“No habrá excusa para que los funcionarios dilaten una tutela”

Sin lugar a dudas la acción de tutela fue una de las mayores conquistas de la Constitución del 91 y se convirtió en la herramienta fundamental para que los ciudadanos hagan respetar sus derechos vulnerados. Sin embargo, el recurso jurídico ha tenido excesos por parte de los ciudadanos que en ocasiones utilizan el recurso de forma indebida. Pero también hay responsabilidad de algunos jueces que, con excusas, no le dan la celeridad debida a la tutela que exige la ley. Por el contrario, dejan engavetadas miles de acciones judiciales.

Al ver esta problemática, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, radicó un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes donde busca mayores garantías a los derechos de los ciudadanos. Con esto se busca, entre otros, plazos concretos para que los jueces amparen las solicitudes en materia de salud, reglas claras para evitar las llamadas tutelatones y mayores garantías para la selección de estos recursos. En entrevista con Semana.com, el funcionario respondió los mitos y realidades  al respecto.

Semana.com: ¿Cuáles son las bondades del proyecto de ley?

Jorge Armando Otalora: Se trata de una iniciativa encaminada a reglamentar algunos aspectos de funcionamiento que en la actualidad tienden a congestionar el aparato judicial y que entorpecen la respuesta que esperan los ciudadanos frente a temas vitales como la salud. Lo que se busca es legitimar más la tutela y que las garantías sean más efectivas para el ciudadano.

Semana.com: ¿Hoy, definitivamente no es efectiva?

JAO: Es increíble ver cómo los jueces están suspendiendo los términos de una acción de tutela para practicar pruebas y no resolverla en los 10 días que tiene como fecha límite para su resolución.

Semana.com: ¿Cuáles son los principales problemas que presenta el funcionamiento de la tutela?

J.A.O: Demora en los términos de las tutelas en los organismos de cierre como la Corte Constitucional, así como la falta de especialidad de los jueces. Proponemos que se vaya pensando en una jurisdicción constitucional para que existan profesionales dedicados únicamente al respeto de los derechos fundamentales y a las garantías de todos los ciudadanos. La falta de esta jurisdicción genera que los jueces actuales tengan que resolver miles de asuntos que no son de su jurisdicción retardando decisiones.

Semana.com: En concreto, ¿cómo beneficia al ciudadano del común este proyecto?

J.A.O: Lo que se pretende es otorgarle al usuario una herramienta eficaz para acabar con la eterna prórroga de tratamientos, cirugías y citas médicas, que pese a ser fundamentales para la propia vida y la integridad de los pacientes, se suelen programar con intervalos de meses, haciendo extemporáneos los procedimientos y sometiendo a los ciudadanos a trámites interminables.

Semana.com: ¿Cómo evitará este proyecto futuras ‘tutelatones’ como las ocurridas en el caso de Gustavo Petro?

J.A.O: Estas acciones no pueden seguir sucediendo puesto que van ligadas a intereses políticos, distraen y congestionan la atención en los despachos judiciales. Lo que propone la Defensoría entonces es que, ante un hecho superado, es decir, una sentencia ya proferida frente a requerimientos de esta naturaleza, cualquier pretensión adicional por vía de tutela, simplemente se acoja a la jurisprudencia existente.

Semana.com: ¿El proyecto va a modificar la estructura de la acción de tutela?

J.A.O: Para nada, es muy bueno hacer esta precisión. Este proyecto no busca desaparecer ni modificar en su raíz la tutela, lo que busca es hacer más expedito el trámite. De ser aprobada esta iniciativa, no habrá excusa para que los funcionarios dilaten una tutela al enviarla a otras dependencias. Se busca hacer de este trámite una garantía constitucional más dinámica y efectiva.

Semana.com: La tutela se ha convertido en un serio problema hasta en la Corte Constitucional. Allí ocurrió el mayor escándalo de la justicia en los últimos tiempos...

J.A.O: Este proyecto contempla la posibilidad de solicitar audiencias excepcionales a la Corte Constitucional para discutir asuntos de especial interés respecto a los casos seleccionados. Esto con el propósito de evitar reuniones a puerta cerrada frente a temas de interés general, donde podrán los abogados decirle en una audiencia con vigilancia de la Procuraduría las razones por las cuales su tutela debe ser seleccionada y dar así un amplio espacio a las garantías procesales.

Otros datos

Según cifras de la Defensoría, los derechos violados que más reclaman los ciudadanos a través de la tutela son los Derechos de petición con el 51,8 %, la salud con el 23,7 %, los derechos económicos, sociales y culturales con el 16 %, seguidos por el derecho a la vida digna y la seguridad social.

Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las regiones donde los ciudadanos más interponen acciones de tutela, mientras las entidades más requeridas a través de este instrumento son la Unidad de Víctimas, Colpensiones y la propia rama judicial.