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| 6/4/2011 12:00:00 AM

Jalón de orejas

El presidente Santos no es el único preocupado por que los últimos fallos de las Altas Cortes no tengan en cuenta la realidad del país.

El jueves de la semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país diciendo que quería hablar no solo como mandatario, sino en su condición de jefe de Estado. Es decir, como la figura que está por encima de todas las ramas del poder público. La inusual advertencia creó cierta expectativa. Sobre todo porque la usó para referirse a sendos fallos de dos de los más altos tribunales de justicia que han despertado gran polémica entre la opinión pública y no cayeron propiamente bien en las huestes militares.

Santos se refirió explícitamente a la sentencia de la Corte Suprema sobre el computador de Raúl Reyes en el caso de Wilson Borja, así como a la providencia del Consejo de Estado sobre la toma de las Farc a la base de Las Delicias. "Hablo como 'símbolo de la Unidad Nacional', para hacer un respetuoso llamado a la ponderación en la aplicación de la justicia", dijo, e hizo un evidente énfasis en la palabra ponderación ante un auditorio repleto de militares, en el lanzamiento de la campaña del Ejército 'Fe en la causa'.

Usó la palabra ponderar cuatro veces, con voz subrayada, e incluso acotó la definición del diccionario para decirles a los magistrados que lo que pedía era analizar los asuntos en su contexto. "Entender e incluir como un factor dentro de la ecuación de sus fallos la dinámica del conflicto armado que sufre el país". Santos, con mucho tacto, dio su propia interpretación jurídica, al decir que en la aplicación de la ley se deben tener en cuenta "principios y valores de superiorísima jerarquía que buscan la defensa de la nación en medio de una convulsionada realidad", y lo argumentó diciendo que así está considerado en el "nuevo constitucionalismo".

Teniendo en cuenta que el país venía de ocho años de choque de trenes entre el Ejecutivo y las Altas Cortes, en los cuales el presidente de turno alcanzó a decir que algunos magistrados "tienen nostalgia del terrorismo agonizante", llamó la atención esta declaración. Pero la realidad es que, por el tono del discurso y el respeto que aboga, no se trata de un enfrentamiento ni mucho menos. Tal vez podría considerarse un cordial jalón de orejas. El presidente estaba siendo vocero de una preocupación nacional que viene creciendo en los últimos días con respecto a este tipo de fallos.

¿Quién tiene la razón?

En cuanto a la providencia de la Corte Suprema que les quitó validez a los archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes como prueba, el presidente Santos alega que "eso implica -en la práctica- que las víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidio o de reclutamiento de menores no podrán invocar las pruebas halladas en estos computadores para conocer la verdad y exigir justicia". Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, explicó que "las pruebas que la Corte tuvo en cuenta en el proceso contra el excongresista Wilson Borja no fueron recolectadas de manera correcta, y por eso no se les dio validez".

El concepto santanderista de la Corte sobre la ilegalidad de la prueba no es absurdo. Pero tampoco es absurdo el concepto de que la información obtenida en un acto de guerra, cuya autenticidad ha sido avalada por autoridades mundiales como Interpol y el Instituto Británico de Estudios Estratégicos, constituye una verdad que no se puede tapar. A esto se agregan otros argumentos de expertos según los cuales en un incidente de guerra es difícil que haya policía judicial, y existe la teoría de que en este caso de Reyes precisamente la Policía estuvo allí y recogió las pruebas cuidando la cadena de custodia.

Aceptando que las dos teorías son igual de válidas y que en derecho existen múltiples interpretaciones, el interés nacional debió primar sobre el exceso de formalismo. Pues en últimas no se transgredió ningún derecho fundamental y en las circunstancias en que ocurrieron los hechos no había alternativas suficientes.

