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| 11/25/2014 10:30:00 PM

Otra acusación pública a Jimmy Chamorro

El senador Lizcano insinuó un presunto tráfico de influencias en la Comisión Segunda. Chamorro se defiende.

En su regreso al Congreso, al senador Jimmy Chamorro (La U) las cosas no le han salido como las tenía presupuestadas. Primero fue recibido con una acusación en su contra que dejó perplejos a muchos de sus colegas. Fue aquel 17 de septiembre, día del debate entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe, cuando el expresidente decidió defenderse con la estrategia que mejor sabe aplicar: atacando a otros.

Uribe la emprendió contra Chamorro por haber permitido, en su condición de presidente de la Comisión Segunda del Senado, que dicho debate se realizara. Y por eso lo acusó de haber ido a pedir pista en el Centro Democrático y, lo que es más grave, de haber recibido cheques del narcotráfico. La acusación pública llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que la desestimó y la semana pasada se abstuvo de abrirle investigación.

Pero ahora, nuevas acusaciones públicas se hicieron en el Congreso en su contra. Esta vez fue un senador de su mismo partido, Mauricio Lizcano, quien en una especie de ‘fuego amigo’ lo señaló de presunto tráfico de influencias en el manejo que le ha dado a la Comisión Segunda.

Lizcano es autor de un proyecto de ley que busca regular el sector de vigilancia y seguridad privada en el país. Esta iniciativa no es nueva. En el pasado senadores como Juan Manuel Galán también la promovieron, sin ningún éxito.

Entre otras porque el proyecto trae una controvertida disposición que aumenta los requisitos y el monto del capital mínimo requerido para que la Superintendencia de Vigilancia expida las licencias. Varios sectores han coincidido que este proyecto buscaría que el monopolio de la seguridad privada quede en pocas manos.

En suma, el proyecto no deja de ser polémico. Y quizá el sector más preocupado en este tema es precisamente el de las propias empresas de vigilancia privada.

El pasado 6 de noviembre, la Asociación Colombiana de Seguridad (Asosec), le dirigió dos oficios al senador Jimmy Chamorro, en calidad de presidente de la Comisión Segunda, en los que hacía algunas referencias a este proyecto.

Incluso, en el segundo oficio, le hacía una petición muy particular: abstenerse de incluir el proyecto en el orden del día hasta tanto no se adelanten mesas de trabajo entre el sector, el Congreso y el Gobierno.

Los dos oficios de Asosec fueron remitidos por el secretario de la Comisión Segunda, Diego Alejandro González, y por instrucción de Chamorro, a todos los senadores. Mauricio Lizcano rechazó esa actuación y la calificó como tráfico de influencias.

“Llevo 10 años en el Congreso y jamás he visto que un funcionario haga lobby a favor de empresas privadas. Eso es un delito, se llama tráfico de influencias; un servidor público no puede representar intereses de empresas privadas o hacerles favores a estas. No están facultados a mandar correos con conceptos de empresas privadas”, dijo Lizcano.

Aunque Lizcano, en principio, censuró la conducta del secretario González, quien asumió la responsabilidad por lo sucedido fue el propio Jimmy Chamorro.

Tras dar sus explicaciones, le dijo a su colega que estaba en libertad de acudir a las instancias judiciales para interponer las acciones que considerara necesarias.

“Esos correos fueron enviados a la Comisión por personas jurídicas que están interesadas en el proyecto las cuales, por cierto, desconozco en el fondo. Llegaron a la mesa directiva con copia a la secretaría, a la que le solicité que lo reenviara a todos los senadores de la comisión. No es la primera vez. En los proyectos de TLC todos los gremios envían oficios que sirven para que cada senador aborde el tema”, explicó Chamorro.

El proyecto no ha sido agendado, pero según fuentes de la Comisión no porque el presidente lo haya decidido por sugerencia del gremio de las empresas privadas, sino porque la senadora Nidia Marcela Osorio (P. Conservador) no ha presentado la ponencia.

La duda que aún tiene el senador Lizcano es si desde la mesa directiva de la Comisión Segunda se hicieron gestiones y lobby a favor de esas empresas, algo que está prohibido por el código disciplinario.

Con todo, lo cierto es que Chamorro sigue en el ojo del huracán por sus polémicas actuaciones.
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