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| 4/10/2016 9:29:00 PM

“Vamos a necesitar más tiempo para reparar a las víctimas”

Juan Manuel Galán, presidente de la comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas, le propone al Gobierno extender la vigencia de dicha ley. Dice que no hay presupuesto para cumplir con la reparación en el 2021.

La Ley de Víctimas fue la principal apuesta del presidente Juan Manuel Santos en el primer año de su gobierno. En persona, radicó en el Congreso el proyecto con el que se propuso “saldar una deuda histórica” con las víctimas, y pretendía reparar 4,5 millones de personas afectadas directamente por el conflicto armado, una meta que se cumpliría en 10 años, pues la vigencia de esa ley se extiende hasta el 2021.

El pasado sábado, día nacional en solidaridad a las víctimas, varios representantes de esta población intervinieron en el Congreso y aunque reconocieron muchos avances de la ley, también mencionaron numerosas dificultades para acceder a los beneficios de la ley, y los riesgos en seguridad que precisamente afrontan por su condición de víctimas.

La ley de víctimas está a pocos meses de cumplir cinco años, lo que significa que llegará a la mitad de su vigencia. Al hacer un corte de cuentas de sus avances, el senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión de seguimiento a la ley de víctimas, asegura que son enormes los desafíos que le faltan a la aplicación de la ley, pero admite que será difícil que las metas se cumplan en el 2021. Por eso propone una nueva norma que extienda el término de la ley.

—¿En qué estado se encuentra la aplicación de la Ley de Víctimas? 

Hay muchos y desafíos. El principal logro es cultural. Hace cuatro años la sociedad y las instituciones miraban a las víctimas como limosneros, ha habido una gran evolución, hay mayor respeto hacia ellas y reconocimiento a su dignidad. Eso también se ha visto en las instituciones. Por ejemplo, ha habido un cambio de chip de los alcaldes que terminaron el 31 de diciembre a los que se posesionaron, estos son más conscientes de que tienen que incluir en sus planes de desarrollo el componente de las víctimas.

—¿Cuáles han sido los obstáculos que ha tenido la ley? 

El tema presupuestal es el más evidente. Con la caída de los ingresos del petróleo y con  la situación fiscal del país, los recursos son más escasos y el universo víctimas presupuestado ha aumentado exponencialmente. Hemos pasado de 4,5 millones a 7,3 millones, en buena parte por la orden de la Corte Constitucional de incluir a todos los desplazados en el registro único de víctimas. Seguimos sin avances significativos en cuanto a registros de victimas en el exterior, hoy apenas estamos en el 3 % de registro, y ellas temen que por acceder a la Ley de víctimas les despojen de sus estatus de asilo o de refugiado que tienen en los países donde residen.

—Las víctimas se quejan de no tener información para acceder a la ley…

Es otro de los retos. A esta altura ya se consolidó la estructura institucional en el ámbito central, la Unidad Nacional de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras. El compromiso de los funcionarios ha sido evidente, pero ahora hay que crear esa infraestructura en el nivel y que las víctimas encuentren respuesta.

—¿Cuál es la situación de seguridad de las víctimas?

El Estado hoy tiene un reto mayor para fortalecer la seguridad de las víctimas porque los riesgos se van a incrementar a medida que el proceso de paz culmine y entremos en la fase de posconflicto.

—Resulta paradójico que cuando más se acerca la firma de la paz con las guerrillas es cuando se incrementa la seguridad de las víctimas. ¿A qué lo atribuye?

Muchos de los que tenían esas tierras eran narcotraficantes, paramilitares, que desplazaron a sangre y fuego a sus propietarios. Enfrentarse a esas organizaciones criminales que no quieren dejarse quitar las tierras es muy complicado. No sólo se les debe expedir el título de propiedad, sino se les debe garantizar la seguridad porque si no, se repite la historia con otro nombre, Clan Úsuga, bandas criminales, que  trataran de capturar estas tierras donde los negocios ilícitos prosperan.

No se debe olvidar que el mayor cartel de despojo de tierras han sido las FARC y en la medida en que ese grupo se desmovilice y firme la paz, a muchos grupos criminales les interesarán esas tierras que tuvieron las FARC. Nos encontramos en la fase final del proceso paz y arrecian las amenazas para que las víctimas no vayan a reclamar sus tierras ni a reclamar sus derechos.

—¿Cree que se cumplirá la meta de reparar a las víctimas en el 2021?

Es realista plantear una extensión de plazo para el registro de las víctimas y pedir a la Cancillería que haga contactos con los países en los que están residiendo víctimas para que no vayan a tomar represalias en cuanto a su estatus de refugiado o emigratorio. Y también es realista pensar en que se requiere una extensión de la vigencia, especialmente por el tema presupuestal y fiscal, porque el país va a necesitar más tiempo para poder contar con los recursos de reparación a las víctimas.  

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