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| 6/4/2016 12:00:00 AM

Los magistrados intocables

La Corte Constitucional, al revivir el Consejo Superior de la Judicatura, indignó a algunos sectores y abrió de nuevo la pregunta de si se necesita una constituyente para reformar la Justicia.

El miércoles en la tarde dos noticias eclipsaron el panorama político. Mientras el Congreso aprobaba en tiempo récord el Acto Legislativo para la Paz, en el edificio del frente se estaba consolidando lo que muchos interpretaron como el golpe más duro que las altas cortes le han dado al Congreso y al gobierno en años recientes: por una decisión casi unánime, la Corte Constitucional tumbó un elemento clave de la reforma de equilibrio de poderes y revivió así el Consejo Superior de la Judicatura.

Las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar. Casi por primera vez coincidieron en una misma causa todos los sectores políticos. Se oyeron gritos sobre el “gobierno de los jueces”, se tildó a la corte de “antidemocrática” y a los magistrados de “intocables”, y no pocos afirmaron que una constituyente sería la única manera de reformar la Justicia.

El gobierno fue más prudente, pero su preocupación no fue menor. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el fallo era “lamentable”. El de Justicia, Jorge Londoño, reconoció que estaba “pasmado” con la decisión como cuando un piloto se encuentra en “un momento de pérdida situacional de la conciencia”. Ambos funcionarios dijeron que la Casa de Nariño respetaba las decisiones de las altas cortes, pero advirtieron que esta puede generar caos en la administración de Justicia. Como no se ve alternativa fácil para reformarla, no solo el Congreso sino muchos en el propio gobierno comienzan a no descartar una constituyente.

Para los magistrados, la administración de Justicia fue diseñada por la Constitución de 1991, y por lo tanto el Congreso no tiene la competencia de suprimirla o reformarla de forma tan tajante. La demanda al acto legislativo del equilibrio de poderes, interpuesta por varios abogados, sostenía que este atentaba contra la autonomía judicial y la independencia de la rama. El alto tribunal le dio la razón a esos argumentos.

Por esa decisión, a la corte se le vino encima buena parte de la opinión pública porque, al ser un tema que toca de manera tan directa al Palacio de Justicia, muchos interpretaron que los magistrados no estaban actuando como los árbitros que suelen ser, sino jugando con la camiseta de su propio equipo.

La verdad es que ese ‘exceso de poder’ que se le atribuye ahora a la Corte Constitucional siempre fue aplaudido en el pasado. Si no fuera por esa audacia y flexibilidad jurídica muchos de los fallos hito que ha tenido ese alto tribunal no se habrían dado. Este es el caso de las sentencias sobre libertades individuales (como los derechos de parejas de mismo sexo, aborto, eutanasia); las decisiones con alto impacto fiscal y las tutelas que han extendido sus efectos a situaciones generales (por ejemplo en materia de desplazamiento, cárceles, salud, etcétera).

La molestia que ha generado el fallo contra el equilibrio de poderes radica en la percepción de que la corte ha excedido sus competencias. En términos estrictamente jurídicos, la Corte Constitucional solo puede analizar las reformas constitucionales por vicios de procedimiento. Es decir, no debería estudiar el fondo, sino determinar si en el trámite en el Congreso se cometió alguna irregularidad. Para los críticos, en esta oportunidad la corte fue más allá. Pero no es la primera vez que lo hace. La teoría de la sustitución de la Carta Política fue estrenada ante la opinión pública con bombos y platillos para impedir la segunda reelección de Álvaro Uribe. En ese momento, la ley que convocaba al referendo tampoco podía ser analizada por temas de fondo, pero la corte aseguró que si este llegaba a darse, el Congreso no tendría competencia para sustituir la Constitución, pues la reelección contrariaba uno de los pilares del sistema de pesos y contrapesos.

