¿Jóvenes en escuela para delincuentes?

El manejo de los centros de rehabilitación para jóvenes delincuentes se está convirtiendo en una bomba de tiempo que ya empieza a mostrar la magnitud de lo que serán sus estragos. Cinco muertos, decenas de heridos y más 1.500 fugas en seis años es el penoso saldo que dejan los dos establecimientos, donde cumplen sus condenas 653 menores que cometieron toda clase de crímenes en el Valle del Cauca. 

Lo más preocupante es que los líos que se presentan en Cali son una radiografía de lo que ocurre en la mayoría de los 22 centros donde se rehabilitan 2.500 menores en todo el país. El tema tiene boquetes legales y tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el propio Código del Menor causaron esos vacíos. “Parecen normas hechas para angelitos, cuando en realidad están manejando criminales”, explicó Élmer Montaña, exfiscal y experto en temas de delincuencia juvenil.

Las cifras le dan la razón. De 4.000 adolescentes que atendía el sistema penal en 2007, pasaron a 29.000 en 2012. A la mayoría de estos infractores les han sido imputados delitos como homicidios, secuestros, tráfico de estupefacientes y hurtos. Así, a la permanente crisis penitenciaria de adultos que vive el país se le suma el estado del sistema de reclusión de menores. 

En la capital del Valle existen dos centros con capacidad para atender a 680 de esos jóvenes delincuentes (Valle de Lili y el Buen Pastor). Pese a las condiciones especiales de reclusión, en abril protagonizaron cuatro motines donde murieron tres adolescentes, una decena quedaron heridos y 68 se fugaron; la Policía recapturó a más de la mitad. La rebelión se originó porque endurecieron los controles para evitar el tráfico interno de drogas y armas.

El primer motín ocurrió el 16 de abril en el Buen Pastor; para evadirse iniciaron un incendio que mató a dos de los menores internos. El jueves 25 intimidaron a uno de los educadores, le quitaron las llaves, abrieron las celdas y huyeron; minutos después fueron aprehendidos. El pasado 28 de abril se repitió la fuga, pero en el centro Valle de Lili; lograron escapar 55 adolescentes y en medio de la huida uno de ellos recibió un tiro en la cabeza; aún se investiga quién lo mató.

Y el lunes 29 de abril mientras varios representantes de las autoridades locales realizaban una reunión para solucionar las fugas, tres menores se evadieron. También fueron recapturados. Sumado a lo anterior, en menos de un año dos jóvenes se suicidaron; uno se ahorcó con las sábanas de su cama y el otro se intoxicó mezclando una gaseosa con tíner.

Más absurdo es que pese a todas esas irregularidades, dichos centros continúan manejados por los mismos operadores a quienes el ICBF les paga 1.200.000 mensuales por cada menor atendido, pese a que los problemas son los mismos que se evidencian desde hace seis años cuando se les entregó la concesión. Los beneficiarios de semejante trato son la comunidad de sacerdotes Terciarios Capuchinos y la fundación Crecer en Familia, que arrancó en 2011. 

El tema de las fugas es tan común en esas instituciones, que el propio director regional del ICBF, Jhon Arley Murillo, le dijo a esta revista que “en  2008 ocurrieron como 548 evasiones y en  2012 no pasamos de 35”.

Una de las grandes críticas que se le hace al sistema penal de los adolescentes es que la seguridad y el control de esos centros recae en los educadores; a ello se suma que la infraestructura no es la adecuada. La misma norma dice que la Policía no puede permanecer dentro de esos establecimientos. De ahí que los menores se amotinen, se escapen y continúen sus carreras delincuenciales dentro de esas instalaciones. 

Además, la reciente Ley de Seguridad Ciudadana dispuso que aunque el menor haya cumplido la mayoría de edad  mientras cumple la condena, debe terminarla en esos sitios. Este punto ha sido el nuevo dolor de cabeza, ya que los delincuentes adultos están reclutando a los más pequeños y manejan a su antojo esos centros de reclusión. 

El propio director del Inpec,  general Gustavo Ricaurte, se mostró sorprendido con esa medida y manifestó estar de acuerdo con trasladar esos delincuentes a cárceles para adultos. El problema es que por más absurdo que parezca, nada se puede cambiar de un brochazo y el tema debe pasar por el Congreso. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, manifestó que liderará una cruzada para revisar el Código del Menor. “Consideramos necesario reformar la legislación a efecto de que se permita reforzar las medidas de seguridad”, dijo.

Mientras estas llegan, el cordón umbilical entre los menores delincuentes y las bandas criminales seguirá intacto. No hay nada más rentable para una oficina de sicarios que contratar los servicios de muchachos que aprendieron a burlar la ley y pagar penas flexibles en verdaderos centros de recreo. La raíz del problema está en qué tipo de rehabilitación se quiere para los jóvenes infractores, en especial para los que cometieron delitos graves: una más cercana a una cárcel tradicional u otra, más liviana, dirigida por pedagogos. Por ahora esta última es el modelo y la falta de control salta a la vista.