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| 7/16/2017 8:12:00 AM

Robledo y fiscal Martínez: la batalla jurídica por el buen nombre

El fiscal Martínez y el exministro vargasllerista Luis Felipe Henao acudieron a la Justicia para defender su buen nombre de declaraciones hechas por dos precandidatos presidenciales: Jorge Robledo y Claudia López. ¿Habrá consecuencias?

El preámbulo de la campaña electoral está que arde. Emociones exaltadas, discusiones acaloradas y epítetos de todo tipo aparecen en debates, redes sociales y portales de noticias falsas. Era de esperarse: la posverdad ha marcado un inquietante deterioro de la deliberación pública. No obstante, en los últimos días Colombia ha visto que quizás los comentarios sin filtro podrían acarrear consecuencias.

Los protagonistas son dos precandidatos presidenciales: Claudia López y Jorge Robledo. Ellos están enfrentados al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao y al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, respectivamente. Estos últimos consideran que los primeros les violaron sus derechos a la honra y al buen nombre y por eso acudieron a la Justicia para que se los restituya.

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El caso Claudia López

Luis Felipe Henao, exministro y hombre de confianza de Germán Vargas Lleras, instauró una acción de tutela contra Claudia López por afirmar en el programa de Vicky Dávila en la W Radio que él era “el ministro de la corrupción defendiendo al presidente de la corrupción”; “va a decir que no y que los demás somos igual de hampones. No. No somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma elite, no somos de la misma porquería”; “a mí sí me indigna la corrupción, no como a usted que le agrada, que trabaja con ella y vive de ella”; “tras de ladrones, bufones”.

No era la primera vez que la congresista soltaba la lengua con veneno. Mientras al expresidente Álvaro Uribe lo llamó una vez “sanguijuela de alcantarilla”, no desaprovecha oportunidad de tildar al presidente Juan Manuel Santos de “corrupto”. Sin embargo, como en este caso Henao acudió a la Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón y le ordenó a la senadora retractarse en 48 horas.

La congresista inicialmente hizo el show predecible y montó un video con sus opiniones del caso. Al finalizar la semana, sin embargo, envió su rectificación a Vicky Dávila, y sostuvo que no tiene pruebas de que Henao sea corrupto, pero que su partido sí lo es. No obstante, aprovechó también para confirmar que impugnará el fallo del tribunal “por desconocer, vulnerar y no hacer ninguna ponderación de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y la garantía de inviolabilidad de la opinión del congresista”.

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Si hubiera desobedecido la orden del juez, habría incurrido en desacato, que en teoría podría llevar a un arresto de hasta seis meses y multas de hasta 20 salarios mínimos. Pero en la práctica significa pocos días en una inspección de Policía. Dado su talante, se llegó a pensar que un carcelazo de una o dos noches podía interesarle para generar un espectáculo mediático que se traduciría en votos. Sin embargo, como también demostraría un innecesario desafío a la Justicia, prefirió bajar la guardia.

Lo más curioso es que no habría significado un acto sin precedentes. En 1993 el periodista Juan Carlos Pastrana, entonces director del periódico La Prensa, decidió incumplir el fallo de un juez que lo obligaba a rectificar las informaciones publicadas sobre el párroco de Carmen de Chucurí, de quien el diario había afirmado que era un auxiliador de la guerrilla. El Tribunal de Bogotá confirmó entonces una orden de arresto. Por unos días tuvo que dormir en el DAS y el pantallazo le sirvió para presentarse como un mártir del periodismo.

El caso Jorge Robledo

El pleito entre el senador por el Polo Democrático y el fiscal general es diferente al de López y Henao. El fiscal Martínez interpuso una denuncia penal por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia, que citó a Robledo el 18 de julio a una audiencia de conciliación.

Martínez alega que el congresista afectó su buen nombre y su honra al hacer “acusaciones falsas” sobre su supuesta participación en el trámite de un crédito del Banco Agrario a Navelena por 120.000 millones de pesos, cuando su firma, Martínez Neira Abogados, asesoraba a la empresa Odebrecht.

