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| 9/30/2017 10:15:00 PM

La JEP: alerta roja

Los nuevos magistrados llegan a una realidad compleja en lo político y enredada en lo jurídico. ¿Qué está en juego para la paz y el país?

Lo que está pasando con la Jurisdicción Especial para la Paz es muy grave. Se trata de la piedra estructural sobre la cual se cimienta el proceso de paz y, sin embargo, el terreno en el cual debería afianzarse se compone de arenas movedizas. La base del problema se encuentra en que uno de los principios del proceso de paz se ha venido resquebrajando, y el acuerdo firmado en La Habana, al menos en lo que se refiere a la Justicia, no está realmente blindado ni jurídica ni políticamente. Por eso, el nombramiento de los 51 nuevos magistrados, aunque fue una gran noticia, pasó sin euforia en medio de un gran escepticismo en algunos sectores.

Como era de esperarse, la lista cayó muy bien en unos sectores y muy mal en otros. Se trató de un proceso de selección de gran transparencia y sin antecedentes en el país al que se presentaron 2.300 abogados. El resultado fue igual de atípico. El comité eligió un grupo plural, compuesto en su mayoría por mujeres (28 de los 51) y con una buena representación de las comunidades étnicas. Una parte tiene trayectoria en la academia y salvo nombres como Eduardo Cifuentes, casi nadie viene de las Altas Cortes, como se llegó a anticipar.

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Mientras, por un lado, los seleccionados eran elogiados precisamente por la diversidad, pergaminos y trayectoria, en la oposición algunos causaron escozor. El Centro Democrático criticó la elección de Rodolfo Arango y Sandra Rocío Gamboa, y reveló trinos en los que hicieron virulentos ataques contra el expresidente Álvaro Uribe. Por su parte, Cambio Radical emitió un duro comunicado en el que señala que “con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados tienen una clara tendencia política que de entrada no genera ninguna clase de garantías para la sociedad civil”. En otras palabras, la derecha y la centroderecha ven a los miembros de la JEP como un honorable grupo de mamertos que no les generan confianza.

Los magistrados no solo llegan a un ambiente político polarizado, sino a un organismo que está lejos de arrancar. El enredo se podría resumir en lo siguiente. Para encender sus motores, la JEP necesita tres elementos fundamentales. 1) La aprobación del acto legislativo para la paz, a través del cual se harían las reformas a la Constitución que fueran necesarias. 2) La expedición de una ley estatutaria que regule el funcionamiento concreto de la JEP. 3) La elección de sus magistrados, quienes elaboran sus reglas de procedimiento.

El principal problema jurídico está hoy en el precario apoyo político para aprobar la ley estatutaria. Se esperaba que con el mecanismo del fast track y la fuerza de la Unidad Nacional esta saliera pronto. Sin embargo, han transcurrido más de diez meses desde la firma del acuerdo final y ese proyecto ni siquiera se ha aprobado en primer debate. Políticamente ya se alborotó un avispero. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se enfrentaron en una enconada pelea. Y todo parece indicar que las mayorías para tramitarlo no están aseguradas. Al rechazo total de la bancada del uribismo se sumó esta semana Cambio Radical. El partido del exvicepresidente Germán Vargas aseguró que no votará la ley, pues “premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de las desmovilizadas Farc”.

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A las duras críticas de esos dos sectores se suma el escepticismo de otros hasta ahora entusiastas del proceso de paz. Algunos congresistas del Partido Verde y del Polo Democrático también han expresado sus dudas. La senadora Claudia López envió una comunicación a la fiscal de la Corte Penal Internacional, en la cual expresó que existían múltiples disposiciones del proyecto de ley que van en contra de obligaciones internacionales de Colombia como las relacionadas con la responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública y de las Farc-EP, y la exclusión de la responsabilidad de mando para los civiles.

En ese escenario, las esperanzas de la JEP como pilar esencial del proceso de paz están en el núcleo de la Unidad Nacional. Sin embargo, si por la oposición llueve, por la Unidad Nacional no escampa. La detención del senador Ñoño Elías, la orden de captura contra el senador Musa Besaile y la posible vinculación penal de otros congresistas a los escándalos de la Justicia y de Odebrecht han reducido el margen de maniobra del Partido de la U. El Liberal se encuentra en una dura disputa por quién será el candidato presidencial con una disidencia liderada por Viviane Morales, que también es crítica de la JEP, y el Conservador está más dividido. La cercanía de las elecciones parlamentarias y presidenciales agrava todo el escenario, pues las votaciones de los congresistas serán vistas con lupa por el electorado. Y darles beneficios judiciales a las Farc está lejos de ser taquillero.

A eso se suma un protagonista determinante: el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha sido un fuerte crítico y ha insistido en trazar bien los linderos legales para que no haya lugar a interpretaciones y actos de impunidad. En el recinto del Congreso puntualizó sus reservas a la JEP. Desde el punto de vista formal, señaló la falta de claridad de la ley aplicable a los disidentes y a los desmovilizados que reincidan en delinquir, y dijo que no se sabe cuáles son las reglas para quienes están en el sistema de Justicia y Paz. Asimismo, criticó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas pueda renunciar al ejercicio de la acción penal de los casos menos graves y representativos.

Sus críticas más fuertes tienen que ver con los desertores, pues afirmó que aquellos que no se mantengan en rebeldía, sino que ingresen a una bacrim podrían conservar los beneficios que ya se les otorgaron, por lo que quedaría completamente limpia su hoja de vida delictiva. En este punto denunció que organizaciones criminales les están ofreciendo 8 millones de pesos a los desmovilizados para que ingresen a sus filas. También criticó la inclusión fraudulenta de personas en los listados suministrados por las Farc, y reveló que la fiscal de la Corte Penal Internacional le expresó que le preocupa mucho que se suspenda la jurisdicción ordinaria frente a los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.

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Este panorama plantea una situación difícil para la JEP. El acuerdo de paz se había diseñado de modo tal que nadie en el Congreso podía meterle mano a las normas. El fast track obligaba a votar todo el articulado en bloque y no permitía sino la opción de Sí o No, sin agregar modificaciones que no fueran aprobadas por el gobierno. Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional tumbó esa posibilidad. Esta situación prolongará las discusiones del proyecto de ley, lo que generará extensos debates sobre la responsabilidad de los superiores, la vinculación de particulares, los derechos de las víctimas y la estructura de la JEP. 

Y aun si se lograra aprobarla sin contratiempos, ahí no paran los desafíos. En un par de meses el Congreso tendrá que discutir una ley de procedimiento de la JEP elaborada por sus propios magistrados, lo cual, a este paso, podría presentarse el próximo año, con las elecciones a la vuelta de la esquina y con un escenario político más que convulsionado.

El futuro de la justicia especial tendrá que aclararse si el país quiere paz y el Estado colombiano mantener su credibilidad ante la comunidad internacional. Seguramente habrá que hacer cambios y llenar algunos vacíos. Y tendrán que darse varios debates en el Congreso para afinar reglas del juego y competencias que no están claras. Sin embargo, jugar electoralmente con la justicia transicional, como está sucediendo, es lo más cercano a que un pirómano juegue con gasolina.

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