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| 10/30/2017 9:08:00 PM

Ya son cinco batallas las que Robledo y sus amigos le han ganado al Gobierno

Gracias a una demanda del senador del Polo, el Consejo de Estado tumbó un concepto de la DIAN que concedía exenciones tributarias a las mineras. Estas son las otras victorias.

Jorge Robledo es de los pocos que se puede dar el lujo de haberle hecho oposición a los dos gobiernos de Álvaro Uribe y a los dos de Juan Manuel Santos. Referente del Polo, se ha visto aplastado por la aplanadora, primero la uribista, y luego la santista. Y si en el capitolio pocas veces ha salido triunfante, en las altas cortes sí que ha podido cantar victoria, como sucedió este lunes.

La demanda que interpuso junto a sus colegas del Polo, Alexander López y Germán Navas Talero, y que respaldaron la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) y los académicos Álvaro Pardo y Guillermo Rudas, provocó que el Consejo de Estado tumbara un concepto de la DIAN del año 2005, que de manera ilegal (según la demanda) le permitía a la industria de extracción minera privada descontar los pagos que hicieran por regalías de la base para liquidar el impuesto de renta. Tras la decisión, compañías trasnacionales no seguirán gozando de una exención tributaria que desde entonces se les había entregado.

Según el Estatuto Tributario, solo las empresas públicas puedan descontar los pagos de las regalías. Pese a ello la DIAN, “torciéndole el pescuezo a la ley”, en palabras de Robledo, extendió el beneficio a las empresas privadas que explotan recursos naturales no renovables, lo que significó que estas se quedaran entre 2005 y 2015 con 13,1 billones de pesos que debieron ir al Presupuesto General de la Nación.

Con esos recursos, dice el senador, se hubiera podido financiar la salud de 19 millones de colombianos o durante ocho años pagar la totalidad del presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia. 

“En nombre de una falsa confianza inversionista estos descuentos tributarios a las transnacionales de la industria extractiva le han costado mucho al país y es hora de que contribuyan lo que les corresponde a las finanzas públicas nacionales”. Robledo cuestionó a los gobiernos de Uribe y Santos por haberles permitido a las trasnacionales petroleras y mineras un beneficio que solo aplica para las empresas entidades públicas.

Para el Polo Democrático la oposición está resultando más efectiva en el palacio de Justicia que en el capitolio. Allí, su pequeña bancada de parlamentarios nada puede hacer ante las mayorías parlamentarias, por lo que sus pronunciamientos no pasan de ser un saludo a la bandera, o simples constancias que quedarán para la historia.

Plan de Desarrollo 2014

Hace un año la Corte Constitucional acogió los argumentos de los senadores Iván Cepeda y Alberto Castilla y de los representantes Alirio Uribe y Víctor Correa. Ellos demandaron varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que autorizaban actividades y proyectos de explotación minera y petrolera en los páramos.

El Plan de Desarrollo incluía una serie de disposiciones que permitían a las empresas con concesiones mineras en zonas protegidas seguir adelantando esta actividad, a pesar de la prohibición existente para explotar el subsuelo en esas áreas.

Prácticamente fueron los mismos argumentos con los que la bancada del Polo Democrático intentó frenar el Plan de Desarrollo. Los mismos que fueron desatendidos en los cuatro debates que tuvieron lugar en el Congreso, donde los polistas fueron derrotados por una abrumadora mayoría. Por eso llevaron el debate a la Corte Constitucional, allí los magistrados les darían la razón.

No es la primera vez que el Polo recurría a esta estrategia con el actual gobierno, tampoco la primera en que conquista un triunfo.

Plan de Desarrollo y Baldíos

La seguidilla de éxitos se remonta al año 2012. El senador Jorge Robledo, considerado el jefe de la bancada del Polo en el Congreso, demandó tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que abrían la posibilidad para que más de 15 millones de hectáreas de terrenos baldíos de la Nación pudieran quedar en manos de inversionistas privados.

El Plan de Desarrollo, recuerda Robledo, pretendía tumbar una ley y un precepto constitucional de que la tierra sólo se puede conceder a campesinos sin tierra. La Corte Constitucional le dio la razón al congresista en agosto del 2012.

Pero la primera gran oposición que le hizo Robledo al gobierno Santos vino por cuenta del decreto de estado de emergencia por la ola invernal que azotó al país en el segundo semestre del 2010. Robledo fue el único senador que se opuso a los más de 20 decretos firmados por el Gobierno y aunque no lo demandó, la Corte Constitucional los tumbó por su cuenta, entre otras, con argumentos similares a los del senador del Polo.

Ley Lleras 2.0

En el primer semestre del año 2012, el Congreso batió todos los récords al aprobar una ley para que entrara en plena vigencia el TLC con Estados Unidos. Fue aprobada, de forma tan acelerada, para que el presidente Barack Obama la recibiera en su visita a Cartagena, durante la Cumbre de las Américas celebrada en abril de ese año.

Esa ley incluía un polémico conjunto de artículos sobre propiedad intelectual y derechos de autor sobre el contenido publicado en internet, con disposiciones drásticas similares a las que planteaba la ley S. O. P. A. en Estados Unidos y que abrió un polémico debate en todo el mundo.

En Colombia se le bautizó Ley Lleras 2.0 (pues la impulsó el entonces ministro Germán Vargas Lleras), y Robledo la calificó “una protección desproporcionada de la propiedad intelectual en contra del derecho fundamental de la información”.

Al senador no le hicieron caso en el Congreso, por lo que recurrió a la Corte. Demandó la norma por vicios de forma y de fondo, la Corte, en el año 2013, falló a favor de su demanda. La ley se cayó.

El fuero militar

Si hubo un tema que desgastó al Congreso en el año 2012 fue la reforma constitucional para ampliar el fuero militar. Era un reclamo de la tropa, para tener mayor seguridad jurídica a la hora de combatir los grupos armados al margen de la ley, pero que tuvo múltiples críticas ante la posibilidad que conductas como los falsos positivos pasaran de la justicia ordinaria a la penal militar y, así, pudieran quedar en la impunidad.

El representante Germán Navas Talero, un viejo zorro en la letra menuda de la ley, que tenía el antecedente de haber sido el que denunció la Yidispolítica y el que destapó las irregularidades del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe, puso la lupa en todos los debates del fuero militar y encontró vicios de procedimiento con los que demandó esta reforma ante la Corte Constitucional.

Esta vez Navas Talero no estuvo solo, congresistas de otros partidos como el liberal Guillermo Rivera (hoy ministro del Interior) y Ángela Robledo del Partido Verde, presentaron la demanda. La Corte señaló que la aprobación del fuero penal militar violó el reglamento del Congreso.

A Robledo y al Polo aún le queda una batalla, la más dura quizás, una demanda contra la controvertida ley Zidres, sancionada el año pasado por el Gobierno.

Probablemente el Gobierno haya estado más pendiente de controlar los ímpetus de la oposición en el capitolio, y descuidó que en el palacio de Justicia también se jugaban sus cartas. De momento Robledo y sus amigos ya le han ganado cinco batallas al Gobierno.

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