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| 11/4/2017 10:15:00 PM

La paz en estado de conmoción

Ante el bloqueo de la agenda de paz en el Congreso, el gobierno contempla decretar un estado de excepción. ¿Tendrá que llegar tan lejos?

Desde el 2 de octubre del año pasado, cuando se impuso el No en el plebiscito, el proceso de paz no enfrentaba una encrucijada tan delicada como la actual. La ley que reglamenta la justicia especial para la paz, (JEP) el corazón del acuerdo para cerrar el conflicto, está enredada en el Congreso. La reforma política prácticamente está muerta. El fast track agoniza sin haber cumplido plenamente su propósito y la ponencia en la Corte Constitucional tampoco tiene muy clara su posición frente a la JEP. El panorama es poco alentador.

A eso hay que agregarle que la Farc acaba de lanzar sus candidatos al Congreso y la Presidencia, sin calcular el efecto que este acto, para muchos desafiante, pueda tener en las próximas elecciones. También se suma que varios mandos medios de la exguerrilla, como Hernán Darío Velásquez, el Paisa, temen la posibilidad de que el fiscal los capture y amagan con abandonar las zonas de reincorporación; los asesinatos de excombatientes y líderes sociales continúan y hay protestas en todas las zonas cocaleras porque las promesas de la implementación van lentas o están estancadas.

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Posiblemente, de todo lo anterior, lo más grave es que la JEP esté atascada en el Senado. Cuando ya se habían logrado acuerdos para hacer modificaciones con algunos congresistas y especialmente con el fiscal Néstor Humberto Martínez, la ley estatutaria no ha podido ser aprobada por falta de quorum y por los impedimentos que han expresado por lo menos 37 senadores. El ausentismo es vergonzoso porque solo tiene una explicación: el apetito burocrático de algunas bancadas en época preelectoral. Dado que la mayoría de los legisladores están en campaña y ven al gobierno con el sol a las espaldas, ad portas de la ley de garantías, han recurrido al chantaje de facto para obtener puestos e inversiones para hacer ‘política’ en las regiones.

A eso se suma que 34 senadores se han declarado impedidos para votar la JEP. Esto no deja de ser exótico, ya que esta es una jurisdicción para juzgar a los actores del conflicto que cometieron actos atroces y crímenes de guerra. Que una tercera parte del Senado considere que esta justicia especial los puede llamar resulta escandaloso en el mejor de los casos. Al parecer, la cifra ha descendido a siete, que siguen considerando que no podrán votar esta ley por los procesos que sigue la Corte Suprema en su contra.

Como si fuera poco, luego de una larga concertación del contenido de la ponencia con el fiscal, este ha encontrado, según fuentes del gobierno, otros puntos que le molestan y que quiere cambiar por medio de proposiciones. Y no son de poca monta. Uno de ellos es que la Fiscalía conserve la facultad de llamar a indagatoria a los guerrilleros mientras entra en ejecución plena la JEP. Algo que los excombatientes, especialmente los mandos medios, interpretan como una traición a lo pactado, y como una grieta profunda en la seguridad jurídica del acuerdo.

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Dado que el gobierno no tiene cómo satisfacer el apetito de todos los legisladores, y que el fiscal tiene un demostrado influjo en la opinión de los congresistas, la JEP puede hundirse. Y si eso ocurre, la historia le pasará la cuenta de cobro a este Congreso. ¿Cuáles serían las consecuencias?

En primer lugar, un desgranamiento de las Farc y el eventual rearme de varias de sus facciones. Aunque los jefes políticos de ese grupo minimizaron el episodio ocurrido hace dos semanas con el Paisa, cuando este salió de la zona de reincorporación, lo cierto es que el hecho fue de suma gravedad. No se trató de una noticia falsa inventada por los medios, como han dicho los propios exguerrilleros.

El Paisa teme, como también otros mandos medios, que un día llegue la Policía y con argumentos procesales los encarcele o, incluso, los ponga a las puertas de la extradición. En el caso del exjefe de la columna Teófilo Forero, en la Fiscalía han insinuado que tendría intereses en la cadena de alimentos Surtifruver cuyo dueño murió asesinado el año pasado. Esos temores se acrecentaron cuando la Policía ingresó por vía aérea, en un operativo cinematográfico, a la zona de La Variante, Tumaco, para capturar a un narcotraficante del que las Farc han insistido que es un miliciano suyo desde hace 20 años. Que los apresen será inevitable si vuelven a delinquir, por supuesto, pero la justicia tendría que demostrarlo. Pero, por ahora, esa acción de la Fiscalía pende sobre sus cabezas como una espada de Damocles.

