Sábado, 20 de diciembre de 2014

| 2013/07/27 09:00

Jefes de las FARC, ¿al Capitolio o a La Picota?

El debate de si los jefes de las Farc deben terminar en una curul o en una celda divide a Colombia. Con él, el país se adelanta a las negociaciones de La Habana.

Timoleón Jiménez.

Colombia vio el pasado jueves a sus más altas autoridades enfrascadas una vez más en un complejo debate jurídico que se resume, algo esquemáticamente, en esta pregunta: si se desmovilizan las Farc, ¿Iván Márquez debe ir al Capitolio o a La Picota? 

Una maratónica audiencia de casi 12 horas en la Corte Constitucional, en el emblemático edificio del Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, fue el escenario por el que desfilaron los principales representantes del Estado para cruzar argumentos en lo que el presidente Santos, el primero en intervenir, llamó “el proceso de constitucionalidad más importante de la década”.

El tema: la Corte considera una demanda de Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), contra el llamado Marco Jurídico para la Paz, una reforma aprobada en junio del año pasado que introduce la Justicia Transicional en la Constitución como una medida excepcional para poner fin al conflicto armado en caso de una negociación exitosa con la guerrilla. 

Asumiendo que es imposible investigar y juzgar todos los crímenes cometidos durante el conflicto armado y a todos sus autores, el acto legislativo estipula que, en caso de un acuerdo de paz con las guerrillas y de su completa desmovilización, se deben seleccionar los delitos más graves y representativos y a sus “máximos responsables” para concentrar en ellos el proceso penal (ver recuadro). Gallón sostiene que, como no todos los responsables ni todos los crímenes van a ser juzgados, el proyecto es una puerta a la impunidad.

El Marco Jurídico, que aún debe ser reglamentado en el Congreso por una ley estatutaria, contempla, además, la necesidad de determinar cuáles de esos crímenes son conexos al delito político, para permitir la participación de los guerrilleros desmovilizados en política. Cuáles individuos podrían o no pasar del monte a una curul es otro debate que divide aguas y que será decisivo en las negociaciones de La Habana.

SEMANA conoció la ponencia del magistrado Jorge Pretelt para la discusión de la Corte, que declara constitucional el Marco Jurídico pero condiciona en puntos clave su interpretación (ver recuadro y semana.com). El alto tribunal debe emitir su fallo en agosto y quería oír conceptos jurídicos y políticos. Para ello invitó a la audiencia a las cúpulas del gobierno y la Justicia, académicos y voceros de diversas posiciones.

Ya en mayo pasado, el fiscal y el procurador protagonizaron un memorable debate sobre el tema, que los tiene en orillas opuestas. Pero no son los únicos. El Marco Jurídico para la Paz ha surtido el insólito efecto de generar la confluencia más inesperada de extremos opuestos del espectro político y divide a las propias víctimas. 

Tanto el procurador y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) o la CCJ, como el uribismo alegan que el Marco es una puerta a la impunidad y han pedido declararlo inconstitucional. 

El procurador llamó a los magistrados a preguntarse “si estamos ornamentando un escenario de impunidad”. José Miguel Vivanco, de HRW, sostuvo que el Marco es “un serio obstáculo” para garantizar el derecho de las víctimas a la Justicia y expuso en detalle las razones por las cuales cree que “contraviene directamente” las obligaciones internacionales del Estado Colombiano. 

“Presidente Santos y Sergio Jaramillo nos ocultaron su real manera de pensar mientras se hicieron promover por parte de nuestro gobierno”, trinó el expresidente Uribe durante la audiencia. El precandidato uribista Francisco Santos publicó un aviso en el que el presidente aparece con los ojos cerrados y se lee: “Con la excusa del diálogo él no quiere ver los crímenes de las Farc”.

Del otro lado, el gobierno, varios académicos y otras ONG y políticos partidarios de la paz sostienen que pretender juzgar los cientos de miles de crímenes cometidos en el conflicto es una vía segura a la impunidad, pues la Justicia no está en capacidad de procesarlos, y que el Marco Jurídico es la mejor manera de preservar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de que lo ocurrido no se repita. 

El presidente Santos aceptó la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos, acogiendo parcialmente la primera recomendación del informe sobre el conflicto armado del Centro de Memoria Histórica (ver artículo) y dijo que no se trata de sacrificar la justicia por la paz.

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, afirmó que, en una nueva situación como el fin del conflicto, deben introducirse nuevos instrumentos para una estrategia integral de Justicia Transicional que no significa impunidad sino “entender de mucha mejor manera qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los patrones y las estructuras que actuaron, y de esa manera un número mucho mayor de víctimas sabrá qué fue lo que ocurrió”.

