Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/05/04 00:00

Juan Camilo Restrepo defiende política de tierras

El ministro de agricultura se refirió a las críticas de las Farc del modelo aplicado por el presidente Santos.

Foto: Daniel Reina Romero/SEMANA

El ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo salió el sábado al paso de críticas de las guerrillas de las FARC y ratificó que tanto los insurgentes como los paramilitares despojaron o robaron tierras, un tema visto como parte de las causas del conflicto armado interno del país.

Como el tema de la propiedad de la tierra es el primero de los seis de una agenda que negocian en Cuba desde fines del año pasado delegados de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con representantes del presidente Juan Manuel Santos, la crítica del grupo rebelde y la réplica ministerial son una muestra de las dificultades de los dos lados para lograr un acuerdo y avanzar en sus diálogos de paz.

La devolución y titulación de tierras, en virtud de la llamada Ley de Víctimas en vigencia desde el 2012, "se continúa aplicando con toda determinación y sin distinguir quién fue el despojador o quién determinó el abandono forzado, puesto que tan víctimas son las que recibieron el agravio a manos de la guerrilla, como las que lo recibieron por obra de los paramilitares", dijo el ministro en una declaración divulgada por su despacho en un correo electrónico.

Lo dicho por el ministerio, al restituir el pasado 30 de abril a 13 familias 639 hectáreas en la zona de los municipios de Morroa y Ovejas, en el departamento de Sucre, al norte del país; "fue rigurosamente exacto: los victimarios fueron las FARC", añadió Restrepo.

El ministro dijo que sus afirmaciones estuvieron basadas en un fallo de un juzgado de restitución de tierras en Sincelejo, ciudad capital de Sucre y a 535 kilómetros al noroeste de Bogotá, que a su vez cita testimonios de campesinos que dijeron que salieron a comienzos de los años 90 de sus lotes por la acción y presencia del Frente 35 de las FARC en aquella región del país.

La víspera, al culminar en La Habana una octava ronda de negociaciones, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, rechazó lo dicho en la ceremonia del ministro del 30 de abril en Sucre y aseguró que eran mentiras, que la insurgencia no había despojado tierras y que con tales declaraciones no le hacía un favor al esfuerzo por la paz.

"Ningún aporte hacen a la paz, mentiras como las lanzadas en el departamento de Sucre por el ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo...endilgando a las FARC el despojo de tierras a los campesinos. Ni un solo centímetro de los Montes de María y las sabanas de Sucre y de (el vecino departamento de) Bolívar ha sido ni es propiedad de las FARC-EP", dijo Márquez al leer un comunicado.

"Señor Ministro, no sea cómplice de tanta atrocidad...El pueblo colombiano movilizado hoy por la paz no debe tolerar este tipo de procedimientos que no hacen más que sabotear los esfuerzos de reconciliación" en la mesa de diálogos de Cuba, añadió el negociador rebelde, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango.

Hasta ahora se desconoce oficialmente qué avances, si los hay, han logrado los dos bandos negociadores en el tema de tierras.

La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos dos millones de hectáreas le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas y ocupadas por terceros al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, en un año y cuatro meses de vigencia de la ley, se han recibido y están en trámite 6.285 solicitudes relacionadas con la entrega de 300.858 hectáreas de tierra en distintos puntos del país.

A nivel nacional se han restituido en ese año y cuatro meses cerca de 12.000 hectáreas, según el ministerio. El gobierno de Santos ha enfrentado algunas críticas de varias ONG por lo lento del proceso y las bajas cifras de restitución comparado con el volumen de lo que se calcula fue robado.

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