Esta semana las alarmas volvieron a sonar cuando Henry Castellanos, Romaña, también desde Tumaco, envió a sus jefes en Bogotá mensajes desesperados por el avance de los grupos criminales y neoparamilitares en la zona donde están concentrados los pocos excombatientes que han quedado allí. Advirtió que si el gobierno no hace algo al respecto, la gente va a terminar por irse toda de allí.

Por otro lado, el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, ha enviado mensajes públicos que han generado zozobra entre varios mandos medios, en el sentido de que las Farc no estarían cumpliendo a cabalidad sus compromisos. Si bien esto sirve para apretar las tuercas sobre quienes intenten mantener un pie en la ilegalidad, también es necesario dar señales de confianza y de seguridad jurídica, pues en las bases de la guerrilla hay un peligroso sentimiento de que el Estado está incumpliendo su palabra. Un equilibrio entre el peso de la justicia sobre los que no cumplan y cumplir lo acordado es urgente para evitar que hombres de mucha trayectoria en la guerra, como el Paisa y Romaña, terminen desertando y empuñando nuevamente las armas.

En una segunda consecuencia nefasta para el país, si el Congreso no sale de su operación tortuga, el presidente tendría que decretar la conmoción interior para sacar por decreto la norma estatutaria de la JEP. Esta sería una medida desesperada, pero no absurda. Esa figura excepcional y transitoria se ha usado para la guerra, y en el caso actual la podrían justificar las implicaciones del tema de la JEP para la estabilidad y la seguridad del país. Las tesis sobre las consecuencias jurídicas de esta medida están dividas. Hay quienes piensan que la Corte Constitucional la tumbaría y eso le daría mayor inseguridad al acuerdo de paz. Pero otros creen que como el acuerdo de La Habana ya está refrendado como un acuerdo especial del DIH, con rango de tratado internacional, la corte podría declarar exequible un decreto de esas características.

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Una conmoción interior, aún con todas las razones jurídicas que pueda tener y el altruismo que se le pueda atribuir, sería un harakiri en materia política. El acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre del año pasado carga el sambenito de haber sido refrendado por el Congreso y no en las urnas. Un parto con fórceps, como se ha dicho. Terminar de reglamentarlo bajo una figura tan dura como la conmoción le quitaría aún más legitimidad. Que el presidente, y no el Congreso, termine por poner las reglas de juego en este tema tan controvertido sería servirle un bocado de cardenal a la oposición, cuya campaña se ha basado en asustar a la gente con que Colombia va rumbo a un modelo autoritario como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

El Congreso también está rajado en el tema de la reforma política. Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, manifestó esta semana la necesidad de trabajar todos los días para sacar adelante la agenda legislativa, el daño ya está hecho. Aunque este martes se apruebe en la Cámara la reforma, como se espera, ya esta no podría regir para 2018, dado que las inscripciones para candidaturas al Congreso se abren el 11 de noviembre cuando ni siquiera se habrá comenzado a discutir en Senado. “Nos la entregan prácticamente muerta”, dice el senador Roy Barreras, quien no pierde la esperanza de poder sacarla antes del 30 de noviembre cuando vence el fast track. “Tendré que poner a prueba mis capacidades de reanimación”, concluye recordando su profesión de médico.

El resto de la agenda legislativa queda en vilo porque hasta las elecciones de marzo no habrá Congreso. Quedan planteados entonces grandes interrogantes sobre proyectos como el del sometimiento a la justicia de las bandas criminales, y el de trato diferencial de los cultivadores de coca, cuya demora tiene consecuencias directas en la seguridad y la convivencia en medio país, en plenas elecciones, y en la implementación de los acuerdos en los territorios.

En este contexto tan complejo, el presidente Juan Manuel Santos tiene que jugarse a fondo en estos días para lograr que el Congreso le cumpla a la paz. Y el Congreso, la corte, el gobierno, las Farc y, por supuesto, la sociedad civil tienen que poner los cimientos para que la estructura sobre la que se construya la paz sea legítima, genere confianza y sobreviva.

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