“Ahora debo defenderme de los asesinos de mi padre”

La figura del líder del asesinado nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, gravita aún en la realidad nacional a 24 años de su trágica desaparición.

Esta vez, tiene que ver con el presunto conflicto de intereses de uno de sus hijos, el senador Juan Manuel Galán, respecto de su posición para bloquear un aparte de la normativa para descongestionar las cárceles del país. Esa acción  habría perjudicado a uno de los supuestos magnicidas, el excongresista Alberto Santofimio Botero.

La historia es esta: Juan Manuel actualmente enfrenta una demanda de pérdida de investidura por su negativa a que, dentro de los planes para reducir el hacinamiento de los penales colombianos, se incluyera una prerrogativa que permitía a los presos mayores de 65 años quedar en libertad, categoría en la que está Santofimio, quien tiene más de 70 años.

El demandante, Ricardo Cifuentes, apoderado legal de Santofimio, afirma que el senador antepuso su condición personal para legislar en causa propia.

Dentro de los términos del proceso, el Consejo de Estado citó para el próximo 19 de noviembre a una audiencia pública a Galán para que tenga la posibilidad de defenderse. Antes de su audiencia, Semana.com habló con el legislador, quien manifestó su asombro ante la audiencia programada.

“No deja de sorprenderme el hecho de tener que defenderme de los asesinos de mi papá en procesos judiciales. Yo estoy muy tranquilo, a conciencia cumpliendo mi deber como legislador de denunciar un hecho indebido que se presentaba en el código penitenciario”, señaló Galán.

Igualmente manifestó que no está en contra de las medidas del Gobierno para solucionar el hacinamiento de las cárceles, sin embargo, “a las personas que han cometido delitos de lesa humanidad como Alberto Santofimio, no se les podría otorgar este beneficio”, precisó el legislador.

Por último, dejó claro que está tranquilo ante el llamado de la justicia debido a que ha actuado acorde con su labor como legislador y congresista, por lo cual está defendiendo el interés general.

El alto tribunal ya determinó la práctica de pruebas, en las que ordenó escuchar en declaración el próximo 16 de octubre a los congresistas Rubén Darío Rodríguez, Germán Navas Talero y Farid Benavides, quienes estuvieron relacionados con la aprobación del código penitenciario, así como al ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.