Si bien el presidente de la Corte Suprema advirtió que el fallo solo aplicaba para el caso de Borja y no invalida el contenido de los computadores de Reyes, lo cierto es que se pueden quedar sin la 'prueba reina' los casos de Carlos Lozano, William Parra y Miguel Ángel Beltrán (un profesor de la Universidad Nacional deportado desde México y que hoy está en la cárcel), que tienen asuntos pendientes en la Fiscalía basados en menciones de sus nombres aparecidas en los computadores. Y congresistas como los liberales Carlos Julio González, Mauricio Jaramillo y Gema López, Alexánder López, del Polo Democrático, y Pedro Nelson Pardo, elegido por el disuelto Alas-Equipo Colombia, todos mencionados en los computadores. Incluso Joaquín Pérez, el editor de Anncol y llamado 'embajador de las Farc', que fue capturado en Venezuela y entregado a la justicia de Colombia, podría eventualmente regresar a Suecia, su país de adopción.

Más triste aún es que se haya desembocado a esa conclusión en el caso del congresista Wilson Borja porque nada del computador lo iba a condenar. Habría sido más lógico, como ha dicho la columnista María Isabel Rueda, exonerarlo por el contenido en lugar de poner en tela de juicio la credibilidad de los archivos y la del gobierno de Colombia internacionalmente.

En cuanto al otro caso, el de la providencia del Consejo de Estado que condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por los daños ocasionados a cuatro militares por el ataque de las Farc a la base de Las Delicias, el presidente Santos anotó: "En otras palabras, es una sentencia que declaró al Estado responsable por el daño que la guerrilla causó a los militares".

La sentencia del Consejo de Estado argumenta que no se tomaron las precauciones mínimas para evitar el asalto en el que murieron 26 soldados, 60 resultaron secuestrados y 18 más heridos. Y por eso ordena pagar 1.700 millones de pesos a las familias de un uniformado que murió en el ataque y a las de otros tres militares que sufrieron incapacidad total y permanente. El dilema, en este caso, tampoco es fácil. El Consejo de Estado tiene razón en que no se siguieron ciertas normas básicas de la cartilla. El comandante se había ido de la base dos días antes de la toma sin tener permiso, no se les dio información a los cuadros sobre el enemigo, no se realizó control militar ni patrullaje alrededor de la base, no hubo ensayo real del plan de defensa y contraataque, una noche antes de que llegara la nueva compañía para ocupar la base fue relevado el cien por ciento de los oficiales, alrededor de la base no había trampas de iluminación ni campos minados o sistemas de alarmas, por mencionar solo algunas de las irregularidades.

En resumen, el Consejo de Estado condena de cierta manera por ineptitud. Desde ese punto de vista se puede llegar a pensar que en todas las muertes en la guerra hay cierto grado de ineptitud. En unos casos, porque falló la estrategia; en otros, porque el armamento del enemigo era más poderoso que el propio. La pregunta entonces sería ¿en qué momento es motivo de condena y en cuál no?

Las respuestas no son fáciles ni únicas. Por eso, mientras el presidente decía que "es urgente que entendamos que nuestro país vive, desde hace casi medio siglo -por decir lo menos-, una situación de conflicto interno armado que demanda criterios sensibles a nuestra compleja realidad", el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, respondía que "los que no tuvieron en cuenta la situación de conflicto que vivía el país fueron aquellos mandos militares que, debiendo extremar las medidas de seguridad, los controles, el entrenamiento de las tropas y los patrullajes para evitar ser atacados, no lo hicieron". Y Camilo Tarquino, el presidente de la Corte, dijo que "es un debate político el que plantea el presidente, pero un juez no puede entrar en ese debate". Solo comentó que los jueces "ponderan y reflexionan para un análisis juicioso".

Lo cierto es que este tipo de diferencias son sanas para la democracia. Lo que hay es un debate sobre cómo el Estado enfrenta una realidad que es compleja y está llena de amenazas. Y en ese sentido, de un lado está el presidente, con una visión pragmática que cree que el purismo jurídico conspira contra la efectividad de unos instrumentos que necesita el gobierno para combatir situaciones excepcionales, en este caso, los grupos armados. Y por otro lado, una visión muy legalista, muy ceñida a los códigos, que si bien les restringe a los gobiernos de turno el uso de instrumentos importantes, también le hace honor a una tradición de respeto a las leyes.

De todas maneras, a pesar del espíritu de cordialidad que reina, se puede ver que las relaciones entre el gobierno y la justicia no serán necesariamente una luna de miel.
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