Gobierno designó a Jefferson Mena Sánchez como gobernador (e) del Chocó

El Gobierno designó a Jefferson Mena Sánchez como gobernador encargado del departamento del Chocó, luego de que la Procuraduría General de la Nación suspendiera por tres meses al mandatario Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en un contrato por más de $2.000 millones de pesos.

Al respecto, el nuevo gobernador encargado dijo que es una designación que recibe con mucha humildad y gratitud con el presidente Iván Duque, reconociendo la responsabilidad que representa asumir la Gobernación de ese departamento.

“Estoy con toda la disposición para que por medio de la sabiduría que solo Dios nos puede dar, acertar para tomar las mejores decisiones, pensando siempre en el bienestar, satisfacción y las necesidades del pueblo chocoano. También lo asumo con mucha responsabilidad para representar como deber ser al presidente Duque, quien ha dado muestras de ser un mandatario que siempre propende en beneficiar a la gente, al pueblo colombiano”, dijo Mena Sánchez en entrevista con SEMANA.

En el decreto firmado por la ministra del Interior, Alicia Arango, se indica que Mena Sánchez actualmente se viene desempeñando asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo que será separado de esas funciones mientras se designa gobernador del Chocó por el procedimiento de terna. 

Apertura de investigación contra Ariel Palacios, mandatario suspendido

El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde, según la Procuraduría, el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus. 

Sin embargo, la Procuraduría advirtió sobre un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por la covid-19, “máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus”.