se tenía que tramitar esta reforma a la Ley Quinta. Pasamos de una condición de invitados a estar en una situación activa en los diferentes debates.

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Semana.com.: ¿Ya tienen un cupo en las oficinas del Congreso?

J. A.: Esa habilitación se está gestionando. Hay un proceso de adecuación locativa que todavía no ha terminado. Hasta ahora no nos han entregado las oficinas. Parece ser que no hay espacio en la Cámara y por eso se está tramitando el alquiler de oficinas por fuera del Congreso para los voceros de Voces de Paz en Cámara. Frente a las condiciones de trabajo, estas se han acordado con el Ministerio del Interior. Son condiciones en principio análogas. No son idénticas a las de los demás, nosotros no vamos a ser funcionarios. Hay una modalidad distinta, no hacemos parte del Congreso, los equipos que tendremos tampoco harán parte de él.

Semana.com.: ¿Ya les pusieron esquemas de seguridad?

J. A.: Sí, tenemos el provisto por la Unidad Nacional de Protección.

Semana.com.: A ustedes les postergaron la discusión de la ley que activaba sus funciones. ¿Sienten un plan tortuga en el Congreso?

J. A.: No veo que se pueda hablar de un plan tortuga, al menos que se evidencie uno. En el caso de la Ley Quinta se aplazó por una situación particular que fue falta de quórum. Lo que sí es claro son las diferencias, particularmente en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Construir consenso sin afectar los acuerdos no es fácil. Sin duda, los planteamientos del fiscal general han afectado la celeridad en el trámite del proyecto de Acto Legislativo que ha encontrado receptividad en la bancada de Cambio Radical. Hay un proceso para intentar construir consenso. Hay planteamientos que pretenden renegociar algo que está acordado y que a estas alturas es imposible renegociar.

Semana.com.: ¿Qué tanto se le quiere meter las manos a la Jurisdicción Especial de Paz?

J. A.: El fiscal Néstor Humberto Martínez mandó varias objeciones que se han ido decantando. En principio, uno podría decir que nos aproximamos a un acuerdo. Sin embargo, está pendiente el tema de los delitos continuados y en ese caso él tiene una postura en la que pretende que los delitos cometidos después del primero de diciembre salgan de la Jurisdicción Especial para la Paz y pasen a la jurisdicción ordinaria. Es muy complicado en perspectiva de lo que quedó acordado.

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Semana.com.: ¿Cómo ha sido esa relación entre los voceros del movimiento y la gente de las FARC y el Gobierno?

J. A.: Hay un diálogo entre Voces de paz y la Comisión de Seguimiento de los acuerdos. Claro, eso incluye un diálogo continuo con los representantes de las FARC. Entre otras cosas, de eso se trata el trabajo de nosotros. Además, hemos estado participando activamente en las reuniones de los ponentes en Comisión Primera de Senado, que son los que están preparando la ponencia que se va a presentar.

Semana.com.: ¿En qué va el Acto Legislativo que crea el partido político de las FARC y la Ley que fijará el nuevo Estatuto de Oposición?

J. A.: Ambos ya está presentados. El debate del Estatuto de Oposición arrancó este martes, específicamente en Cámara. Por otro lado, esta semana se inicia el debate del Acto Legislativo para la reincorporación política de las FARC a la vida legal.

Semana.com.: ¿Qué tan blindado está el acuerdo? Hay dos trámites en camino: uno en la Corte Constitucional y otro en el Congreso, ¿por qué?

J. A.: La Corte Constitucional tiene que dar respuesta a una demanda que en su momento interpuso el exfiscal Eduardo Montealegre. Pero por otro lado, se está tramitando el proyecto de Acto Legislativo que le ofrece un blindaje jurídico durante los siguientes tres períodos de Gobierno. Falta que se termine ese trámite. Sin embargo, el mayor blindaje de los acuerdos no sólo es el jurídico, sino también el político. Es decir, la legitimidad que logre tener el acuerdo sobre todo el respaldo y protección de la gente. Necesitamos que la ciudadanía entienda que es un acuerdo para la sociedad colombiana en su conjunto y no específicamente para las FARC como muchas veces se interpreta.

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Semana.com.: ¿La senadora Viviane Morales levantó su voz por la posibilidad de que el acuerdo quede en el bloque de constitucionalidad pese a lo que se negoció después del plebiscito? ¿Es cierto?

J. A.: Todos suscitan todo tipo de discusiones políticas y jurídicas. Hay diferentes interpretaciones. Evidentemente la doctora Viviane tiene la interpretación de que por esta vía se estaría constitucionalizando todo el acuerdo y que podría haber una sustitución constitucional. Sin embargo, hay que resaltar que todos los proyectos que se tramiten a través del Congreso están sometidos a control por parte de la Corte constitucional que es único y automático. El alto tribunal es el que va a definir si lo que se aprobó en el Congreso se inscribe en el ordenamiento constitucional o no.

Semana.com.: Ya se midieron el aceite estos dos meses en el Congreso, ¿cómo les ha ido?

J. A.: Hemos aprendido que todo este trabajo que se está haciendo impone esfuerzos para construir consensos. También advertimos que claramente hay enemigos de los acuerdos que quisieran que no se implementen. Hay quienes a estas alturas quieren renegociar los acuerdos, pero si uno hace en balance en conjunto, se podría decir que se está implementando -lo que tiene que ver con los desarrollos normativos- en los tiempos que fueron pactados en La Habana.

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