El fiscal, que llamó a abandonar la lógica de lo formal por una “lógica de lo razonable”, preguntó: “¿Qué es preferible para el país, que en los próximos 50 años volvamos a repetir mas de 200.000 muertos o que en este momento restrinjamos ciertos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos y consolidar la paz como garantía a los derechos humanos?”. El presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia apoyó el Marco Jurídico, y varios académicos expusieron puntos de vista a favor y en contra así como toda suerte de matices y observaciones.

Las víctimas también están divididas. Clara Rojas, de País Libre, la organización de los secuestrados, puso el ejemplo de los 11 diputados de Valle asesinados por las Farc: “¿Quién podría ser considerado máximo responsable de ese atroz hecho, el comandante de frente, los carceleros, los que dispararon, los ideólogos de las Farc, o los comandantes del Secretariado?”. 

Juan Fernando Cristo, quien habló en su triple condición de presidente del Congreso, padre de la Ley de Víctimas y víctima (su padre fue asesinado por el ELN) defendió la necesidad de sacrificar algo de justicia a favor de la paz: “Sin proceso de paz con el ELN jamás sabré la verdad sobre mi padre, jamás tendré un perdón y tampoco proceso judicial contra los responsables”.

Esta polémica es el espejo de una discusión histórica que enfrenta la sociedad colombiana: qué concesiones está dispuesta a hacer –y cuáles no– para llevar a buen puerto un final negociado del conflicto armado con la guerrilla. El arrebato de los juristas y el choque de argumentos en las más altas esferas son una muestra de la polarización que se vive también en una nación que considera el tamaño de los ‘sapos’ que deberá tragarse para llegar al fin de medio siglo de una guerra que ha dejado 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados. 

El frenesí se ha trasladado, por supuesto, a la política, operando el fenómeno paradójico de que quienes ayer defendían la generosidad judicial con los paramilitares hoy la condenan cuando se trata de la guerrilla. Y algunos argumentos, más electorales que rigurosos, pueden simplificar peligrosamente el dilema entre paz y justicia y radicalizar en una u otra dirección a la opinión pública que es la que a fin de cuentas debe dirimirlo, pues lo que se decida deberá pasar por la aprobación popular como parte de los eventuales acuerdos entre el gobierno y las Farc.

Como quedó claro en la audiencia, en una situación de nítida victoria militar estos dilemas no se plantean y se impone la justicia del vencedor. El problema es que, después de ocho años de sostenida ofensiva del Estado, las Farc y el ELN están debilitados pero no derrotados y se ha abierto la puerta a una solución negociada. La cual, por definición, acarrea un cierre del conflicto más mediado y plantea complejas preguntas a una sociedad profundamente herida, en todas sus vertientes, por una confrontación larga y degradada que ha arrojado una cantidad de víctimas con pocos precedentes en el mundo.

 Como dijo Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia: “No es viable un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, pero tampoco es viable una conceptualización de los derechos de las víctimas que haga inviable el proceso de paz”.

El gobierno argumenta que el mejor balance (la ‘ponderación’, dicen los juristas) entre paz y justicia es el que propone el Marco Jurídico para la paz: no juzgar todos los crímenes ni a todos los perpetradores, pero hacerlo con los más importantes, para esclarecer las estructuras de poder que son responsables del conflicto armado y sus horrores.

A sus contradictores les parece que, si no se procesa a todo el mundo, habrá impunidad, aunque no es claro cómo el cojo sistema penal colombiano –que no ha podido procesar a 4.000 paramilitares– podría lidiar con millones de crímenes y decenas de miles de perpetradores de desplazamientos, homicidios, masacres y una larga lista de violaciones al Derecho Internacional.

A todo esto hay que añadir que la actitud de las Farc puede contribuir u obstaculizar seriamente la introducción de mecanismos de Justicia Transicional. Esta guerrilla no solo se ha opuesto tajantemente al Marco Jurídico sino que se resiste a dar el paso que el Estado ya empezó a dar: reconocer su responsabilidad por los crímenes cometidos y pedir perdón a las víctimas. Mientras esto no ocurra y la negociación en La Habana no avance hacia los puntos claves del debate, probablemente la opinión pública seguirá, como hasta ahora, reticente a hacer concesiones a la guerrilla a cambio del fin del conflicto.