Por otro lado, decir que el fallo de la corte sobre el equilibrio de poderes es un golpe de mano de la Justicia para encubrir su propia corrupción e ineficiencia tampoco es del todo justo. El alto tribunal no tumbó la mayoría de los componentes de la reforma que eran vitales y que sí los afectan directamente como la prohibición de la puerta giratoria, la reelección de altos cargos, el ‘yo te elijo, tú me eliges’ y, sobre todo, la Comisión de Aforados. Tampoco tumbó la eliminación de la sala disciplinaria de la Judicatura que era el organismo que tenía los carruseles de pensiones y otros escándalos. Tumbó los artículos que cambiaban la otra sala de la Judicatura, la administrativa, y la reemplazaban por un Consejo de Gobierno Judicial.

La fórmula siempre fue controvertida. Entre los magistrados hay casi un consenso de que el esquema propuesto por el gobierno y aprobado por el Congreso no funciona. Así lo dijeron el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, y la presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, en la audiencia pública convocada para el tema. En ese sentido, el fallo se veía venir porque a pesar de que esa parte de la reforma es popular en la opinión pública, entre los juristas, muchos de ellos muy respetables, no caló.

La discusión sobre ese punto desembocó en uno de los grandes agarrones que produjo el equilibrio de poderes el año pasado. La propuesta inicial era eliminar esa sala administrativa y reemplazarla por un consejo que conformarían los tres presidentes de las altas cortes. En el Congreso la iniciativa fue denunciada como una entrega de la Justicia a los magistrados, pero en las cortes tampoco gustaba pues se consideraba que les daba mucho poder a los presidentes de esas corporaciones y una responsabilidad para la cual no tenían tiempo. Finalmente, luego de un mano a mano público entre la congresista Angélica Lozano y el entonces superministro Néstor Humberto Martínez, quedó aprobada la fórmula que acaba de ser declarada inconstitucional.

Bajo la misma en adelante la administración de la Justicia quedaría en manos de un nuevo organismo llamado Consejo de Gobierno Judicial. Este tendría nueve miembros: los tres presidentes de las cortes, tres técnicos elegidos por esos presidentes, dos representantes de la rama elegidos por voto popular y un representante de los trabajadores. El gerente, elegido por todos los anteriores, tendría voz pero no voto. Todos tenían que estar elegidos para diciembre del año pasado. El proceso para llegar a ese equipo terminó siendo un viacrucis.

La Rama Judicial no estaba acostumbrada a tener elecciones internas y ese componente político generó mucha molestia. Por los empleados ganó las elecciones Marta Lía Herrera Gaviria, coordinadora de Comunicaciones de la administración judicial de Medellín, quien sacó más de 5.000 de los 17.000 votos depositados. Por los jueces y magistrados el vencedor fue Vicente Calixto de Santís, de la sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, quien sacó 824 de los más de 4.000 votos. Ambas elecciones fueron muy criticadas y posteriormente demandadas por irregularidades que podrían haberse cometido.

Algo similar pasó con la selección de los técnicos. Al final, a ese Consejo de Gobierno Judicial no llegaron los grandes sabios que podían darle rumbo a la Justicia. La baraja de esos nombres creó rivalidades pues los magistrados acusaban en privado a sus presidentes de usar esos cargos para llenar cuotas. Una puja aun peor se dio por el gerente, el funcionario con mayor poder de esa nueva entidad. Todos esos procesos de elección también fueron demandados y el Consejo de Estado impidió que se posesionaran hasta que no se definiera el proceso. Así, la ´Justicia quedó en un limbo desde enero.

La corte determinó que al crear esa filigrana el Congreso se había adjudicado una competencia que no tenía. Aclaró en un comunicado de prensa que el Congreso sí puede reformar la Justicia e incluso eliminar sus organismos, siempre y cuando respete los principios de la Constitución, básicamente la independencia judicial. Para el alto tribunal eso no pasó en el equilibrio de poderes pues “se diseñó un sistema disfuncional” en el que se incorporaron dinámicas corporativistas y gremiales que afectaron el autogobierno que debe tener la Justicia. La corte consideró que ese modelo permite a actores externos a la rama, por ejemplo el gerente, interferir con su autonomía.   