El senador Robledo le dijo a SEMANA que irá a la audiencia en compañía de su abogado, el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez, en principio con la idea de que no tiene nada que conciliar. Insiste en que el fiscal debería declararse impedido en las investigaciones de Odebrecht, pues asesoraba a la empresa brasileña y al Grupo Aval. “Me ratifico en cada palabra. Está demostrado hasta la saciedad lo que he dicho. No tengo absolutamente nada de qué retractarme. Y además ese resulta un problema menor: estamos ante un hecho muy grave, de brutal persecución”, afirmó.

En términos legales, en relación con el punto concreto de la denuncia penal, el fiscal tiene probablemente la razón, pues él no va a ser tan torpe de instaurar una demanda que pueda perder. Por eso, Robledo no se refiere a ese punto, sino que recurre a argumentos más políticos que jurídicos y en consecuencia más impactantes. El tema de las inhabilidades de Néstor Humberto Martínez ha sido ventilado desde que era candidato a la Fiscalía, y el de la inviolabilidad de las opiniones de los parlamentarios es un debate válido y real. La denuncia penal, sin embargo, no versa sobre esos asuntos y es de anticiparse que si el proceso se va a juicio, la corte, que fue la que lo eligió, le podría dar la razón al fiscal.

Lo cierto es que es altamente improbable que el caso concluya con cárcel o multas. Independientemente de la defensa de Robledo, que dice tener todas las pruebas aportadas por el Banco Agrario, en Colombia los casos por injuria y calumnia por lo general terminan en un saludo a la bandera. Según el Código Penal, la primera es una imputación deshonrosa y la segunda es la imputación falsa de un hecho punible. Los antecedentes se remontan a mediados del siglo XX, cuando la lengua mordaz de Laureano Gómez atacaba sin tregua al liberalismo y, cansado de los atropellos, Alberto Lleras lo denunció por injuria y calumnia. Pero solo logró que pasara una noche detenido.

Más allá de si en Colombia debería haber o no mano dura para castigar los ataques al buen nombre, estas batallas ponen sobre la mesa otra discusión que pocas veces se ha dado en el país: los límites de la inviolabilidad parlamentaria. Tanto Claudia López como Jorge Robledo argumentan que los cobija el artículo 185 de la Constitución, según el cual las opiniones y los votos de los congresistas son inviolables. Pero, así como el artículo constitucional, la jurisprudencia también ha dejado espacio a múltiples lecturas.

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Para el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, la inviolabilidad parlamentaria no debería ser absoluta, sino limitarse a proteger a los congresistas de presiones por posibles consecuencias penales o disciplinarias. Es decir, que puedan ejercer sus funciones de legisladores y de control político sin temer represalias por sus votos y opiniones. Sin embargo, como explicó a SEMANA, “debe haber una interpretación armónica entre las normas. El ciudadano no debería quedar indefenso solo porque se enfrenta a un congresista. La inviolabilidad no puede significar una carta blanca para vulnerar derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la intimidad”. Es decir, que por mucha inviolabilidad parlamentaria que tenga, el congresista no tiene patente de corso para calumniar e injuriar a diestra y siniestra.

No hay duda de que cuando se trata de derecho constitucional, siempre puede haber espacio a interpretaciones. Como le dijo a SEMANA el constitucionalista Juan Manuel Charry, los casos de Luis Felipe Henao contra Claudia López y de Néstor Humberto Martínez contra Jorge Robledo se pueden enmarcar en lo que él llama “una judicialización de la política, porque los debates políticos terminan en los estrados judiciales y ponen al juez a dirimir”. Dado este fenómeno, esos casos deberían representar una oportunidad para que los magistrados de la Corte Constitucional aclaren y definan las reglas del juego. Si los dos pleitos que están ahora sobre el tapete sirven para esto, le habrán prestado un servicio al país. 

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