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| 12/19/2013 12:00:00 AM

El otro funcionario que tendrá que responder por ‘carrusel’

Juan Eugenio Varela Beltrán está implicado con el irregular contrato de ambulancias.

Este jueves la Fiscalía anunció que le imputará cargos al ex subsecretario de Salud de Bogotá Juan Eugenio Varela Beltrán, por estar vinculado con el ‘carrusel de contratos’.

Un fiscal de la Unidad Anticorrupción le endilgará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado, cohecho y prevaricato. Esto será el próximo 15 de enero.

Al exfuncionario se le vincula con el polémico contrato 1229 hecho el 30 de septiembre del 2009 por $67.000 millones. Este fue celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá para la prestación del servicio de ambulancias en la capital. Ese contrato terminó entregándose a dedo con la injerencia del concejal Hipólito Moreno.

Según la Fiscalía, Varela era la persona que presidía el comité de contratación, aprobaba los términos de referencia de la licitación y los informes de evaluación de las propuestas.

Habría sido además, según da cuentas el ente investigador, el que influenció al entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano Rodríguez, para que se adjudicara la licitación en favor de Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá.
 
Aceptó cargos
 
El exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, aceptó el pasado 2 de octubre ante la juez 16 penal del circuito con funciones de conocimiento que hizo parte del ‘carrusel de los contratos’. Ese día se declaró culpable por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
 
Con su determinación, de ser aprobada por un juez en enero próximo, Zambrano logrará que se le entregue una notable reducción de la pena a la hora de ser condenado. Además, el exsecretario se evitará ir a juicio y podrá conocer en unos días cuál será la condena que deberá purgar.
 
Zambrano también consiguió un principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. El beneficio frena la acción penal por esa conducta durante un año, a cambio de que el exfuncionario colabore con la justicia como testigo contra otros implicados en el escándalo y entregue pruebas que conozca frente a más hechos de corrupción. 
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