Jorge Oñate y la riña política que pudo acabar en crimen

Según las versiones preliminares, en el 2011, el exconcejal Ovalle apoyó la candidatura de Wilson Rincón Álvarez a la Alcaldía de La Paz y no lo hizo por Nancy Zuleta, esposa del ídolo, quien aspiró a ese cargo de elección popular.

Jesús Ovalle, el hijo del cabildante asesinado, aseguró en un interrogatorio rendido ante la Policía que el cantante pidió respaldo político a su padre: “Jorge Oñate fue a la casa de mi papá a solicitarle su apoyo electoral con su esposa. Él le manifestó que ya había hecho un compromiso con otro candidato, lo que le disgustó a Oñate".

La defensa de la familia Ovalle, representada por el abogado Jaime Granados, relaciona esa disputa política del 2011 con el homicidio. El jurista asegura en diálogo con Semana.com que los “elementos materiales probatorios ya están en poder de la Fiscalía”.

A su vez, la defensa de la familia Oñate, representada por el abogado Iván Cancino, considera que esa idea “no tiene ningún sustento”. Incluso, dice que “la Fiscalía no ha podido vincular esa hipótesis”. “Es ridículo pensar que al perder una Alcaldía, una persona mande a matar a otra”, dice el abogado en entrevista con Semana.com. No obstante, el jurista se niega a responder si Oñate le solicitó a Ovalle apoyo político. “No puedo confirmarlo ni negarlo. Hace parte de la estrategia defensiva”.

Pero del crimen aún nada se sabe. La defensa de la familia Ovalle alega un tráfico de influencias por tratarse de una familia reconocida, como los Oñate. “Se trata de un entorpecimiento de la justicia por influencias locales obvias y hasta nacionales, de una persona como Jorge Oñate”, aclara el abogado Granados, quien recuerda que el primer fiscal asignado al proceso contra los autores intelectuales se declaró impedido por mantener una amistad íntima con los Oñate.

Cancino, por su parte, niega que se dé esa manipulación al proceso. “No veo cuál es el tráfico de influencias. Las autoridades de cada región tienen la facultad para mantener la independencia. Que hablen sobre un tráfico de influencias es una falta de respeto con las autoridades de Valledupar y con el señor Oñate. Es un denuncia manipulada”, dice.

Este medio tuvo acceso a la declaración del integrante de los ‘Urabeños’, detenido por extorsión, John Carlos Landero, alias ‘Curumaní’, quien aseguró que alias ‘Édwar Chía’, uno de los capturados por el homicidio, lo contactó para asesinar a Ovalle y mencionó los nombres de Jorge Luis Oñate –hijo del cantante-, Hernán Oñate y Armando Gnecco, sus otros familiares. ‘Édwar Chía’ es miembro del grupo conocido como los 'Rastrojos'.

"Hablamos personalmente. Me dijo que había una plata para hacer un trabajo para el señor Ovalle. Yo le pregunté de quién venía la orden y el señor me dijo que había un señor llamado Hernán Oñate, otro Jorge Luis Oñate y un señor ‘Mandarino’”, dice el expediente conocido por Semana.com.

Al respecto, el abogado Cancino aclara que “ningún testigo ha mencionado o ha hablado directamente con alguno de mis tres clientes”. Agrega que ‘Édwar Chía’ no ha aceptado los cargos ni la versión de ‘Curumaní’. También recuerda que el hombre no señaló al cantante Jorge Oñate, quien no tiene relación con el proceso.

Ante los señalamientos, en septiembre del 2012, Oñate le dijo al diario El Tiempo que es “inocente”. “Estoy totalmente sorprendido porque soy inocente de eso. (...) Yo no ando metido en esas cosas, yo lo que ando es cantando y divirtiendo a la gente", respondió.

Semana.com también conoció documentos que evidencian amenazas contra testigos, investigadores y autores materiales del crimen. El pasado 23 de octubre, la Sijín informó a la Unidad Nacional contra el Terrorismo sobre la posible desaparición de Fernando Rafael Arroyo, quien, según los investigadores, “se erige como importante testigo”. Cancino niega conocer a Arroyo e indica que Cesar es el “departamento donde los falsos testigos han tenido más participación”. “No tenemos ninguna relación con ese hecho”, añade.

El caso también indaga la muerte de uno de los autores materiales. Se trata de Richard Gutiérrez, asesinado el pasado 24 de diciembre. El delegado de la familia Oñate asegura que “no tiene conocimiento” sobre ese deceso.

Las amenazas, según los documentos, se han extendido a la familia de Manuel Ricardo Benavides, otro testigo. En octubre del 2012, la esposa de este advirtió sobre dichas amenazas. También, el pasado 6 de agosto, un investigador del caso formuló una denuncia penal para señalar que si ocurre algún evento en contra de su vida, será por cuenta del proceso que indaga.

El abogado Granados asegura que la defensa de la familia Ovalle busca “proteger las vidas de las personas que pueden servir como testigos”.

Por su parte, el abogado Cancino anota que investigaciones en su poder demuestran “otros móviles que pudieron haber generado ese homicidio”, y revela que pedirá la preclusión de la investigación. “Ayudaremos a las autoridades a encontrar los verdaderos culpables del asesinato”.

El proceso en contra de los supuestos autores materiales del asesinato comenzó en la Fiscalía Especializada de Valledupar. Por pedido de la defensa de las víctimas, el fiscal Eduardo Montealegre –bajo el visto bueno de la Dirección Seccional de Fiscalías- tiene pendiente trasladar el caso y reasignarlo a un nuevo fiscal. Esa espera está próxima a cumplir los tres meses.

Granados asegura que el proceso en contra de los autores intelectuales comenzó en diciembre del 2012. “Algo que la Fiscalía debió haber hecho por sí sola, lo hizo a partir de diciembre del año pasado por mi intervención”, dice. Uno de los investigadores precisa que, hasta el momento, sólo existe el número de radicado para abrir el expediente, y aclara que, por la prontitud con la que respondió el fiscal Montealegre, se decidió abrir el mencionado proceso de investigación en contra de los autores intelectuales.

Por su parte, el abogado Cancino apunta que hacia mayo del 2012 se abrió una indagación preliminar contra sus defendidos, pero sólo Armando Gnecco ha rendido interrogatorio para dar su versión. “No ha habido mayor actividad por parte de la Fiscalía porque, supongo, no han encontrado ningún vínculo que permita imputar responsabilidad ni a Jorge Luis, ni a Armando, ni a Hernán”, explicó.

Este episodio judicial enfrenta a dos reconocidos abogados y a una misma familia política poderosa en Cesar. Sólo el tiempo dirá quién tiene la razón.