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| 3/13/2017 5:50:00 PM

El funcionario de Medicina Legal acusado de abusar de dos de sus pacientes

Joan Arnobi Salgado Vela fue detenido el 9 de marzo pasado. La Fiscalía reveló ante un juez pruebas y testimonios de dos jóvenes que se declararon sus víctimas.

Joan Arnobi Salgado es un médico de 28 años que según la Fiscalía General de la Nación aprovechó su posición en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para abusar de dos pacientes, una de ellas menor de 13 años. Así lo argumentó el ente acusador ante el Juzgado 1 Penal Municipal de Villavicencio.

Frente al togado, el fiscal leyó en voz alta las denuncias de Valeria y Paula (cuyos verdaderos nombres se mantendrán en la confidencialidad) en las que estas describían los ultrajes que habrían sufrido a manos del galeno. De acuerdo con estos relatos, el modus operandi habría sido similar en ambos casos.

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Los hechos habrían sucedido así. Valeria, de 13 años, se dirigió a Medicina Legal de Vista Hermosa (Meta) con su madre para presentar una denuncia por una agresión sexual previa. La menor se quedó sola en el consultorio con el funcionario encargado de su valoración -dice la Fiscalía- quien habría aprovechado la ocasión para acosarla sexual, física y verbalmente. Mientras que Paula -de 26 años de edad, valorada con un retraso mental ligero- iba a una simple reunión de planificación en el antiguo hospital materno infantil de Villavicencio, a cargo de la EPS Cafesalud, cuando el médico tomó ventaja de su posición para convencerla de mantener relaciones sexuales. 

En las dos situaciones, las víctimas relatan que el imputado las convenció de que se trataba de procedimientos médicos tradicionales y completamente profesionales con palabras y fórmulas similares, según se desprende de las declaraciones usadas en la audiencia.

Sin embargo, tres días después, el domingo 12, familiares y médicos cercanos al inculpado realizaron una plantón afuera de la cárcel de Villavicencio en la que se encontraba recluido Salgado Vela como medida de aseguramiento previa a su juicio, para afimar su inocencia y reclamar el beneficio de la duda al que tienen derecho los inmputados en el sistema de justicia colombiano. El acusado, por su parte, no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

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De hecho, Paula, la víctima de 26 años, denunció también haber recibido llamadas por parte de familiares del inculpado que le solicitaban supuestamente retirar su denuncia, pero rechazó la posibilidad de hablar sobre el asunto para Semana.com.

Frente a la noticia de esta captura, el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, salió a condenar las presuntas acciones del funcionario y a desligar el caso del organismo del que es encargado. Declaró, además, que no había conocido una historia similar en 102 años de existencia de la institución. Esto, a pesar de que apenas en febrero del año pasado fue arrestado otro médico del instituto, Ibardo Augusto Ardila, presuntamente por haber realizado prácticas similares sobre pacientes en Bogotá.

Ante el peligro que presenta la reindicencia de este tipo de eventos, no ha habido un anuncio por parte de la institución sobre qué mecanismos se podrían generar para evitar que sucedan situaciones como estas en las que las víctimas de un delito que acuden a Medicina Legal en busca de protección del Estado y terminan revictimizadas.

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Si bien la relación de dos casos en 102 años se presenta más como una excepción que como una reiteración de agresiones continuas, la magnitud de la violencia sexual hacia menores de edad -11.000 casos acontecidos en Colombia en el 2016, según las propias cifras de Medicina Legal- justificaría la adopción de reglas estrictas de control y seguimiento a los médicos encargados de registrar estas agresiones, cuando -de acuerdo con la organización Save The Childrens- se presentan dos casos por hora de niños víctimas de acoso sexual en los establecimientos de gobierno en el mundo.

En una investigación académica realizada en el 2011 por el sicológoco Nicolás Ignacio Uribe Aramburo, ya se habían advertido algunas de las fallas que existían en el modelo de prácticas investigativas que se adelantan en Colombia para esclarecer hechos jurídicos referidos al fenómeno del abuso sexual infantil y se emitieron críticas en contra de la Ley de Infancia y Adolescencia de Colombia.

Durante la audiencia preliminar de este caso, el fiscal encargado imputó cargos en contra del detenido por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Por los cuales, en caso de comprobarse, Arnobi Salgado podría pagar entre 16 y 30 años de prisión.

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Pero a la fecha de hoy, subsisten algunos interrogantes que se deberán resolver antes de la fecha del juicio, en aras de ofrecer certeza jurídica a todos las partes del juicio. Si resultara acusado Arnobi Salgado, cabría preguntarse como es que el médico pudo realizar esos actos en dos lugares y ocasiones diferentes sin que nadie en las instituciones en cuestión se diera cuenta de los hechos. En tanto que de comprobarse su inocencia, tocaría buscar el motivo por el que se hubieran podido construir dos testimonios falsos similiares para acusar al médico y buscar la manera de resarcir el daño para un hombre que fue presentado ante todo el país como un abusador de menores.

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