El hecho de que la sala administrativa de la Judicatura permanezca no es una catástrofe como se ha dicho. Entre otras, porque la Justicia, al manejar 2,6 billones de pesos de presupuesto y funcionarios en casi todos los municipios de Colombia, puede que sí necesite un organismo que se encargue solamente de administrarla con personal propio cuya única tarea sea esa.

La primera consecuencia del fallo de la corte tiene que ver con el punto más álgido del equilibrio de poderes: la Comisión de Aforados. Aunque en la teoría la Corte Constitucional no tocó ese punto, en la práctica se creía que podía quedar inoperante, al menos por un tiempo. La Comisión de Gobierno Judicial tenía la competencia para elegir a los magistrados que conformarían ese nuevo organismo. Sin embargo, la corte aclaró que las competencias que tendría el Consejo de Gobierno Judicial debían volver a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Así, ellos tendrían que elegir a la nueva Comisión de Aforados el próximo semestre. 

El temor se generó porque el juzgamiento a los aforados era quizás la propuesta de más peso de esa reforma. Tocaba tantos intereses que el propio fiscal Eduardo Montealegre y el entonces presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, le declararon la guerra. En ese momento se dijo que era la “segunda toma del Palacio de Justicia” y se convocaron marchas para rechazarla. 

Montealegre demandó también el equilibrio de poderes en la corte y el proceso puede salir pronto. A diferencia de la decisión de esta semana, el exfiscal sí pide tumbar la Comisión de Aforados. El fallo de esta semana revivió el temor de que la corte pueda darle la razón a Montealegre y esa, que era la piedra angular de la reforma, termine cayéndose. 

La indignación de la opinión pública por el tema de los aforados fue el principal motor del equilibrio de poderes. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes aseguraba que en la práctica la cúpula judicial gozara de total impunidad. En ese sentido, hay muchas alarmas puestas por lo que pueda pasar. 

Por otro lado, en el Congreso cursa en este momento una ley estatutaria de administración de Justicia que organizaba esa nueva estructura creada después de la reforma. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, dejó ver que lo más seguro es que el proyecto tenga que hundirse y que se reestructure frente a la decisión de la corte.

Pero más allá de esos detalles de filigrana jurídica hay una preocupación aún mayor. Y es que la Corte Constitucional, que hasta ahora había sido benévola con el gobierno, por primera vez le mostró los dientes. El alto tribunal había estado de capa caída por las crisis internas que ha vivido en los últimos años, pero en esta sentencia se mostró más unida que nunca. Tanto que el único magistrado que votó a favor fue Alejandro Linares, quien fue ternado por Santos. 

La Casa de Nariño ha sido cauta pues en manos de ese alto tribunal está casi la totalidad de la implementación de los acuerdos de paz. La primera sentencia que viene es la del plebiscito, que quizás pueda ser la más polémica decisión que se tome este año. Por un lado, la Procuraduría y la Fiscalía han pedido tumbarlo. Pero por otro, se sabe también que no es posible una firma de la paz que no pase por el pueblo. Por el Palacio de Justicia también pasará el Acto Legislativo para la Paz y todas las leyes que vengan después para desarrollar los acuerdos.

Una pelea entre la corte y la Casa de Nariño es lo que menos conviene en un momento de transición como el que vive Colombia. Hay quienes dicen que si la corte cree que el Congreso no tiene la competencia para eliminar la Judicatura, es muy probable que también considere que tampoco tiene competencia para incluir en la Constitución los acuerdos de paz con las Farc, como quedó aprobado esta semana en el Capitolio. Sin embargo, esa interpretación no tiene fundamento pues el alto tribunal ha apoyado hasta ahora todas las reformas que han tenido que ver con ese proceso, como el marco jurídico y el referendo para la paz.

El alto tribunal tendrá en los próximos meses un gran protagonismo y una gran responsabilidad. No es de extrañar que los ojos del país estén encima de ellos.

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