Pero la discusión llegará a la Mesa en Cuba y, probablemente, será el punto más difícil de todos, para los negociadores de ambas partes. Y para el país. No solo porque ningún guerrillero ha pasado 50 años en el monte para entregar las armas y pasar a la cárcel (los voceros de las Farc han sido categóricos en que no planean su futuro tras las rejas). Sino porque la aspiración de hacer política de sus comandantes debe enfrentar el hecho de que pueden ser seleccionados como “máximos responsables” y, así no paguen cárcel, no podrían participar en política, pues sus delitos no calificarían como conexos al delito político.

De ese tamaño son los dilemas que están sobre la Mesa en Cuba y en Colombia. Las Farc han cometido tantos crímenes y tan horrendos, que muchos colombianos se estremecen ante la sola idea de ver a sus jefes hacer política después de todos estos años de secuestros, bombas, reclutamiento de niños, ataques a poblaciones y muchas otras atrocidades. 

A la vez, la necesidad de poner fin al conflicto debe considerar las condiciones para que la guerrilla acepte dar el paso a la legalidad. Todo ello en medio de un debate sobre por dónde pasan las líneas rojas que el Derecho Internacional y el régimen interno no permitirían cruzar en materia de generosidad judicial. 

La figura de si Iván Márquez pasa del monte al Capitolio o a La Picota resume el dilema: los colombianos deben decidir, como sociedad, cuál es el balance que desean entre la paz y la justicia si se quiere llegar a una negociación exitosa con las Farc. Una decisión que puede marcar los próximos diez o 15 años. 

La fórmula que se ha propuesto para resolver el dilema es la estrategia integral de Justicia Transicional contenida en el Marco Jurídico para la Paz, pero la disyuntiva divide aguas con furor. La paz no es gratis, salvo mediante una victoria militar que parece distante e improbable, y tiene un precio. ¿Está el país dispuesto a pagarlo? ¿Cuál debe ser? Ese es el fondo de esta compleja discusión. Rodrigo Uprimny propuso una aguda síntesis: “La Justicia Transicional es una Justicia imperfecta para tiempos imperfectos”. La Corte, el Congreso y la sociedad deberán decidir, en estos tiempos imperfectos de Colombia, si para pasar a tiempos mejores aceptan esa Justicia imperfecta. 

¿Qué dice el Marco Jurídico para la Paz?


Estos son los principales puntos contemplados en la reforma constitucional que se aprobó en 2012.


El acto legislativo que estudia la Corte Constitucional introduce la Justicia Transicional en un artículo transitorio en la Constitución como una medida excepcional para pasar del conflicto armado a la paz y ordena que una ley estatutaria lo regule.

Pide al Congreso establecer en esa ley “criterios de selección y priorización” para concentrar la investigación y el juzgamiento del sinnúmero de crímenes cometidos en el conflicto armado en los “máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

Introduce penas alternativas o la suspensión de la pena. Y dice que el Estado puede renunciar a la persecución judicial de todos los delitos y responsables que no sean seleccionados, con la condición de que los grupos armados se desmovilicen en el marco de un acuerdo de paz, dejen las armas, reconozcan su responsabilidad, contribuyan a la verdad y la reparación de las víctimas, liberen a los secuestrados y entreguen a los menores reclutados.

El Congreso deberá decidir también cuáles de los delitos cometidos podrán ser considerados conexos al delito político, con el fin de que los desmovilizados participen en política. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio cometidos de manera sistemática no podrán ser considerados conexos.

La ponencia que discutirá la Corte


En agosto, la Corte Constitucional debe emitir su fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz.


SEMANA tuvo acceso a la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, que declarara exequible el Marco Jurídico para la Paz, y pone cinco condiciones para interpretarlo (ver texto de la ponencia).

Para que se apliquen los criterios de Justicia Transicional deben darse el desarme, la desarticulación completa del grupo armado y el desmantelamiento de todas sus formas de financiación.

Se deben salvaguardar los derechos de las víctimas, garantizando, entre otros, la transparencia al decidir los criterios de selección y priorización y, en casos no seleccionados para investigación, que la víctima tenga recursos para impugnar la decisión y para saber la verdad de lo que pasó.

Todos los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra deben ser investigados. El concepto de ‘máximo responsable’ no excluye que el Estado pueda investigar a otros perpetradores.

Todos los crímenes cometidos en el conflicto que sean graves violaciones a los derechos humanos deben ser seleccionados para la investigación y el juzgamiento.

El Estado no puede renunciar a investigar y a juzgar ningún crimen de lesa humanidad, genocidio o de guerra, y las medidas de Justicia Transicional solo podrán aplicarse si el grupo armado cumple con todas las condiciones estipuladas en la ley.

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