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| 9/23/2017 10:15:00 PM

La JEP comienza cuesta arriba

El martes se sabrá quiénes serán los magistrados de la justicia especial para la paz. Pero la nueva jurisdicción está lejos de empezar a funcionar. ¿Por qué?

Llega la hora de la verdad para uno de los temas más espinosos del proceso de paz: la justicia especial para la paz (JEP). El próximo martes, el Comité de Escogencia dará a conocer quiénes serán los juristas que integrarán el Tribunal de Paz y cada una de sus salas. Esta noticia coincide con una profunda crisis de la Justicia, y en particular, de la Corte Suprema, cuyos escándalos de corrupción tienen en vilo al país.

A pesar de la expectativa que ha crecido alrededor de la JEP, y que de ella depende en buena medida el futuro de la reconciliación del país, pues es una justicia de cierre del conflicto, ya se avistan las primeras dificultades.

Para empezar, todavía no hay un marco legal para su trabajo. El primer proyecto de ley estatutaria fue radicado en el mes de junio, luego retirado y hoy en día ni siquiera se ha aprobado en primer debate. En la plenaria del Senado la situación no se ve clara, pues esta semana los escándalos de Odebrecht y de la compra de fallos por parapolítica tienen enredados a varios congresistas de la coalición de gobierno. A eso se suma que partidos como Cambio Radical tienen serias objeciones a muchos puntos de esta ley, lo cual hará más lenta y tortuosa su aprobación.

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Algunos expertos han propuesto que, mientras tanto, el gobierno expida un decreto para permitir que comience a funcionar. Pero este sería un camino muy arriesgado, pues la Corte Constitucional ha sido muy estricta en el sentido de que asuntos de naturaleza estatutaria no deben tramitarse por esta vía.

El diseño institucional también es preocupante. Una sola de las tres salas (la de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas), compuesta por solo seis magistrados, tendrá que recibir miles de informes presentados por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la justicia penal militar, la Comisión de Acusación, las organizaciones de víctimas y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, lo cual generará un evidente cuello de botella del sistema.

Esta sala debe contrastar los informes, ponerlos a disposición de los presuntos responsables, recibir versiones y valorar si son completas, presentar resoluciones de conclusiones y remitir los procesos a la Unidad de Investigación y Acusación y a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas.

Se estima que la JEP vinculará alrededor de 15.000 personas entre desmovilizados, agentes del Estado y particulares. Esa magnitud exigirá grandes esfuerzos presupuestales para evitar lo sucedido con el sistema de justicia y paz, que en los primeros 7 años apenas dictó 12 sentencias. Todo ello en un contexto de crisis fiscal. Se sabe que ya hay apropiados algunos recursos para que la JEP entre a operar en 2018, pero hasta ahora no hay un solo peso ni sede de trabajo. Es decir, este año difícilmente alguien de la JEP podrá resultar contratado.

Luego viene el lío del reglamento. El acuerdo de paz establece que los magistrados deben elaborar las reglas de procedimiento de la JEP, y que el gobierno debe enviarlas al Congreso, lo que prolongará por meses el inicio del proceso. No será fácil poner de acuerdo a 38 magistrados y luego darle además un trámite expedito en el Capitolio, en plena campaña electoral.

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Desde el punto de vista administrativo, la situación no es mejor. Mientras que en este momento la Corte Suprema de Justicia cuenta con 23 magistrados titulares, la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá 38 principales y 13 suplentes, casi el mismo número de los magistrados de las tres Altas Cortes juntas. Se calcula que en los primeros años la JEP necesitará unos 2.000 funcionarios que todavía nadie ha comenzado a buscar.

Un segundo campo de dificultades son más de orden político. Diversas voces le han pedido al Comité de Escogencia que aclare cómo preseleccionó 78 finalistas para entrevista, de un universo de 2.328 abogados postulados.

Esta es la primera vez que en Colombia se hace una selección de magistrados de esta envergadura, lo cual en esta coyuntura es importante para darle confiabilidad al nuevo tribunal. El comité, además, debe ajustarse a los criterios establecidos en el acuerdo de paz, de que los magistrados no solo conozcan el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sino que tengan los más altos niveles éticos, que sean independientes y carezcan de conflictos de interés.

Hasta ahora el Comité de Escogencia ha cumplido los estándares de pluralidad que le trazó el acuerdo de paz. En las salas de justicia, por ejemplo, el 68 por ciento de los preseleccionados son mujeres, el 61 por ciento no son de Bogotá, el 16 por ciento son afrocolombianos y 8 por ciento son indígenas. El listado está compuesto mayormente por académicos, jueces y fiscales expertos en temas claves para la JEP. Casi la mitad son penalistas reputados, especialistas en derechos humanos, internacionalistas reconocidos o constitucionalistas. La mayor parte de los preseleccionados vienen del sector Justicia y eso ha preocupado a algunos, sobre todo en las Farc, pues algunos de ellos consideran que no está garantizada su independencia.

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Ahora, como toda selección es controvertida, lo importante es corroborar que se haya hecho con transparencia y con rigor técnico. Por eso, DeJusticia le pidió al Comité de Escogencia aclarar cuáles criterios pesaron más para llegar a este grupo. Las dudas de muchos observadores se basan en que tres de los cinco miembros del comité son extranjeros y no conocen el mundo legal del país. La presidenta del comité es una eminente investigadora química, que tampoco está familiarizada con la comunidad jurídica, y el quinto miembro proviene de la Corte Suprema de Justicia, hoy piedra de escándalo por la corrupción y el tráfico de influencias. Si a eso se suma que el comité funciona ad honorem, se sobreentiende que han recibido algún apoyo de terceros para filtrar la lista de aspirantes, y sobre ese punto crítico los observadores reclaman claridad.

La JEP apenas está naciendo, y como todo parto, no estará exento de dolor. Pero de la legitimidad de sus miembros y de la eficacia con la que actúen en los próximos meses dependerá la suerte de este experimento. No hay que olvidar que esta nueva jurisdicción fue pensada para superar la impunidad que ronda a los peores crímenes cometidos durante la guerra. De que esta justicia funcione pronto y con equilibrio depende, en buena medida, que Colombia pase la página de la violencia.

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